El Gobierno nacional activó un plan de verificación en todo el territorio para garantizar la reducción efectiva de $500 por galón de gasolina motor corriente que se venda a los consumidores en las estaciones de servicio del país.
La medida, vigente desde el 1 de febrero, fue adoptada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debido al “superávit importante que ha venido creciendo en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), como resultado de la reducción de los precios internacionales”.
El Gobierno también solicitó a los distribuidores de combustibles fijar en un sitio visible los nuevos precios y aplicarlos de manera inmediata en las ventas al consumidor.
Con corte al 4 de febrero, las autoridades evidenciaron que, en promedio, en cerca de 25 ciudades principales la reducción observada es de alrededor de $300 por galón, lo que indicaría un traslado parcial del ajuste. En contraste, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existiría una justificación económica para diferir la aplicación total de la reducción, por lo que esta debería reflejarse de forma inmediata.
Ante este panorama, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el despliegue de acciones de verificación a nivel nacional, con énfasis en los territorios donde se han identificado posibles inconsistencias o se han recibido denuncias ciudadanas.
“Después de una revisión inicial y transcurridos cuatro días, hemos evidenciado que esta medida no ha sido aplicada por todos los agentes del mercado. Por eso, adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para comprobar que la reducción se refleje efectivamente en el precio final de la gasolina corriente”, afirmó la superintendente Cielo Rusinque.
La SIC informó que se priorizarán los municipios con señales de incumplimiento y se verificará la razonabilidad de los argumentos asociados a inventarios, recordando que cualquier ajuste gradual solo puede ser transitorio y no una práctica generalizada.
Finalmente, el Gobierno nacional hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer control social y reportar posibles irregularidades, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar que los beneficios de esta medida lleguen de manera efectiva y oportuna a todos los colombianos.
