La Defensoría del Pueblo ha podido constatar la difícil situación que deben enfrentar cerca de 100.000 habitantes de la zona de influencia del hospital La Misericordia en Calarcá (Quindío), por cuenta del cierre de dicha institución, ante lo cual solicitó a las autoridades tomar las medidas que permitan garantizar la atención de los usuarios.
“Desde nuestra Regional Quindío y la Delegada para el Derecho a la Salud hemos hecho seguimiento a la situación que se presenta en el hospital, luego de la renuncia masiva de sus trabajadores por la falta de pagos y la suspensión en la prestación de todos sus servicios. Todas las sedes, incluidas las rurales, y todos los servicios, incluyendo urgencias, se encuentran cerrados”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
“Por ningún motivo se puede vulnerar el derecho a la salud, por eso hacemos un llamado a todas las autoridades, en especial a la Superintendencia de Salud, para que se tomen las medidas conducentes a restablecer la garantía de este derecho”, añadió.
El fin de semana, funcionarios de la Entidad adelantaron reuniones con el gobernador de Quindío y con el personal administrativo y sanitario del hospital para conocer de primera mano la situación y avanzar en las soluciones que permitan garantizar la prestación del servicio a los habitantes de la región de la cordillera y del norte del Valle.
“Recordamos que es fundamental el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del Hospital La Misericordia, por lo que se requiere una solución de fondo frente a la situación financiera que enfrenta. Por ahora, reiteramos el llamado para la reapertura inmediata del servicio de urgencias que permita proteger la salud y la vida de los ciudadanos de esta región”, puntualizó Camargo.
