Barranquilla, Colombia. La crisis institucional de la Universidad Metropolitana vuelve a escalar y entra en una nueva fase judicial. El Ministerio de Educación Nacional trasladó a la Fiscalía General de la Nación un conjunto de pruebas que advierten la posible comisión de delitos al interior del Consejo Directivo de la institución, en medio de un conflicto que se arrastra desde hace casi una década.
La actuación fue confirmada públicamente a través de un comunicado de la Fundación Acosta Bendek, una de las entidades fundadoras de la universidad, en el que se señala que el Ministerio compulsó copias para que se investigue a actuales directivos por presuntos hechos de corrupción, falsedad documental, fraude procesal y posibles irregularidades en la administración de recursos.
Según el documento, firmado por Ivonne Acosta Acero, vicepresidenta de la fundación, la decisión se adoptó luego de que la Subdirección de Inspección y Vigilancia analizara pruebas relacionadas con una presunta toma irregular del control de la institución, así como con la designación cuestionada del actual rector, José Borré Aguilera.
De acuerdo con la información en manos de las autoridades, personas que no habrían sido designadas legalmente por la Fundación Acosta Bendek habrían participado durante años en el Consejo Directivo, alterando su conformación, modificando mayorías internas y permitiendo la adopción de decisiones que hoy están bajo cuestionamiento jurídico.
Entre los hechos denunciados también se encuentra la presunta utilización de delegados no autorizados, la expedición de actas que habrían servido para alterar el quórum deliberatorio y la controvertida expulsión de la fundación mediante el Acta 185 del 21 de febrero de 2025, cuya legalidad ha sido cuestionada.
El caso adquiere mayor relevancia debido a que estas actuaciones habrían ocurrido pese a una decisión del Consejo de Estado del 20 de marzo de 2024, que suspendió una reforma estatutaria y ordenó restablecer la composición del Consejo Directivo conforme a los estatutos de 1995. Según lo expuesto en el traslado a la Fiscalía, las irregularidades habrían persistido incluso después de ese fallo.
Además del conflicto de gobernanza, el expediente incluye un componente financiero que podría tener profundas implicaciones penales. En declaraciones rendidas dentro de procesos judiciales y en documentación allegada a las autoridades, se advierte sobre un presunto desfalco que superaría los 40.000 millones de pesos. Estos recursos, según las denuncias, habrían sido desviados a través de empresas de papel y triangulados mediante operaciones vinculadas al Hospital Metropolitano.
El comunicado también menciona la posible comisión de delitos al interior del máximo órgano de gobierno de la universidad, así como denuncias de violencia institucional y de género en el marco de la disputa por el control administrativo.
En el mismo pronunciamiento se indica que el caso fue puesto en conocimiento de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, quien deberá determinar el curso de las investigaciones y establecer si existen responsabilidades penales individuales.
Una institución en el centro de la incertidumbre
La Universidad Metropolitana, reconocida durante décadas en la formación de profesionales en la región Caribe, enfrenta hoy uno de los momentos más complejos de su historia.
El desenlace del proceso no solo definirá eventuales responsabilidades penales, sino también el futuro de su estructura de gobierno, su estabilidad institucional y la confianza de estudiantes, docentes y egresados.
La controversia no es reciente. Desde 2016 se han venido registrando disputas internas por la composición del Consejo Directivo y el control de la institución, lo que ha derivado en procesos judiciales, decisiones administrativas y una creciente incertidumbre sobre su gobernanza.
El traslado formal del caso por parte del Ministerio de Educación abre ahora la puerta a una investigación penal que podría esclarecer si hubo una toma irregular del control de la universidad y si se cometieron delitos en la administración de una de las instituciones de educación superior más tradicionales de la región Caribe.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la Fundación Acosta Bendek expresó su confianza en que las autoridades actúen con diligencia para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y proteger el patrimonio institucional.
Entre tanto, la comunidad académica, los estudiantes y los egresados permanecen a la expectativa del rumbo que tomará una crisis que hoy pone en juego la estabilidad y credibilidad de la Universidad Metropolitana.
