El Defensor del Pueblo señaló que, de acuerdo con los registros oficiales y los análisis que ha hecho la Entidad, en el país persisten graves problemáticas en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, como las críticas condiciones económicas en las que vive la mayoría de esta población y sus cuidadores, situación que se agrava en el caso de niños y personas mayores.
“En el último año nuestros esfuerzos en la Defensoría del Pueblo se han centrado en atender a las personas con discapacidad porque el COVID-19 agravó los problemas de acceso a la salud, a los programas sanitarios y a la información relacionada con estos, poniendo en peligro el derecho a la salud o aumentando las tasas de mortalidad de esta población”, afirmó este viernes el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al sumarse a la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que este año tiene como tema ‘Liderazgo y participación de las personas con discapacidad en la construcción de un mundo poscovid inclusivo, accesible y sostenible’.
“Además de la salud, las personas con discapacidad han tenido durante la pandemia significativos problemas que los afectan. Por ejemplo, en relación con la propia subsistencia y considerando el alto grado de informalidad laboral que padece un alto número de personas con discapacidad, se han visto privadas del acceso a unos mínimos apoyos financieros, a ayudas alimentarias e incluso al ejercicio de actividades que venían ejerciendo como servicios varios o las ventas ambulantes”, agregó Carlos Camargo.
También hubo menos posibilidad de acceder a la educación en línea, por las barreras que impiden contar con dispositivos de las tecnologías de la información.
“Otra de las problemáticas que padecen las personas con discapacidad es la discriminación, la persistencia de estereotipos y manejo de lenguaje inapropiado por parte de un sector de las autoridades y de la sociedad. También están las barreras físicas y actitudinales, la accesibilidad altamente restringida en los espacios y edificios públicos, la vivienda, el transporte público y la información; las dificultades para la integración al sistema educativo, al trabajo y la seguridad social, y los obstáculos en el acceso a la justicia y a los mecanismos de protección a sus derechos, entre muchos otros que, como sociedad, como país, debemos trabajar de forma conjunta para ir eliminando”, señaló el Defensor del Pueblo.
A esto se suma la falta de integración y reparación a favor de las personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, las críticas condiciones de las personas con discapacidad privadas de la libertad y la ausencia de un registro actualizado y confiable que permita la localización y caracterización de las personas con discapacidad.
La Defensoría del Pueblo seguirá trabajando para promover y defender los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad, quienes enfrentan en su cotidianidad vulneraciones, entre otras, a la atención educativa y en salud y al acceso a recursos rehabilitadores, al empleo y a la movilidad.
En el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), del Sistema Integrado de Información de la Protección Social (Sispro), se cuentan 1.540.000 personas, de las cuales el 80% refirió pertenecer a los estratos socioeconómicos uno y dos; 43.927 de ellos aseguraron no tener acceso a ningún servicio público en su vivienda y 372.882, es decir, el 24%, informaron no tener agua potable al momento del censo.
