- La iniciativa, liderada por el ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco y las parlamentarias Clara López, María del Mar Pizarro y Catherine Juvinao, busca blindar los derechos de los ciudadanos que reporten presuntos actos de corrupción, creando un sistema integral de protección.
En un hecho trascendental para la lucha contra la corrupción en Colombia, fue socializado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 476 de 2025, mediante el cual se adoptan medidas de protección para personas naturales que reporten o denuncien presuntos actos y/o hechos de corrupción.
La iniciativa, conocida como “Ley Jorge Pizano», tiene como objetivo establecer normas, procedimientos y mecanismos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los denunciantes, evitando retaliaciones que pongan en riesgo su seguridad física, estabilidad laboral, económica o psicosocial, así como la de sus familias.
Entre sus principales disposiciones se destacan:
- La creación del Sistema Unificado de Protección a Reportantes / Denunciantes de Actos de Corrupción (SUPRAC), coordinado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, con vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
- Medidas provisionales de emergencia para los denunciantes, como reubicación temporal y apoyo económico entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales.
- Fondo para la protección y reparación de denunciantes y afectados por actos de corrupción.
- Ámbito de aplicación para personas naturales, tanto particulares como servidores públicos, en riesgo por denunciar hechos de corrupción.
El proyecto cuenta con concepto favorable del Consejo Superior de Política Criminal, análisis fiscal del Ministerio de Hacienda, y ha sido socializado en foros ciudadanos. Además, fue aprobado en primer y segundo debate en la legislatura anterior, lo que evidencia su respaldo político.
El ministro de Justicia y del Derecho, Andrés Idárraga Franco, quien participó en la elaboración y orientación técnica del documento, agradeció a la senadora Clara López y las representantes a la Cámara, María del Mar Pizarro y Catherine Juvinao por el trabajo adelantado entorno a la materialización de esta iniciativa.
El alto funcionario también destacó: “Esta iniciativa es una herramienta fundamental en la lucha contra el miedo que promueven los corruptos en los territorios». Igualmente, indicó: “Esperamos que este proyecto de ley tenga de nuevo acogida en la Cámara de Representantes y posteriormente en el Senado, y así podamos lograr, no solamente la protección de los trabajadores que denuncien a sus jefes por presuntos actos de corrupción, sino también tener una serie de sistemas de protección para ellos».
Esta iniciativa se fundamenta en estándares internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y toma como referencia experiencias exitosas en otros países que han logrado reducir la impunidad mediante sistemas robustos de protección.
Con este proyecto, Colombia reafirma su compromiso con la transparencia y la protección de quienes, con valentía, contribuyen a erradicar la corrupción.
