La mañana de este viernes será decisiva para Nicolás Petro Burgos. En una sala de audiencias de Barranquilla, un juez de control de garantías definirá si el exdiputado del Atlántico y hijo mayor del presidente de la República deberá enfrentar una medida de aseguramiento privativa de la libertad, o si continuará el proceso en libertad mientras avanza la investigación.
La diligencia marca un nuevo capítulo en el proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratación pública ocurridas durante su paso por la Asamblea Departamental del Atlántico. El caso ha cobrado especial atención no solo por la gravedad de los señalamientos, sino por el peso político y familiar que rodea al investigado.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro habría intervenido de manera indebida en la celebración y ejecución de un contrato financiado con recursos públicos, por un valor cercano a los 111 millones de pesos, destinado a programas de atención para adultos mayores. El contrato habría sido ejecutado a través de una fundación privada y, de acuerdo con el ente acusador, habría sido direccionado de forma irregular.
Por estos hechos, Petro enfrenta seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
La Fiscalía sostiene que no se trata de simples fallas administrativas, sino de conductas que, de comprobarse, configurarían un esquema de corrupción en la contratación pública departamental.
La solicitud de prisión y la respuesta de la defensa
Durante la audiencia de medida de aseguramiento, la Fiscalía solicitó que se imponga una medida privativa de la libertad, al considerar que existen riesgos para el proceso judicial y que la gravedad de los hechos justifica una decisión de ese alcance.
La defensa, en contraste, pidió que Nicolás Petro continúe el proceso en libertad. Argumentó que ha comparecido a todas las citaciones judiciales, que no representa un riesgo para la comunidad y que no existen elementos que indiquen una posible obstrucción a la justicia o intención de evadir el proceso. La Procuraduría General de la Nación respaldó esta postura, señalando que una medida de prisión preventiva no sería proporcional en esta etapa.
Un proceso que avanza en paralelo a otros
Este caso es independiente de otros procesos judiciales que enfrenta Nicolás Petro, entre ellos investigaciones por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La decisión que adopte el juez este viernes se limitará exclusivamente al expediente relacionado con contratación pública en el Atlántico.
La decisión que viene
El juez deberá valorar los argumentos de las partes y determinar si se cumplen los requisitos legales para enviar al procesado a prisión, imponer una detención domiciliaria o permitir que afronte el proceso en libertad.
Más allá de la decisión judicial, la audiencia representa un momento clave en un caso que sigue siendo observado con atención por la opinión pública, no solo por lo que está en juego en términos penales, sino por lo que simboliza en el debate sobre responsabilidad política, justicia y uso de los recursos públicos.
