Por: José Obdulio Espejo Muñoz.
«War machine» es el título de un filme de humor negro que cuestiona el rol de los militares estadounidenses en sus campañas en el Medio Oriente. Estelarizado por Brad Pitt, el filme narra las vicisitudes del general de cuatro estrellas Glen McMahon –personaje de ficción inspirado en el general del ejército de los Estados Unidos Stanley McChrystal–, quien, al haber ganado renombre por su eficaz liderazgo en Irak, es enviado a Afganistán con la misión de preparar una evaluación estratégica para que el presidente Obama ponga fin a la participación de las tropas de su país en este conflicto.
Pero McMahon no quiere irse del teatro de operaciones sin dejar huella y, entre otros elementos de la trama, se enfrasca en una serie de reuniones con líderes tribales –todos ellos aliados a la sombra de los rebeldes talibanes–, convencido de que él puede ganar esta guerra, afirmando a los locales que los soldados de Estados Unidos no deben ser percibidos como una fuerza invasora sino como amigos que luchan por su bienestar.
De alguna forma, esta película de 2017 me retrotrae a mis años de servicio cuando fui testigo del incansable esfuerzo de más de un comandante militar colombiano, quien, tras ser designado a una zona roja o de orden público, se prometió a sí mismo, a sus superiores y a los ciudadanos de la región, que durante su comando iba a acabar con las guerrillas y demás organizaciones ilegales que pululaban en la jurisdicción asignada, lo cual no ocurrió.
Hago esta analogía con profundo respeto a su gestión y entrega incondicional, pero muchos de ellos cometieron el mismo error del general McMahon.
No comprendieron que el éxito de su campaña no podía fundamentarse únicamente en el acertado uso de tropas, armas, pertrechos y demás capacidades militares, actividad que, en contados casos, combinaron con acciones de carácter social y de interacción con las comunidades de estos territorios.
Como le sucedió al ficticio general estadounidense en War Machine, muchos de ellos no supieron descifrar el cómo, el qué y los porqués en comunidades cooptadas históricamente por la criminalidad.
Quise traer a valor presente esta anécdota de mi pasado en armas de la República, cuando aún vestía orgulloso el uniforme de fatiga del Ejército Nacional, ante una serie de anuncios del presidente De la Espriella en la Escuela Militar la semana pasada y algunos exitosos resultados operacionales del gobierno de la Patria Milagro en sus primeros días, fruto de una nueva mirada para combatir a las disidencias de las Farc y demás clanes y combos criminales que tienen por santuario la ruralidad colombiana y las barriadas de ciudades y pueblos.
¡No podemos caer en triunfalismos! Cualquier estrategia político militar debe estar acompañada de un robusto paquete de oferta estatal en todos los frentes, que trascienda las promesas de campaña y los discursos veintejulieros.
En el Catatumbo, en Arauca, en el litoral Pacífico, en Nariño, en Cauca, en Chocó, en Caquetá y en Putumayo, entre otros departamentos y regiones transversalizados por la violencia, hay comunidades enteras que siempre han convivido con estructuras ilegales armadas y ven natural la cultura de la ilicitud, si no es que están constituidas por familias de rancia tradición y estirpe guerrillera.
El programa o plan que desee implementar este Gobierno, debe sortear otro escollo. Me refiero a la aplicación que han hecho especialmente las disidencias de la «guerra no violenta» o «acción estratégica no violenta». Desarrollada teóricamente por el politólogo Gene Sharp desde centros de pensamiento como el Albert Einstein Institution en Boston, Massachusetts, pregona la lucha política que aplica poder en un conflicto utilizando la resistencia civil en lugar de la violencia física.
El norte del Cauca fue el laboratorio en donde las Farc pusieron a prueba esta teoría con excelentes réditos. Dada nuestra tradición santanderista y poética, siempre buscamos un tipo jurídico o un vocablo que se acomode a la conducta y los llamamos «asonadas» e «instrumentalización» de la población civil, pero no lo dudemos, se trata de echar mano de la pacificación como táctica militar basada en la estrategia pura.
El primer incidente de esta naturaleza se registró en el cerro El Berlín, en Toribio, Cauca, el 17 de julio de 2012. Miles de indígenas nasa desalojaron a empellones a un pelotón del Ejército destacado en inmediaciones de un relevo de comunicaciones, acción de «resistencia civil» bien documentada porque al lugar fueron citados los medios de comunicación regionales. En una icónica serie fotográfica y en video –digna de un Simón Bolívar– se observa al sargento Rodrigo García Amaya llorando de impotencia mientras es cargado y desalojado a la fuerza por miembros de la guardia indígena.
Ahora sí entiende de lo que les hablo. El libreto de este tipo de acciones de «guerra no violenta» se repite al pie de la letra en los cuatro puntos cardinales del país. Ocurre en poblaciones instrumentalizadas o simpatizantes. Además, en territorios donde los soldados y policías son percibidos como parte de una «fuerza de ocupación» foránea.
No es coincidencia y parece que las estrategias de ayer y ahora no tienen en su radar esta caracterización del problema. Es serio, el esfuerzo operacional de este nuevo periodo de nuestra convulsionada historia va más allá del empleo eficaz de la máquina de guerra y de este cuatrienio.
