La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un particular por presuntas irregularidades en un contrato destinado al suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales, cuyo valor superó los 1.000 millones de pesos. Los hechos investigados se relacionan con el contrato 059, suscrito en julio de 2014.
Según informó el ente acusador, los imputados son Jorge Luis Sampayo Herrera, exasesor financiero, y Gertrudis María Peralta Vásquez, exasesora jurídica de la Gobernación del Atlántico. Ambos fueron señalados como presuntos responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, además de falsedad ideológica en documento público.
En el mismo proceso fue vinculado el contratista Julio César Altamar Rodríguez, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación. De acuerdo con la investigación, Altamar Rodríguez representaba una fundación privada que habría sido beneficiada con el contrato, pese a no contar con la experiencia ni la idoneidad requeridas para la construcción de embarcaciones.
Los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía indican que el proceso contractual habría sido direccionado para favorecer a dicha fundación. En ese contexto, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla con información falsa, con el fin de acreditar una experiencia que no poseía y cumplir así con los requisitos habilitantes exigidos en la contratación.
El ente investigador también señaló que los dos exasesores imputados integraron el comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la propuesta presentada por la fundación, certificando que cumplía con los requisitos legales, pese a que estos no se encontraban debidamente acreditados.
Adicionalmente, la Fiscalía estableció que el contrato fue suspendido, lo que permitió que el plazo inicial de ejecución, fijado en 30 días, se extendiera de manera indefinida. Esta situación habría facilitado que la fundación contara con mayor tiempo para la elaboración y entrega de los 200 cascos para las lanchas pesqueras artesanales previstas en el contrato.
La Fiscalía reiteró que la información divulgada corresponde a hechos en etapa de investigación y que los procesados gozan de la presunción de inocencia, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, mientras se surte el proceso judicial correspondiente
