En el marco de la gestión operativa institucional y los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra la corrupción, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación criminal e INTERPOL (DIJIN) en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en la ciudad de Valledupar ‘Cesar’ de Vladimir Daza, Exjuez Segundo Promiscuo Municipal de Maicao ‘Guajira’, quien presuntamente cometió hechos irregulares aprovechándose de su cargo y funciones.

El proceso investigativo se originó en el mes de febrero del 2020, cuando se recibió información de posibles irregularidades cometidas por parte de esta persona que valiéndose de su cargo como funcionario público estaría cometiendo.

Mediante el desarrollo de las actividades de Policía Judicial, se evidenció que el funcionario público, presuntamente otorgaba libertades, beneficios y/o sustitución de medidas de aseguramiento a diferentes procesados, entre los cuales se encuentra la señora Nini Úsuga, hermana del principal ex cabecilla del Grupo Armado Organizado ‘Clan del Golfo’ alias ‘Otoniel’, de igual manera a un grupo de personas acusadas por narcotráfico.

Recordemos que la periodista Amalfi Rosales alertó a las autoridades sobre un cartel que vinculaban a jueces, abogados y funcionarios de la rama judicial de La Guajira quienes venían cometiendo actos de corrupción, por está razón el tribunal superior de Riohacha inició una persecución jurídica en contra de la reportera para evitar que continuarán investigado a los supuestos Magistrados que figuraba como los padrinos jurídico de Vladimir Daza a quien tildaban de «intocables».

Se logró establecer que el Juez se encontraba impedido para conocer y proferir decisiones sobre las investigaciones en relación, teniendo en cuenta que se encontraba inmerso en una causal de incompatibilidad, por factor territorial.

Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación y presentado ante un Juez de Control de Garantías, quien avaló el procedimiento de captura y se le impuso medida de aseguramiento privativa de libertad en centro de reclusión carcelaria y deberá responder por el delito de prevaricato por acción.