En una misión humanitaria de alta complejidad, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y el Ejército Nacional ejecutaron la evacuación aeromédica de dos civiles gravemente heridos por la activación de un artefacto explosivo improvisado (AEI) en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, territorio afectado por presencia de actores armados ilegales y riesgo permanente para la población civil.
La extracción se realizó en un helicóptero UH-60 “Ángel”, configurado para evacuación aeromédica, con tripulación entrenada en rescate, atención prehospitalaria y control de trauma. El vuelo partió desde la base militar del corregimiento de Orú, punto seguro establecido por las tropas en tierra, con aseguramiento perimetral y verificación del área para permitir el aterrizaje.
Los pacientes presentaban lesiones de consideración compatibles con onda explosiva, compromiso de tejidos blandos y riesgo vital. En cabina recibieron manejo inicial del trauma, control de hemorragias, inmovilización, oxigenoterapia y monitoreo constante durante el traslado. La evacuación aérea redujo de manera crítica los tiempos de atención, factor determinante en este tipo de emergencias.
El arribo se efectuó en la Trigésima Brigada del Ejército Nacional (BR-30), donde personal médico militar completó la estabilización clínica y activó la ruta de referencia hospitalaria. Posteriormente, los heridos fueron remitidos en ambulancias medicalizadas a un centro asistencial de alta complejidad en Cúcuta, con continuidad del cuidado y valoración especializada.
La operación se desarrolló bajo los lineamientos del Plan Estratégico de Campaña Conjunto “Ayacucho Plus”, con énfasis en protección de la vida, asistencia humanitaria, presencia institucional y respuesta inmediata ante hechos que afectan a comunidades rurales. El despliegue coordinado aire-tierra permitió actuar en un entorno de difícil acceso, con condiciones de seguridad variables y limitaciones de infraestructura vial.
Las autoridades reiteraron el rechazo al uso de AEI, recordaron la obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y señalaron el impacto de estos artefactos en campesinos, líderes comunitarios y población no combatiente. Se mantienen operaciones de control y verificación en el área para prevenir nuevos riesgos y garantizar la atención a la ciudadanía.
