Con miras a un posible cuarto pico de la pandemia a fin de año y evaluando la condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que destine vacunas contra el COVID-19 para esta población que vive en constante hacinamiento y riesgo para su salud”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Desde el pasado 9 de noviembre la Defensoría del Pueblo, en cabeza del defensor Camargo, inició una serie de visitas a centros transitorios de privación de la libertad y a establecimientos penitenciarios del país, en donde ha evidenciado las precarias condiciones en que vive esa población, sumado a problemas de salud, alimentación, retrasos en sus trámites, entre otros.
“Constantemente hemos realizado estas visitas y trabajado por los privados de la libertad, pero desde inicios de este mes hemos puesto el foco en estas personas. En las múltiples visitas que ha realizado la entidad se evidencia, no solamente el alto hacinamiento y lamentables condiciones en general, sino que no se han completado los esquemas de vacunación en los centros transitorios y cárceles del país”, dijo Carlos Camargo.
“Dada la situación en la que se encuentran las personas privadas de la libertad con altos niveles de hacinamiento en las estaciones de Cali, se hace necesario desarrollar brigadas de salud y fumigación, pero sobre todo urge que se programen jornadas para la vacunación de los internos, pues existe una situación de alto riesgo de contagio y de enfermedad grave y letal por el virus, máxime cuando las autoridades sanitarias advierten un cuarto pico de la pandemia”, dijo el Defensor del Pueblo.
En una visita que adelantan las delegadas de Salud y Penitenciaria y Carcelaria, con el apoyo de la Regional Valle al centro transitorio San Nicolás en Cali, se evidenciaron casos sospechosos de COVID-19, infecciones respiratorias y pacientes con tuberculosis.
La Defensoría del Pueblo reitera el llamado que se ha hecho en puestos de mando unificado para incluir biológicos específicos con destino a las personas privadas de la libertad. También les solicita a los secretarios de salud departamental para coordinar jornadas de vacunación que beneficien esta población, pues se requiere al menos contar con el 70% de las personas vacunadas y el desarrollo pruebas diagnósticas para COVID-19 a quienes ingresan a los centros de detención transitoria para evitar el contagio.
