La nueva administración anunció una revisión de contratos, convenios, donaciones y nombramientos del gobierno anterior. Más de 900 contratos de prestación de servicios también están bajo verificación.
Una revisión de fondo sobre el manejo de recursos públicos quedó en marcha en Prosperidad Social, luego de que la nueva administración reportara una serie de situaciones que, a su juicio, requieren ser examinadas desde los puntos de vista técnico y jurídico.
La directora de la entidad, Sandra Suárez Pérez, confirmó que fueron conformados equipos interdisciplinarios para revisar contratos, convenios y actuaciones administrativas correspondientes al gobierno anterior.
Entre los hallazgos que motivaron la revisión aparecen contratos y donaciones considerados dudosos o sin justificación clara, algunos de ellos con ejecución concentrada durante el periodo de campaña presidencial. La entidad también puso bajo la lupa nombramientos en provisionalidad y recursos cercanos a un billón de pesos vinculados a fiducias y convenios, cuya documentación y estado de legalización o cierre todavía deben ser establecidos.
Más de 900 contratos, bajo revisión
Uno de los capítulos que genera mayor atención corresponde a más de 900 contratos de prestación de servicios, cuya necesidad, según Prosperidad Social, todavía no ha sido verificada.
La entidad también revisará contratos de altos montos cuya ejecución se concentró en los meses de campaña presidencial. El objetivo será determinar si estuvieron debidamente justificados, si cumplieron con el objeto contratado y cuál fue la destinación de los recursos públicos.
A esto se suman más de una decena de nombramientos en provisionalidad sobre los cuales existen dudas relacionadas con el cumplimiento de requisitos y las normas de carrera administrativa. Estos casos, según el comunicado, fueron denunciados por el sindicato de la entidad.
La ruta del billón de pesos
Uno de los puntos más sensibles de la revisión está relacionado con cerca de un billón de pesos asociados a fiducias, convenios y otros instrumentos de ejecución.
Prosperidad Social señala que, en estos casos, no encontró inicialmente información suficiente y que existen soportes pendientes de revisión y procesos de legalización o cierre cuyo estado debe ser establecido.
La administración también está revisando la entrega de donaciones cuyos beneficiarios finales no estarían claramente identificados, especialmente las realizadas durante el primer semestre de 2026.
Denuncias e informes de organismos de control
La revisión no surgió únicamente de una decisión interna. De acuerdo con Prosperidad Social, el proceso parte de información alertada, denunciada y aportada por funcionarios y sindicatos, además de informes provenientes de organismos de control.
La nueva administración asegura que toda esa información está siendo contrastada para establecer qué ocurrió y determinar si existieron irregularidades.
“No vamos a encubrir ni minimizar ninguna alerta de corrupción o irregularidad”, afirmó Sandra Suárez, quien aseguró que los hechos que sean documentados serán puestos en conocimiento de las autoridades correspondientes.
La investigación apenas comienza
Por ahora, Prosperidad Social advierte que no existe una determinación de responsabilidad. Se trata de una etapa de verificación destinada a establecer qué ocurrió, proteger los recursos públicos y determinar si las actuaciones examinadas se ajustaron a la ley.
Si durante las auditorías se encuentran elementos con posibles consecuencias disciplinarias, fiscales, penales o administrativas, la entidad anunció que serán trasladados a los organismos de control y autoridades competentes, respetando el debido proceso.
La pregunta que queda ahora sobre la mesa es qué ocurrió con los recursos, quién tomó las decisiones y si los contratos, convenios, donaciones y nombramientos cumplieron realmente con las normas.
Prosperidad Social aseguró que los resultados de esta revisión serán informados públicamente a medida que avance el proceso.
