La reciente libertad del polémico y condenado empresario Emilio Tapia generó una ola de reacciones en redes sociales, en las que se ha señalado directamente a la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón como responsable del resultado del proceso. No obstante, un examen detallado de las decisiones judiciales permite establecer un panorama distinto, marcado por la actuación de instancias superiores y por la insistencia jurídica del propio condenado.
La libertad no fue una decisión directa de la jueza
De acuerdo con los autos judiciales conocidos por es medio, la libertad de Emilio Tapia no fue ordenada de manera directa por la jueza Claribel Fernández, sino que fue el resultado de decisiones adoptadas por el Tribunal Superior de Barranquilla, que revisó actuaciones dentro del proceso de ejecución de la pena.
La jueza no podía ignorar ni modificar lo ordenado por sus superiores. Su función fue cumplir una decisión judicial. Nada más.
Tapia no llegó a la libertad por sorpresa. Su defensa usó todas las herramientas que la ley permite a cualquier condenado. Varias decisiones iniciales le fueron adversas. Por eso acudió al Tribunal. Ahí encontró eco a algunos de sus argumentos.
El Tribunal, al resolver los recursos presentados por la defensa de Tapia, consideró que existían aspectos procesales que debían corregirse y, en consecuencia, ordenó ajustes y retrocesos en el trámite, lo que derivó jurídicamente en la recuperación de la libertad.
En este escenario, la jueza actuó como autoridad ejecutora de decisiones sujetas a control judicial, dentro de un proceso que fue objeto de revisión por una instancia superior.
La estrategia jurídica de Emilio Tapia
Un elemento central del caso ha sido la actividad constante de la defensa de Emilio Tapia quien esta condenado por corrupción, ha presentado solicitudes, recursos e incidentes buscando la aplicación de beneficios y subrogados penales, así como la revisión de actuaciones que consideraba desfavorables.
Estas actuaciones, previstas en la ley, activaron el control del Tribunal, que finalmente acogió algunos de los argumentos planteados por la defensa. En ese sentido, el desenlace del caso responde más a una estrategia jurídica persistente del condenado que a una decisión aislada de un funcionario judicial.
El papel de la jueza Claribel Fernández
La jueza Claribel Fernández intervino en el proceso en su condición de Jueza primera de Ejecución de Penas, una función que implica evaluar solicitudes, hacer seguimiento al cumplimiento de condenas y dar trámite a recursos, muchos de los cuales son posteriormente revisados por instancias superiores.
Hasta el momento: No existe pronunciamiento judicial que atribuya a la jueza favorecimiento indebido, No hay decisión que indique que actuó con interés distinto al cumplimiento de la ley, No se ha probado que su actuación tuviera como propósito beneficiar al condenado.
No existe fallo que diga que favoreció indebidamente a Tapia.
No existe prueba de interés personal.
No existe sanción disciplinaria en su contra.
Por el contrario, en decisiones anteriores ha negado beneficios y ha sido cuestionada por cumplir órdenes de instancias superiores. Varias quejas disciplinarias terminaron archivadas. Se calificaron como temerarias. No hallaron sustento.
Un punto clave pasó casi desapercibido. La Procuraduría General de la Nación no apeló la decisión. El órgano encargado de defender el interés público guardó silencio procesal.
Mientras tanto, la presión se trasladó a las redes.
En ese escenario aparece un trasfondo político. Emilio Tapia no es un condenado cualquiera. Su nombre atraviesa el escándalo de Centros Poblados. Un caso que rozó a congresistas y sacudió al poder. Entre los mencionados estuvo Armando Benedetti, quien negó cualquier relación con Tapia y aseguró que jamás se reunió con él.
La reacción en redes y la percepción pública
El alto perfil del condenado y el contexto de indignación social frente a los casos de corrupción han contribuido a una narrativa simplificada en redes sociales, donde se personaliza la responsabilidad en un solo despacho judicial, sin diferenciar entre:
Juez de ejecución, Tribunal de segunda instancia, Y la iniciativa procesal de la defensa.
Especialistas advierten que este tipo de escenarios suele generar señalamientos sin sustento, especialmente cuando se desconoce cómo operan los mecanismos de control y revisión dentro del sistema judicial.
Lo que concluyen los expertos
«La libertad de Emilio Tapia no fue el resultado de una decisión individual de la jueza Claribel Onisa Fernández Castellón, sino de un proceso de revisión judicial impulsado por la defensa del propio condenado y resuelto por el Tribunal Superior de Barranquilla».
El caso pone en evidencia cómo las estrategias jurídicas, los recursos legales y el control de instancias superiores inciden en decisiones que, aunque impopulares, hacen parte del funcionamiento ordinario de la justicia. «Ahí te dejo la verdadera intención».
«Alguien está detrás del linchamiento de la juez. El ministro Armando Benedetti es uno de más interesados en ver preso a Emilio Tapia y otros que a larga se benefician del silencio cómplice del autor intelectual de las maniobras jurídicas de Tapias, ¿ será por eso persigue a la juez?.
Explica la fuente hablando de la juez cuestionada; «Quien no acepta intromisión ni de colegas ni de políticos para tomar decisiones en derecho y como lo ordenan sus superiores . «Cabe aclararte que en las anteriores decisiones donde le ha tocado cumplir lo ordenado por los altos mandos, de las investigaciones se han iniciado por quejas temerarias han sido archivadas por no encontrar sustentos para seguir la investigación». agrego el experto consultado de la rama judicial.
Para otros juristas consultados sugieren que la Juez Claribel Fernandez debió declararse impedida por todos los cuestionamientos realizados durante el proceso contra el condenado empresario Emilio Tapia.
Sin embargo esperemos que la comisión nacional de disciplina judicial vuelta a emitir una decisión de fondo si hubo o no falta disciplinaria en esta nueva libertad de Tapia o por el contrario seria el Tribunal quien tendría que responder por esos señalamientos,
