El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, habló para el programa “Entrevistas con Alma de País” sobre las acciones que realiza dentro y fuera de Colombia y los cambios que ha tenido en este Gobierno. A continuación, un fragmento del programa.
Por Hubert Ariza
Hubert Ariza: ¿Cuál es la importante misión que cumple la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que usted dirige?
César Palomino: Venía cumpliendo dos grandes misiones: defender los intereses litigiosos de la Nación a nivel interno y defender los intereses litigiosos de la Nación a nivel internacional, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Con el Plan de Desarrollo de este gobierno, se le agregaron dos nuevas misiones. Una es la que tiene que ver con la prevención del daño antijurídico a través de la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y la otra misión, que es nueva, es defender los intereses de las entidades territoriales. Estamos muy comprometidos con la defensa de los intereses litigiosos contra los municipios y contra los departamentos.
En el marco de la Cumbre CELAC-UE, el presidente Petro le pidió perdón a las víctimas de la Unión Patriótica. Ahí la agencia cumplió un papel fundamental. ¿Cuál fue esa tarea?
A las víctimas de la UP, ante la falta de justicia a nivel interno, les tocó acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana les profirió una sentencia histórica en donde condenaba al Estado colombiano a 20 órdenes, que constituyen una red para actos de reparación. En el cumplimiento de la sentencia, que mediáticamente se conoce como ‘Sentencia de la UP contra el Estado colombiano’, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado le corresponde la coordinación de todo el cumplimiento de la sentencia. Pero hubo dos órdenes que se dieron en contra de la Agencia: una, a pagar las costas del proceso, que ya se hizo, y la otra, el acto público solemne de reconocimiento de responsabilidad y pedida de perdón. Las víctimas de la Unión Patriótica estuvieron de acuerdo y el acto se hizo en Santa Marta. Un acto muy concurrido, muy solemne, muy dignificante de las víctimas, un acto multicultural, como el Presidente lo quiso y las víctimas lo aceptaron.
¿Cuál es el cambio en la doctrina que ha tenido Colombia en este gobierno?
Antes, la posición que asumió el Estado era básicamente de defensa. En este gobierno, la actitud ha cambiado. En la mayoría de las causas, el Estado no litiga cuando ese litigio representa una revictimización de las personas. En varias ocasiones, en la Corte y en la Comisión Interamericana va en la línea de aceptar responsabilidad cuando es imposible desconocer la realidad de las violaciones de los derechos humanos. Es un cambio sustancial y la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana han ponderado ese cambio de actitud del Estado colombiano frente a las víctimas. De cada tres demandas que existen actualmente en el Sistema Interamericano, una es contra Colombia.
¿Cuáles son los campos en donde más demandan a Colombia y cuál es la estrategia?
Colombia ha sido muy demandado en los arbitrajes de inversión. Cuando ocurre una demanda de esta naturaleza, alguno de los inversionistas internacionales considera que su inversión ha tenido algún riesgo o ha sido perjudicada por tratos injustos e inequitativos. Hay más de 20 litigios de arbitraje de inversión en curso en los tribunales de arbitramento internacional, el CIADI, que funciona en Washington, y la Corte Permanente de Arbitraje, en La Haya.
¿De qué monto estamos hablando?
Montos incalculables de miles de millones de dólares, por ejemplo, solamente el caso del galeón San José que está en la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya.
¿Cuáles son las líneas rojas del proceso del galeón San José y que los colombianos deben tener bien claro? ¿Qué es lo que está en juego?
Lo que está en juego es una reclamación que hace una firma de cazatesoros que dice haber descubierto el galeón, pero que en la realidad eso nunca sucedió. Ellos reportaron en el año 1982 unas coordenadas donde supuestamente habían encontrado el galeón San José. Pero fue descubierto muchos años después, en el 2015, por una compañía en asocio con la Armada Nacional.
¿Cómo blindar estos procesos para que en el debate político no se vea afectado?
Colombia tiene una defensa absolutamente extraordinaria. Estamos muy comprometidos con la defensa del galeón por lo importante que es para la Nación, no tanto por el valor patrimonial, sino por el valor cultural que representa. La Nación puede estar segura de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado va a dar los mejores resultados.
Pero hay otros litigios. Ustedes ganaron recientemente un caso que le representaba a Colombia una suma millonaria. ¿Cómo fue eso?
Un acuerdo que hicimos con la minera Aris Mining Corporation, una empresa canadiense que tiene la concesión en las minas de Segovia (Antioquia) y Marmato (Caldas). Había planteado un litigio muy cuantioso contra el Estado porque considera que no está brindando las suficientes garantías de seguridad. Los mineros informales, la insurgencia y los grupos paramilitares se habían apoderado de la mina. Con ayuda del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Minas y Energía, logramos hacer un acuerdo histórico porque es el primero que se hace cuando ese litigio estaba en la etapa de proferir el laudo. Colombia tenía la posibilidad de pérdida en 80 % y la condena aproximadamente era de 380 millones de dólares. Logramos un acuerdo que no le costó al Estado un solo peso, pero sí hubo un gran compromiso en dos líneas: brindar seguridad al inversionista y formalizar a los mineros informales que hay alrededor de la mina.
¿Qué se hace en los casos de demandas contra los departamentos, que de por sí tienen unas finanzas débiles?
Se creó el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. ¿Qué es eso? La Nación viene siendo demandada, tanto en las entidades del orden nacional como de las entidades del orden territorial, municipios y departamentos y entidades descentralizadas. La Agencia estaba muy comprometida en la defensa de las entidades del orden nacional, pero poco o nada se hacía en la defensa de las entidades del orden territorial. Con este gobierno el énfasis cambió en el sentido de fortalecer la defensa de las entidades del orden municipal y departamental.
¿Cómo se está trabajando con los departamentos?
Tenemos un programa de fortalecimiento de la defensa jurídica, que pasó de ser reactiva para ser preventiva. Estamos haciendo mucha labor de prevención del daño antijurídico, es decir, evitar que las entidades incurran en los mismos hechos que históricamente les ocasionan demandas y pérdidas. La Agencia está por primera vez creando la política pública de prevención del daño antijurídico con un documento Conpes que estamos desarrollando con Planeación Nacional.
