La investigación administrativa que cursa contra los miembros e integrantes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez permanece activa y sin decisión de fondo. El expediente se encuentra actualmente bajo conocimiento de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo, luego de la aplicación formal del poder preferente por parte del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección.
El proceso se originó a partir de una serie de actuaciones de inspección, vigilancia y control desarrolladas entre los años 2021 y 2024 y corresponde al radicado 05EE2024741100000034664, identificado internamente como ID 15229270, y fue iniciado mediante el Auto No. 2167 del 3 de septiembre de 2024. en el cual no se registra imposición de sanciones ni archivo del expediente. Los cargos formulados conservan vigencia jurídica.
Los informes técnicos oficiales evidenciaron presuntas irregularidades de carácter estructural en el funcionamiento de la entidad encargada de calificar el origen y la pérdida de capacidad laboral de miles de ciudadanos en el país. Los hallazgos dieron lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio y a la formulación de 16 cargos individualizados contra directivos y médicos integrantes de la Junta Nacional.
Los documentos del Ministerio del Trabajo en poder de este medio, describen deficiencias reiteradas en la gestión documental de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Durante las visitas de inspección se identificaron expedientes sin foliar, archivos físicos sin organización, cajas completas de documentos de otras juntas regionales que no habían sido devueltas pese a contar con dictámenes en firme, así como duplicidades y vacíos en los registros digitales.
Las actuaciones también dejaron constancia de incumplimientos sistemáticos en los términos legales para la atención de usuarios. La normativa vigente establece plazos estrictos para la valoración médica y la emisión de dictámenes. Los informes oficiales reportaron citas asignadas con retrasos superiores a seis meses y un número significativo de ponencias radicadas fuera del tiempo legal. La realización de audiencias privadas se encontraba por debajo del mínimo exigido por la regulación.
En el componente administrativo y financiero, los inspectores señalaron la ausencia de pólizas de cumplimiento y calidad exigidas por ley durante varios periodos. Se documentó la operación prolongada de la entidad sin un reglamento interno actualizado, así como la autorización de capacitaciones y suspensiones de actividades a integrantes que mantenían expedientes represados. Estas situaciones fueron calificadas con posible alcance disciplinario y fiscal.
El reparto de casos entre las salas de la Junta también fue objeto de observación. Los registros evidenciaron una asignación desigual de expedientes entre las cuatro salas, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en la distribución de la carga laboral y el impacto en los tiempos de respuesta a los usuarios.
Hallazgos documentados y cargos formulados
Los documentos del Ministerio del Trabajo describen deficiencias reiteradas en la gestión documental de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Durante las inspecciones se identificaron expedientes sin foliar, archivos físicos sin organización, cajas de documentos de otras juntas regionales no devueltas pese a dictámenes en firme, así como inconsistencias en los registros digitales y ausencia de soportes completos en actas internas.
Las actuaciones también evidenciaron incumplimientos sistemáticos de los términos legales para la valoración de pacientes y la radicación de ponencias. Se documentaron citas asignadas con retrasos superiores a seis meses, dictámenes emitidos fuera del plazo legal y realización de audiencias privadas por debajo del mínimo exigido por la normativa vigente.
En el componente administrativo y financiero, los informes consignaron la ausencia de pólizas de cumplimiento y calidad exigidas por ley durante varios periodos, operación prolongada sin reglamento interno actualizado y autorización de capacitaciones a integrantes con expedientes represados. El reparto de casos entre las salas fue señalado como no equitativo, con diferencias significativas en la asignación de expedientes entre las cuatro salas.
Como resultado de estos hallazgos, el Ministerio del Trabajo formuló 16 cargos individuales contra directivos y médicos integrantes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, correspondientes a los periodos en los que se verificaron los hechos investigados.
El proceso administrativo sancionatorio fue asumido inicialmente por la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo. Los investigados presentaron descargos dentro de los términos legales. Posteriormente solicitaron que el expediente fuera remitido a la Procuraduría General de la Nación bajo la figura del poder preferente.
En febrero de 2025 el proceso fue enviado físicamente a la Procuraduría. Meses después el expediente fue devuelto al Ministerio del Trabajo para continuar con la etapa probatoria. En enero de 2026, mediante auto administrativo, el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección resolvió avocar directamente el conocimiento del caso y asignarlo a la Unidad de Investigaciones Especiales. La decisión se fundamentó en la complejidad jurídica del expediente y en el impacto social del servicio público prestado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
Desde ese momento, el proceso dejó de estar en cabeza de la Dirección Territorial de Bogotá y pasó a una instancia centralizada del Ministerio del Trabajo. No se registra a la fecha fallo sancionatorio ni decisión de archivo.
