Washington,
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este lunes el informe “Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, un documento que examina cómo la persistencia del conflicto armado, las economías ilícitas, la desigualdad y la exclusión continúan afectando de manera profunda el goce efectivo de los derechos humanos en el país.
El informe es el resultado de una visita in loco realizada entre el 15 y el 19 de abril de 2024 y analiza tanto los impactos de la violencia como las respuestas estatales frente a este fenómeno. Como conclusión, la CIDH formula 57 recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, entre ellas la implementación plena del Acuerdo de Paz de 2016, el fortalecimiento del acceso a la justicia y la adopción de políticas orientadas a reducir la pobreza y las brechas estructurales.
Violencia armada, economías ilícitas y debilidad institucional
El documento señala que la persistencia del conflicto armado y la expansión de actores armados no estatales —incluidos grupos criminales vinculados a economías ilícitas— siguen generando graves afectaciones en distintos territorios del país. La CIDH identifica impactos relacionados con homicidios, masacres, violencias basadas en género, reclutamiento forzado, desplazamiento, confinamiento y control territorial.
Asimismo, el informe examina la violencia institucional, entendida como una manifestación estructural de discriminación y desigualdad derivada tanto de acciones como de omisiones del Estado. En este punto, se destacan las barreras de acceso a la justicia, los altos niveles de impunidad y las dificultades adicionales que enfrentan comunidades en territorios históricamente marginados.
Impactos diferenciados sobre poblaciones vulnerables
La CIDH subraya que la violencia y la pobreza no afectan de manera homogénea a la población. El informe documenta impactos desproporcionados sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, mujeres, personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y víctimas de desplazamiento forzado.
Según la Comisión, estas afectaciones están estrechamente vinculadas a desigualdades históricas y a patrones de discriminación estructural que persisten en Colombia.
Crisis carcelaria y obstáculos para la justicia
El informe también aborda la crisis estructural del sistema penitenciario, señalando la necesidad de reformas profundas con enfoques territorial, interseccional y de derechos humanos. De igual forma, advierte sobre las limitaciones persistentes en el acceso a la justicia, particularmente en zonas rurales y en comunidades étnicas, donde la presencia institucional es débil o inexistente.
Evaluación de las políticas de paz
En su análisis, la CIDH examina las políticas públicas de paz impulsadas desde la Constitución de 1991 y profundizadas con el Acuerdo de Paz de 2016. El informe reconoce avances, pero también identifica limitaciones en la implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, la Reforma Rural Integral, la participación política y las garantías para las víctimas.
Asimismo, se evalúa el desarrollo de la política de Paz Total, señalando desafíos pendientes para consolidar una paz estable, inclusiva y sostenible, con enfoques territorial, étnico, diferencial y de género.
Un orden social marcado por el miedo
Como conclusión, la CIDH advierte que la prolongación del conflicto armado ha configurado en varios territorios un orden social violento, donde las relaciones sociales se estructuran en torno al miedo, la coerción y la exclusión. La Comisión destaca que la ausencia histórica del Estado permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales, afectando la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos de comunidades enteras.
Aunque el informe reconoce un cambio de enfoque del Estado colombiano hacia una política de seguridad humana basada en derechos y dignidad, también señala que persisten obstáculos estructurales que dificultan el cumplimiento integral de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Finalmente, la CIDH reiteró su disposición de acompañar al Estado colombiano en la implementación de las recomendaciones formuladas y en los esfuerzos para enfrentar la violencia y las desigualdades estructurales que siguen marcando la realidad del país.
