El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República confirmó la salida de 12 funcionarios que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, en una decisión que la entidad calificó como un ajuste administrativo dentro de sus competencias legales y que, según aclaró, no afecta a servidores de carrera administrativa.
De acuerdo con la información oficial, las desvinculaciones se realizaron mediante la figura de insubsistencia y fueron notificadas de manera individual. El Dapre precisó que los funcionarios salientes no habían ingresado por concurso de méritos y que sus cargos, por su naturaleza, no cuentan con estabilidad laboral reforzada.
Alcance de la decisión
La entidad explicó que los cambios obedecen a la facultad discrecional que tienen los directivos para conformar equipos de confianza, especialmente cuando se presentan modificaciones en la dirección administrativa. En ese sentido, reiteró que no se trató de despidos masivos ni de una reestructuración que afecte el funcionamiento misional del despacho presidencial.
Sin embargo, versiones conocidas en medios de comunicación y fuentes internas señalan que el número de funcionarios desvinculados podría ser mayor al informado oficialmente, lo que ha generado inquietudes sobre el alcance real de los movimientos de personal dentro de la entidad.
Las salidas se producen a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, norma que restringe la contratación estatal y algunos movimientos administrativos durante el periodo preelectoral. Aunque el Dapre sostuvo que las decisiones se ajustan plenamente al marco legal, la coincidencia temporal ha avivado el debate público y político sobre la oportunidad de estos cambios.
Desde distintos sectores se ha señalado que, si bien los cargos de libre nombramiento permiten la remoción discrecional, las decisiones administrativas en este contexto deben observar criterios de prudencia institucional, con el fin de evitar interpretaciones políticas o cuestionamientos sobre eventuales afectaciones a la transparencia.
Algunos de los funcionarios desvinculados y organizaciones sindicales han manifestado inconformidad con la forma y el momento en que se produjeron las notificaciones, señalando que hubo falta de comunicación previa. Otros analistas, por su parte, recuerdan que la legislación vigente respalda este tipo de decisiones cuando se trata de cargos de confianza.
Por ahora, el Dapre insiste en que los ajustes no vulneran derechos laborales y que la entidad continuará operando con normalidad, mientras el tema sigue generando debate sobre los límites entre la discrecionalidad administrativa y la estabilidad institucional en periodos políticamente sensibles.
