La Fiscalía General de la Nación judicializó a 12 presuntos integrantes del grupo delincuencial autodenominado ‘Los Toyotas’, señalado de suplantar a estructuras armadas ilegales para cometer robos, secuestros y extorsiones en zonas rurales de Meta y Cundinamarca, una modalidad criminal que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en el campo colombiano.
De acuerdo con el ente acusador, esta organización se hacía pasar por miembros de la llamada Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las extintas Farc, para ingresar de manera violenta a fincas, someter a sus ocupantes y despojarlos de dinero, joyas y vehículos de alta gama. Los hechos investigados se habrían registrado en al menos nueve municipios, entre ellos San Carlos de Guaroa, Puerto López, Acacías, Granada, Fuente de Oro, Cubarral, Castilla La Nueva y Villavicencio, en el departamento del Meta, así como en Medina, Cundinamarca.
El modus operandi: intimidación armada y control de las víctimas
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, los integrantes de ‘Los Toyotas’ cumplían roles específicos dentro de la estructura criminal. Una vez identificadas las fincas, ingresaban armados, intimidaban a los habitantes y los retenían mientras exigían transferencias de dinero, además de apoderarse de objetos de valor y camionetas, utilizadas posteriormente para su comercialización ilega.
Las autoridades establecieron que algunos de los vehículos hurtados eran vendidos a otras estructuras armadas ilegales, mientras que otros eran desguazados en talleres clandestinos ubicados en distintos sectores de Villavicencio, lo que evidencia una cadena delictiva organizada que iba más allá del robo inicial.
Capturas y judicialización
La operación que permitió la captura de los 12 presuntos integrantes fue desarrollada de manera conjunta entre la Fiscalía y unidades del Gaula de la Policía Nacional. Los capturados fueron identificados como Álvaro Rojas Pinzón; Efrén y Edwin Sebastián Quintero Poloche; Óscar Daniel Subides Zea; Jair Isaacs Sánchez; James Camilo Hurtado Quintero; Carlos Eduardo Ávila Meche; Andrés Felipe Navarro Tovar; Jazly Julieth Silva Ruiz; Gelver Arlex Mosquera Amaya; Pedro Antonio Moyetón Rodríguez, y Juan Carlos López Lozano.
A estas personas les fueron imputados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y extorsión. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y todos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
El caso de ‘Los Toyotas’ se inscribe en un contexto más amplio de criminalidad en zonas rurales, donde bandas delincuenciales aprovechan la persistente presencia de actores armados ilegales para generar miedo, suplantar identidades y cometer delitos de alto impacto económico y social. La utilización del nombre de disidencias de las Farc no solo busca intimidar a las víctimas, sino también dificultar la denuncia y confundir a las autoridades.
Expertos en seguridad han advertido que este tipo de prácticas profundizan la sensación de abandono estatal en el campo y afectan directamente a campesinos, ganaderos y pequeños productores, quienes se convierten en blancos recurrentes de estructuras criminales que operan con altos niveles de violencia.
Presunción de inocencia
La Fiscalía reiteró que la información divulgada corresponde a hechos objetivos dentro de una investigación penal en curso y que los procesados se presumen inocentes hasta que exista una decisión judicial en firme, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.
El avance de este proceso será clave para determinar el alcance real de la organización, sus posibles vínculos con otras redes criminales y el impacto que tuvo en la seguridad de las regiones afectadas.
