El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley de Competencias, una iniciativa clave para implementar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) y redefinir la distribución de responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, con un énfasis central en el acceso al agua potable y el saneamiento básico como derechos fundamentales.
La radicación fue liderada por la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Helga María Rivas Ardila, acompañada por el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo.
El agua como bien común y derecho fundamental
Según explicó la ministra Rivas Ardila, el proyecto busca avanzar en la focalización territorial de los recursos y en el cierre de brechas históricas, especialmente en zonas rurales y apartadas del país. “Esta iniciativa permite entender el agua como un derecho fundamental y como el acceso a un bien común que debe ser garantizado por el Estado”, señaló.
El articulado propone fortalecer la gestión comunitaria del agua, reconociendo experiencias locales y modelos alternativos que hoy operan en cientos de municipios, muchos de ellos sin cobertura plena de servicios públicos.
Construcción técnica y concertación territorial
La propuesta legislativa es el resultado de un amplio proceso técnico e interinstitucional. De acuerdo con el Gobierno, en su formulación participaron ministerios como Interior, Hacienda, Educación y Salud, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el DANE, la Función Pública, la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) y expertos de la Misión de Descentralización.
En total, se desarrollaron más de 150 mesas técnicas, así como jornadas de socialización en ciudades como Cali, Ibagué, Bucaramanga, La Guajira y Cartagena, donde se recogieron aportes de comunidades indígenas, organizaciones sociales y autoridades locales.
Cambios estructurales en el sector
El proyecto es presentado por el Ejecutivo como una de las reformas estructurales más importantes para el sector de agua y saneamiento básico en los últimos años. Entre sus principales objetivos se destacan:
Cerrar brechas para alcanzar la cobertura universal en agua potable y saneamiento.
Reconocer otras formas de prestación y garantía del acceso al agua.
Redistribuir competencias entre la Nación, los departamentos y los municipios.
Ampliar los usos permitidos de los recursos del SGP en Agua y Saneamiento Básico.
Priorizar la asignación de recursos a entidades territoriales con mayores rezagos.
Incrementar el porcentaje de participación del sector de agua apta para consumo humano dentro del SGP.
Con la radicación del proyecto, se abre ahora un debate de alto impacto político y fiscal en el Congreso, donde alcaldes, gobernadores y distintos sectores evaluarán el alcance real de la redistribución de competencias y recursos. Para el Gobierno, la iniciativa representa un paso decisivo en el fortalecimiento de la descentralización y la autonomía territorial, una de las banderas centrales del llamado Gobierno del Cambio.
La discusión legislativa definirá si esta apuesta logra traducirse en mejoras concretas para millones de colombianos que aún carecen de acceso continuo y seguro al agua potable.
