Fiscalía verifica si dinero hallado en un vehículo conducido por escolta de Jaime Luis Lacouture en La Guajira salieron de Villanueva y tendrían como destino presunta compra de votos

3 Mar, 2026

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Un operativo de la Policía Nacional de Colombia dejó al descubierto el transporte de 145 millones de pesos en efectivo en el municipio de cuestecita, en el departamento de La Guajira. El dinero era movilizado en un vehículo Toyota Corolla conducido por Luis Alfredo Acuña, conocido como «el Toro» quien es escolta adscrito a la Unidad Nacional de Protección.

El procedimiento se desarrolló en un puesto de control instalado sobre este corredor vial. Durante la inspección, los uniformados verificaron un vehículo que era transportado en una grúa. Al revisar el automotor, encontraron en su interior el dinero en efectivo.

Acuña hace parte del esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture. Por su parte las autoridades encontraron el efectivo distribuido en siete sobres marcados con nombres de supuestos lideres politicos. En el automotor también fue hallado material de propaganda política del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador Colombiano.

Fueron capturadas dos personas. Otro de los detenidos sería el conductor de la grúa.

El dinero quedó bajo custodia de la Fiscalía, entidad que asumió la investigación para establecer su origen, trazabilidad y posible destinación.

Investigación sobre el origen y destinación del dinero

El nombre de la familia Lacouture vuelve al escenario público debido a que en una campaña anterior a la Alcaldía de Villanueva circuló un video que generó controversia en redes, en el que el padre del actual secretario de la Cámara, también llamado Jaime Lacouture, fue señalado en medio de acusaciones públicas relacionadas con presunta compra de votos.

Sin embargo, ese episodio no transcendió mas allá de una simple denuncia.

En el sur de La Guajira circulan versiones que señalan que el capturado sería hombre de confianza y escolta del líder Político Jaime Lacouture. Asimismo, fuentes políticas locales han mencionado que el dinero podría tener origen en el municipio de Villanueva, cuya alcaldesa es Cielo Peñaloza de Lacouture, madre del cuestionado exmagistrado del CNE.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades, el dinero estaba dividido en sobres marcados con los nombres de: Débora Barros, Beba Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R, Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez.

Por su Parte el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la captura del funcionario y anunció la apertura de una investigación interna para determinar si existieron irregularidades en el ejercicio de funciones del escolta. La entidad indicó que el vehículo en el que se movilizaba no hacía parte del parque automotor oficial.

Las autoridades deberán establecer si el transporte del dinero guarda relación con actividades electorales o si corresponde a una actuación de carácter personal. La situación jurídica del capturado será definida en audiencia ante juez de control de garantías. El proceso se encuentra en etapa preliminar.

Pronunciamientos

Tras conocerse el caso, la campaña de Daniel Restrepo emitió un comunicado en el que rechazó cualquier insinuación que la vincule con compra de votos o prácticas ilegales.

En el documento, la campaña afirmó no tener conocimiento ni participación en los hechos y señaló que tanto el dinero como el vehículo involucrado serían de carácter particular, no recursos oficiales ni de campaña.

Contexto electoral y cuestionamientos institucionales

El caso ocurre en la recta final del calendario electoral, escenario en el que los controles sobre financiación y prácticas proselitistas adquieren mayor relevancia institucional.

El hallazgo de una suma significativa de dinero en efectivo junto con material político ha generado debate público sobre los mecanismos de supervisión de los esquemas de protección y el uso adecuado de recursos humanos asignados a la seguridad de funcionarios del Estado.

Desde distintos sectores se ha insistido en la necesidad de garantizar que los recursos destinados a la protección no sean utilizados para fines distintos a su naturaleza. Las autoridades judiciales deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades individuales conforme avance el proceso.

Autor: Redacción El Espacio Noticias

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