Funcionarios investigados
Dentro del expediente figuran como miembros y exmiembros investigados:
Mary Pachón Pachón, Directora Administrativa y Financiera, integrante Sala 2
Iván Alexander Ribón, miembro y exdirector, Sala 1
Víctor Hugo Trujillo, miembro y exdirector, Sala 3
Cristian Ernesto Collazos Salcedo, miembro y exdirector, Sala 4
Como médicos integrantes investigados están:
Edgar Humberto Velandia Bacca, Sala 1
Emilio Luis Vargas Pájaro, Sala 1
Carlota Antonia Rosa Ropain, Sala 2
Diana Elizabeth Cuervo Díaz, Sala 2
Lusimaco Humberto Gómez Adaim, Sala 3
Sandra Hernández Guevara, Sala 3
Adriana del Pilar Enríquez Castillo, Sala 4
Claudia Ivonne María Rangel Latorre, Sala 4
Los nombres y cargos corresponden a los periodos en los que se produjeron los hechos objeto de investigación administrativa.
Denuncias internas y advertencias institucionales
La investigación administrativa fue liderada inicialmente por la inspectora de Trabajo y Seguridad Social MARTHA LUCÍA CÓRDOBA LÓPEZ, adscrita a la Dirección Territorial de Bogotá, identificada como Inspectora R-17.
Según consta en comunicación oficial incorporada al expediente, la funcionaria dejó constancia de amenazas telefónicas recibidas de personas indeterminadas luego de la notificación del auto de apertura del proceso sancionatorio a los miembros e integrantes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.
La inspectora informó que dichas amenazas fueron puestas en conocimiento del Director Territorial de Bogotá, Jorge Amaury Gómez Ramírez, y del Coordinador del Grupo de Medicina Laboral. En el expediente no se registran medidas formales de protección o respaldo institucional derivadas de esa denuncia.
El 9 de octubre de 2025, la inspectora fue apartada del proceso por instrucción verbal del Director Territorial de Bogotá. Ese mismo día realizó la entrega física del expediente con radicado 05EE2024741100000034664. Los documentos no evidencian orden escrita previa que motive el retiro.
La funcionaria señaló que continuó actuando en un contexto de presión e incertidumbre mientras estuvo a cargo del caso.
En enero de 2026 un ciudadano externo remitió una comunicación al Viceministerio de Relaciones Laborales alertando sobre una posible caducidad o prescripción del proceso sancionatorio. La advertencia fue respondida por escrito por la inspectora apartada, quien indicó que los hechos investigados corresponden a conductas continuadas verificadas hasta septiembre de 2024. Aclaró que la actuación no se encuentra vencida en términos legales y que el proceso se dirige exclusivamente contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Negó haber suministrado información procesal a terceros.
Estado actual del expediente
Mientras que el proceso administrativo contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez continúa bajo análisis de la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio del Trabajo. El expediente se mantiene activo. No se registra imposición de sanciones ni decisión definitiva. La aplicación del poder preferente permanece vigente conforme a los autos administrativos expedidos por el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección.
Las actuaciones administrativas adelantadas confirman que el proceso no ha sido archivado ni cerrado. Los cargos formulados conservan validez jurídica. Los hechos investigados fueron calificados como conductas continuadas, circunstancia que mantiene abierta la facultad sancionatoria de la administración. El expediente se encuentra en etapa de evaluación probatoria y análisis técnico-jurídico.
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez cumple funciones públicas relacionadas con la calificación de la pérdida de capacidad laboral y la determinación del origen de contingencias. Sus decisiones inciden directamente en el reconocimiento de pensiones de invalidez, prestaciones económicas e indemnizaciones dentro del sistema de seguridad social.
Los hallazgos documentados en el expediente administrativo dan cuenta de presuntas fallas operativas, administrativas y financieras que impactan el funcionamiento del servicio. Las demoras en valoraciones, el represamiento de expedientes y las inconsistencias en la gestión documental generan efectos directos en los usuarios del sistema. Estos elementos forman parte del análisis que adelantan las autoridades competentes.
Seguimiento institucional y continuidad de la investigación
Esta investigación periodística establece que el proceso permanece en trámite y bajo observación institucional. La información disponible indica que las autoridades competentes continúan con el análisis del expediente y la evaluación de las pruebas recaudadas.
A la fecha, no existe pronunciamiento público del despacho del ministro de Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez, frente a las irregularidades documentadas en la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, las cuales, según los informes oficiales, se remontan a años anteriores y presentan continuidad en el tiempo. En ese contexto, queda planteada una pregunta de interés público:
¿tiene conocimiento el actual ministro del Trabajo del estado real de esta investigación administrativa, de las irregularidades detectadas desde 2021 y de las actuaciones adelantadas durante el actual periodo de gobierno para corregirlas y evitar riesgos de dilación o prescripción?
La tercera parte de esta investigación dará seguimiento al estado del proceso, a las actuaciones que adopten las entidades competentes y al cumplimiento de los términos legales. El monitoreo periodístico se orientará a la verificación de decisiones administrativas, eventuales sanciones o determinaciones de fondo relacionadas con el caso.
