La Rama Judicial se pronunció frente a los señalamientos de la alcaldesa Claudia López, donde la mandataria, en la presentación de nuevos resultados contra la delincuencia, se despachó contra el órgano jurisdiccional. Dice que, mientras los jueces sigan creyendo que robar es un deporte y no un delito, no habrá seguridad. Dice que 8 de cada 10 detenidos, quedan libres.
En un comunicado los Jueces señalaron que:
“Jueces deben cumplir con los derechos humanos y la constitución”-
Como un atentado contra la independencia judicial y el principio de legalidad, la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, CORJUSTICIA, rechaza vehementemente las recientes afirmaciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández, realizadas al hacer un balance sobre la seguridad en la capital del país.
No se puede culpar a los jueces por la grave inseguridad que está viviendo Colombia, pues nosotros debemos cumplir con las normas que expide el Congreso de la República. No podemos ir en contra de la ley, pues estaríamos incurriendo en un prevaricato.
El sistema penal acusatorio que rige actualmente en Colombia tiene como una de sus principales características, la justicia rogada, en que las partes (defensa y fiscalía) presentan sus solicitudes en audiencia. El juez no puede oficiosamente afectar la libertad de los ciudadanos.
La Fiscalía, en cumplimiento del artículo 250 de la Constitución Política, es la titular de la acción penal y es ella la encargada de solicitar la realización de audiencias para efectos de la privación de la libertad de los ciudadanos.
En desarrollo de éstas en muchas ocasiones si bien imputa cargos por diferentes delitos a quienes han sido capturados por la policía, retira la solicitud de medida de aseguramiento. Esto en cumplimiento de las normas vigentes.
En otras ocasiones, los jueces de control de garantías han dejado en libertad a presuntos delincuentes, cuando se comprueba que se les han vulnerado sus derechos fundamentales. En este caso, las capturas son declaradas ilegales.
No obstante, los procesos contra estas personas continúan hasta la sentencia, la cual es condenatoria cuando existen los elementos probatorios suficientes y en este caso, también se toman decisiones sobre la libertad. O se concede la suspensión de ejecución de la pena, en cumplimiento del artículo 63 del Código Penal o si por el contrario se niega dicho subrogado y se ordena la captura, en caso de no estar privado de la libertad.
Más adelante, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad son los encargados de vigilar las penas hasta la libertad definitiva por pena cumplida. En ese interregno, la legislación permite varios subrogados o beneficios administrativos, como la prisión domiciliaria, la libertad condicional, los permisos hasta 72 horas, entre otros, de acuerdo al tiempo de cumplimiento de pena y al grado de resocialización que ha demostrado el condenado. Para ello, deben cumplir con una serie de compromisos, entre ellos no volver a delinquir, que si incumplen, les son revocados los mismos.
Es por ello que afirmar cosas, como que el sistema judicial cree que “robar es un deporte y no un delito”, que “no merece sanción” y que somos “la rama de la impunidad” no sólo no es cierto e irrespetuoso, sino que atenta contra la dignidad que representamos, además de socavar la legitimidad de las instituciones. La independencia judicial es garantía de la democracia.
La Rama Judicial permite el acceso de la justicia en condiciones de igualdad y respetando los derechos fundamentales de las partes y por ello se debe realizar el debido proceso, no sólo en la Constitución Política y en la Ley, sino en las normas de derecho internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras.
Por ello, no podemos ser jueces de bolsillo de los mandatarios locales o nacionales, porque somos el sostén del Estado Social de Derecho, donde todos los ciudadanos son iguales y merecen el cumplimiento de los derechos fundamentales.
Hace más de un año, la mandataria local había culpado también a los jueces de la inseguridad en Bogotá, por lo cual la Corporación de Jueces y Magistrados, Corjusticia le solicitó una aclaración de esas declaraciones y las pruebas que tiene para afirmar que 8 de cada 10 criminales que se capturan quedan en libertad por cuenta de la actuación de los jueces. Hasta la fecha no ha contestado.
