Mientras el Gobierno nacional promete priorizar la salud mental, en La Guajira la atención a los más vulnerables se mueve entre la improvisación, el abandono institucional y contratos que despiertan serias sospechas.
En La Guajira, la salud mental se ha convertido en un terreno fértil para el silencio administrativo, las habilitaciones exprés y la ausencia total de vigilancia. Documentos oficiales, denuncias ciudadanas y verificaciones en terreno advierten que la IPS Transcender Salud IPS S.A.S. supuestamente habilitada por la secretaria de salud departamental, estaría a punto de recibir más de 6.800 millones de pesos para ejecutar un proyecto de atención en salud mental, pese a no cumplir los requisitos mínimos exigidos por la ley y según denuncias verificadas, no funciona como IPS y no cuenta con infraestructura clínica real.
Una IPS que no existe?
Sin embargo, la realidad dista radicalmente de lo que dicen los papeles.
Al acudir a la dirección registrada en el REPS zona rural de Riohacha, se constató que el lugar no opera como IPS. En el sitio no hay hospitalización, ni consultorios, ni personal clínico, ni condiciones mínimas para atención psiquiátrica.
Quien atendió la visita fue la cuidadora del predio, quien aseguró que el lugar es un centro recreacional, no una institución de salud mental y que nunca ha funcionado como IPS.
No hay señalización sanitaria, no existen rutas de evacuación, no se observan instalaciones clínicas ni condiciones de bioseguridad. La IPS, en términos prácticos, es una institución fantasma.
Lo que dicen los registros
Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud del Ministerio de Salud, la IPS TRANSCENDER SALUD IPS S.A.S. aparece habilitada en Riohacha con hospitalización en salud mental, psiquiatría, psicología y hasta 30 camas disponibles.
Las preguntas es inevitables:
¿Dónde piensan atender a los pacientes? ¿Quién autorizó una habilitación inexistente? ¿Quién se beneficia de estos contratos?
No obstante, al verificar la dirección registrada oficialmente, no se evidenció la operación de una IPS. En el sitio funciona un centro recreacional, sin infraestructura clínica, personal médico ni condiciones mínimas para la atención en salud mental, según lo constatado durante la visita.
Lo más asombroso de este caso es que hace más de seis meses advertimos formalmente a la Secretaría de Salud Departamental de La Guajira sobre esta situación.
La alerta fue ignorada. No hubo visitas técnicas, no hubo medidas preventivas y no hubo respuestas. Hoy, seis meses después, el lugar sigue exactamente igual.
Paralelamente, en la Superintendencia Nacional de Salud reposa quejas de usuarios que advierten sobre la presunta habilitación irregular de esta institución.
El caso no parece aislado. En La Guajira ya existen antecedentes de IPS de esta categoría cerradas por condiciones indignas que, pese a resoluciones oficiales, continuaron figurando habilitadas en los sistemas. El resultado ha sido el mismo: servicios deficientes, pacientes desprotegidos y recursos públicos sin control efectivo.
Este patrón refuerza las denuncias sobre fallas estructurales en la inspección, vigilancia y control del sistema de salud en el departamento.
El caso la IPS Vital Salud, IPS que fue objeto de una resolución de cierre en 2018 por graves deficiencias estructurales y sanitarias. A pesar de ello, la institución continuó figurando habilitada en registros oficiales, incluso con servicios que no podían operar legalmente en el departamento.
Este antecedente refuerza las denuncias sobre fallas estructurales en el control y vigilancia del sistema de habilitación en La Guajira.
Intereses, silencios y responsabilidades
Denuncias ciudadanas mencionan la posible existencia de intereses políticos y redes de intermediación en la contratación de servicios de salud mental. Estas versiones deberán ser verificadas por los entes competentes, pero coinciden con testimonios de operadores que aseguran haber sido desplazados pese a prestar servicios adecuados.
Más allá de los nombres, el foco está en las decisiones o en la falta de ellas, de las autoridades encargadas de proteger a la población más vulnerable.
Mientras el Gobierno nacional insiste en priorizar la salud mental, en La Guajira la promesa no llega a los pacientes. Lo que llega son papeles, habilitaciones sin sustento y contratos en camino.
Este no es solo un caso administrativo. Es una alerta pública.
Una alerta pública
De confirmarse estos hechos, podrían existir posibles fallas en los procesos de habilitación, inspección y vigilancia, así como eventuales responsabilidades administrativas que deberán ser evaluadas por los entes de control.
Este caso constituye una alerta temprana sobre la necesidad de verificar, de manera inmediata, que los servicios de salud mental ofertados en La Guajira existan y funcionen realmente, antes de comprometer recursos públicos y exponer a la población con estas condiciones medicas.
