La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento público en el que manifestó una profunda preocupación frente al rumbo, las garantías y la coherencia del proceso de paz que el Gobierno adelanta con el denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructura integrada por los bloques “Jorge Suárez Briceño”, “Comandante Gentil Duarte”, “Comandante Raúl Reyes” y otras facciones disidentes.
El comunicado surge tras la reciente divulgación de información sobre presuntos vínculos entre integrantes de este grupo armado, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado en diversas regiones del país, hechos que, según el organismo de control, agravan el ya complejo panorama de la negociación y demandan un debate profundo sobre sus bases y su finalidad.
El deber del Presidente y los límites del proceso de paz
La Defensoría recordó que el Presidente de la República, como jefe de Estado, posee la facultad constitucional de garantizar el orden público en todo el territorio. Para ello puede recurrir tanto a: la acción legítima de la Fuerza Pública, como a mecanismos de paz negociada.
Sin embargo, el órgano de control subraya que esta prerrogativa no exime al mandatario de su deber de proteger a la población, en especial cuando los compromisos adquiridos en el marco del diálogo no se reflejan en hechos verificables.
Asimismo, reiteró que la facultad presidencial de suspender órdenes de captura —herramienta clave en los procesos de paz— debe aplicarse bajo estrictos protocolos y garantías, evitando que se utilice para propósitos ajenos a la construcción de paz o que derive en abusos.
El caso Anorí y las dudas sobre el cumplimiento del EMC
El comunicado retoma el episodio ocurrido en Anorí (Antioquia), en julio de 2024, cuando se produjo el traslado de integrantes del EMC que no contaban con suspensión de captura, además del transporte de armas, dinero y un menor de edad. Estos hechos, señala la Defensoría, “generaron dudas sobre el uso adecuado de las medidas adoptadas para facilitar el diálogo” y, al mismo tiempo, evidenciaron la necesidad de establecer controles más estrictos.
La entidad planteó que este tipo de situaciones afecta la credibilidad del proceso y exige medidas de verificación capaces de garantizar que los beneficios concedidos por el Estado se utilicen exclusivamente con fines de paz.
Compromisos en el papel vs. realidad en los territorios
Uno de los apartados más contundentes del pronunciamiento se refiere a la desconexión entre los compromisos firmados en la mesa y lo que ocurre en las regiones. Según la Defensoría, aunque el EMC ha realizado gestos como liberar personas secuestradas y declarar su disposición a avanzar hacia la paz, en la práctica: ha aumentado su presencia armada en varias zonas del país; persisten las dificultades para concentrar tropas en los puntos acordados; continúa el reclutamiento, incluso con justificaciones públicas; se evidencia expansión territorial y un mayor control poblacional; algunos voceros han manifestado abiertamente su rechazo a la dejación de armas.
Además, la zona de ubicación temporal, pactada en ciclos anteriores de la negociación, aún no se ha concretado. Regiones como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo presentan indicadores de expansión que contradicen los compromisos asumidos por la organización armada.
Necesidad de verificación efectiva y voluntad real de paz
En este contexto, la Defensoría afirmó que solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación, establecido en el último ciclo de negociaciones, permitirá valorar si existe un cumplimiento real de los acuerdos. Insistió en que el Estado debe exigir hechos que demuestren una auténtica voluntad de paz, especialmente una reducción medible de las afectaciones a las comunidades.
El organismo de control también hizo un llamado a fortalecer las herramientas de monitoreo y los sistemas que permiten evaluar el comportamiento de los grupos en los territorios, con criterios técnicos y humanitarios.
Revelaciones sobre presuntos nexos con funcionarios públicos
Finalmente, la Defensoría subrayó que el panorama se agrava por las revelaciones recientes sobre presuntos nexos entre integrantes del EMC, miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado. Estas denuncias fueron recogidas por medios nacionales y han generado inquietud sobre posibles relaciones informales, colaboraciones irregulares o contactos no autorizados que podrían afectar la transparencia del proceso.
Aunque no señala responsables específicos, la Defensoría advierte que estos hechos deben analizarse con “máxima seriedad”, pues comprometen el deber del Estado de actuar con imparcialidad, legalidad y protección de la ciudadanía.
Un llamado a replantear el rumbo
El pronunciamiento concluye invitando al Gobierno, a las instituciones de control y a la sociedad a reflexionar sobre las bases reales del proceso de paz con el EMC, la autenticidad de sus compromisos y los riesgos que enfrentan las comunidades en los territorios donde opera esta organización. La entidad insiste en que toda negociación debe garantizar: la seguridad de la población, la integridad institucional, y una verificación rigurosa de los compromisos.
El mensaje final es claro: la paz es posible, pero requiere transparencia, control, voluntad verificable y una estrategia integral que no deje espacio para ambigüedades ni para la instrumentalización del proceso por parte de actores armados o funcionarios estatales.
