La esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago García fue interceptada por hombres armados cuando regresaba de realizar actividad física. El mandatario asegura que su familia había recibido amenazas y que existían denuncias ante la Fiscalía. El Gobierno activó un plan candado para impedir una eventual salida de los secuestradores hacia Venezuela.
La situación de orden público en La Guajira vuelve a encender las alarmas nacionales. El secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez, gestora social del municipio de Uribia y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago García, ocurrido este miércoles 11 de noviembre, puso nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de esta zona del norte del departamento, donde los secuestros y las disputas por el control territorial mantienen en alerta a las comunidades.
El hecho se registró aproximadamente a las 6:10 de la mañana, cuando Nancy Gómez regresaba de realizar actividad física. Según el relato entregado por el propio alcalde a medios de comunicación, varios hombres armados la interceptaron cerca de su vivienda y la obligaron a subir a una camioneta blanca.
El mandatario explicó que los responsables se movilizaban en un vehículo tipo Toyota, conocido como Copetrana, y que habrían participado cuatro hombres armados, algunos con fusiles y otros con armas cortas.
La mujer habría intentado resistirse, pero fue sometida por los individuos, quienes huyeron con rumbo desconocido.
Desde ese momento se desconoce su paradero.
Las amenazas que habían recibido
Uno de los aspectos más delicados de este caso son las advertencias que, según el alcalde, su familia había recibido antes del secuestro.
En declaraciones a medios de comunicación, Jaime Luis Buitrago manifestó que tanto él como su esposa y otros integrantes de su familia habían sido objeto de intimidaciones.
Según su testimonio, recibieron mensajes en los que se advertía que Nancy o incluso sus hijos podrían convertirse en víctimas de nuevas acciones criminales.
El alcalde aseguró que existían denuncias ante la Fiscalía por estas amenazas y cuestionó que, pese a las advertencias, su familia no hubiera contado con las garantías de protección que consideraba necesarias.
Este antecedente abre una línea de investigación fundamental: establecer si el secuestro fue una acción previamente anunciada, si estuvo relacionado con las actividades institucionales de la gestora social o si responde a intereses de organizaciones criminales que operan en la región.
También será necesario determinar qué seguimiento dieron las autoridades a las denuncias anteriores y qué medidas de protección se adoptaron.
El ELN aparece en las primeras hipótesis
El presidente Abelardo De la Espriella confirmó públicamente el secuestro y anunció el despliegue de todas las capacidades de la Fuerza Pública.
El mandatario señaló que las primeras informaciones apuntaban a una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque precisó que esa hipótesis se encontraba en proceso de verificación.
Ante la ubicación estratégica de Uribia y su cercanía con la frontera venezolana, el Gobierno ordenó activar un plan candado para impedir que los responsables puedan trasladar a Nancy Gómez hacia territorio venezolano.
La operación contempla la articulación de las autoridades militares y policiales, así como el fortalecimiento de los controles en los corredores estratégicos.
Por ahora, no existe una confirmación judicial definitiva sobre la autoría del secuestro.
Uribia acumula otros episodios de secuestro
El caso de Nancy Gómez no aparece en un escenario aislado.
El pasado 30 de julio fue secuestrado David Rafael Rodríguez Gómez, funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Uribia. Después de permanecer privado de la libertad durante varias semanas, recuperó su libertad el 11 de octubre.
A este episodio se suma el secuestro de tres hombres en el corregimiento de Nazareth, jurisdicción de Uribia, el pasado 13 de septiembre. Dos de ellos fueron liberados, mientras que, según los reportes conocidos, persistía la preocupación por la situación de uno de los retenidos.
Estos hechos reflejan la gravedad de la situación que enfrentan habitantes y trabajadores en diferentes sectores de La Guajira.
La presencia de organizaciones armadas ilegales, las disputas territoriales y la posibilidad de utilizar corredores fronterizos representan desafíos importantes para las autoridades.
La frontera con Venezuela, un factor estratégico
La posición geográfica de Uribia convierte este caso en un asunto que trasciende el ámbito municipal.
La extensa frontera entre Colombia y Venezuela y las dificultades para ejercer control efectivo sobre determinados corredores rurales han sido factores de preocupación para las autoridades de seguridad.
En esta región se ha reportado presencia de organizaciones como el ELN, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y estructuras disidentes de las antiguas FARC.
Estas organizaciones se disputan espacios de influencia y corredores estratégicos, aunque todavía no se ha establecido cuál tendría responsabilidad en el secuestro de la gestora social.
La posibilidad de un traslado hacia Venezuela es una hipótesis que el Gobierno busca prevenir mediante el plan candado.
El gobernador activa coordinación con el Gobierno Nacional
El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, rechazó el secuestro y anunció la articulación de las capacidades institucionales para conseguir la liberación de Nancy Gómez.
El mandatario departamental informó que estableció comunicación con el Gobierno Nacional y con el ministro de Defensa para coordinar las operaciones.
Asimismo, anunció que el director del Gaula se desplazaría al departamento para liderar las acciones de búsqueda y fortalecer la coordinación con la Fuerza Pública.
La prioridad institucional, según las autoridades, es conseguir que la gestora social regrese sana y salva a su hogar.
Un problema de seguridad que exige respuestas
El secuestro de Nancy Gómez vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que las comunidades de La Guajira llevan tiempo formulando: ¿qué está pasando con la seguridad en los municipios del departamento?
Los antecedentes de otros secuestros, las amenazas denunciadas por el alcalde y la presencia de estructuras armadas ilegales obligan a una respuesta que vaya más allá de los operativos temporales.
También es necesario esclarecer si las denuncias presentadas por la familia fueron investigadas oportunamente y si existieron alertas que pudieron anticipar este desenlace.
La investigación deberá establecer quiénes ejecutaron el secuestro, quiénes lo ordenaron, cuál era su propósito y si existe una relación con las amenazas anteriores.
Mientras tanto, una familia espera respuestas y un municipio permanece en incertidumbre.
La liberación de Nancy Gómez debe ser la prioridad absoluta. Uribia y La Guajira necesitan respuestas concretas frente a una situación de seguridad que no puede seguir deteriorándose.
