Prohibición de visados, acusaciones de censura y choque por la soberanía digital
La relación transatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea atraviesa uno de sus momentos más tensos en años, luego de que Washington impusiera prohibiciones de visado a cinco ciudadanos europeos, entre ellos Thierry Breton, excomisario europeo y uno de los arquitectos de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La decisión, adoptada oficialmente el martes 24 de diciembre y ampliamente rechazada el 26 de diciembre de 2025, desató una ola de condenas diplomáticas por parte de Francia, Alemania, España, el Reino Unido y altos funcionarios de la UE.
El gobierno estadounidense justificó la medida alegando que los sancionados habrían presionado a plataformas tecnológicas estadounidenses para “censurar” contenidos protegidos por la libertad de expresión, una acusación que Bruselas considera infundada, hostil y sin precedentes entre aliados históricos .
Una sanción inédita entre aliados
Nunca antes Estados Unidos había utilizado restricciones migratorias como mecanismo de presión política directa contra altos exfuncionarios europeos por decisiones regulatorias adoptadas democráticamente dentro de la UE. Para los líderes europeos, la medida constituye una injerencia directa en la soberanía normativa del bloque y un intento de intimidación contra quienes impulsan regulaciones que afectan a las grandes tecnológicas estadounidenses.
El presidente francés Emmanuel Macron fue uno de los primeros en reaccionar, calificando la prohibición de visados como “un acto de coerción política inaceptable” y advirtiendo que Europa no renunciará a su autonomía digital. Alemania y España se sumaron a la condena, subrayando que la DSA no busca censurar opiniones, sino garantizar entornos digitales seguros, transparentes y respetuosos de la ley .
¿Qué hay detrás del conflicto?
El centro del conflicto es la Ley de Servicios Digitales (DSA), una de las normas más ambiciosas del mundo para regular plataformas como Meta, X, Google o TikTok. La ley obliga a estas empresas a:
- Combatir contenido ilegal
- Actuar contra campañas de desinformación
- Proteger derechos fundamentales
- Ser transparentes con sus algoritmos
Washington sostiene que estas obligaciones podrían afectar contenidos generados por ciudadanos estadounidenses, lo que, según la administración, supone una forma de censura extraterritorial. La UE rechaza tajantemente ese argumento y recuerda que la DSA solo se aplica dentro del territorio europeo y fue aprobada por los órganos legislativos del bloque.
Riesgo de escalada diplomática
Expertos en relaciones internacionales advierten que esta disputa podría tener efectos colaterales en:
- Negociaciones comerciales digitales
- Cooperación tecnológica y de ciberseguridad
- Coordinación frente a amenazas como Rusia y China
Aunque ambas partes evitan hablar de represalias directas, Bruselas ya estudia respuestas diplomáticas y jurídicas, mientras crece el debate global sobre quién debe regular el espacio digital y bajo qué principios democráticos.
Esta crisis deja al descubierto una fractura profunda: dos visiones opuestas sobre libertad de expresión, regulación tecnológica y poder corporativo, enfrentadas ahora en el escenario internacional.
