La denunciante entregó su teléfono celular para que sea sometido a peritaje y verificar el contenido de un video en el que aparece junto al expresidente. La Corte Suprema ordenó revisar información sobre sus contratos en el Senado, mientras la Fiscalía y la Procuraduría adelantan actuaciones para esclarecer si existió utilización de recursos públicos con fines particulares.
Una controversia política y judicial de grandes dimensiones se desarrolla en Colombia tras las denuncias de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien señaló al expresidente Gustavo Petro de presuntamente haber facilitado contratos estatales a mujeres a cambio de favores sexuales, compañía y otros servicios personales.
Las acusaciones, que fueron divulgadas inicialmente en una entrevista con la periodista Vicky Dávila, han provocado actuaciones ante diferentes organismos de control y autoridades judiciales, entre ellos la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El caso tomó un nuevo rumbo el 5 de noviembre, cuando Jiménez entregó su teléfono celular a la Fiscalía para que las autoridades realicen un análisis técnico del material que contiene, incluido un video de aproximadamente 55 segundos que publicó en sus redes sociales y en el que aparece junto al exmandatario.
La denunciante sostiene que el material respalda su versión sobre la relación que habría mantenido con Petro y que, según afirma, estaría relacionada con la obtención de contratos públicos.
Sin embargo, la existencia de una relación personal no demuestra por sí misma que se haya producido un intercambio de favores sexuales por contratación estatal. Ese es precisamente uno de los aspectos que deberán esclarecer las investigaciones.
La denuncia: una presunta red de mujeres vinculadas mediante contratos estatales
En su entrevista pública, Deicy Jiménez aseguró que habría formado parte de una red integrada por entre 30 y 40 mujeres que, según su relato, recibían contratos con entidades del Estado a cambio de acompañar al entonces mandatario a reuniones y fiestas, mantener relaciones íntimas y realizar otras actividades personales.
La denunciante manifestó que conoció a Petro en 2019 y que posteriormente habría recibido ayuda para acceder a contratos en diferentes entidades públicas.
También afirmó que otras mujeres se encontrarían en circunstancias similares y que existirían personas que podrían aportar información sobre el funcionamiento de la presunta red.
Estas afirmaciones son de extrema gravedad y requieren verificación independiente. Hasta ahora, no se ha establecido judicialmente la existencia de una organización con las características descritas por Jiménez ni se ha demostrado que todas las mujeres mencionadas hayan recibido contratos por esos motivos.
Los contratos que aparecen en los registros públicos
Uno de los puntos centrales de la investigación será reconstruir la trayectoria contractual de la denunciante y determinar si existieron recomendaciones, intervenciones indebidas o decisiones administrativas orientadas a favorecerla.
Una investigación publicada por El Colombiano, con base en información del Portal Anticorrupción, reportó diez contratos a nombre de Jiménez entre 2021 y 2026:
- Siete contratos con el Senado de la República.
- Dos contratos con el Ministerio del Interior.
- Un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Adicionalmente, se ha mencionado un posible vínculo contractual con el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), fechado el 25 de julio de 2026, como auxiliar administrativa. Sin embargo, esa vinculación no aparecía en el historial consultado del Portal Anticorrupción por el medio citado.
La existencia de estos contratos no demuestra que hayan sido obtenidos irregularmente. La Fiscalía y los organismos de control deberán establecer si respondían a necesidades reales de las entidades, si Jiménez cumplía los requisitos exigidos, si ejecutó las actividades contratadas y quiénes participaron en su selección y supervisión.
La Corte Suprema ordena revisar los contratos del Senado
El caso también llegó a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Según información publicada por La Silla Vacía, el magistrado instructor Javier Fonseca ordenó una inspección en la Secretaría del Senado para recopilar información relacionada con los contratos que Jiménez habría obtenido en esa corporación.
Uno de los vínculos mencionados corresponde a un contrato de 2023 cuyo objeto estaba relacionado con el apoyo a la gestión de la Primera Vicepresidencia del Senado, cuando esa posición era ocupada por María José Pizarro.
Jiménez afirmó que habría llegado recomendada por Petro y sostuvo que Pizarro conocía esa circunstancia.
La senadora rechazó los señalamientos, calificó las acusaciones como infundadas y anunció que acudiría a las instancias judiciales frente a las afirmaciones que considera carentes de sustento.
Por lo tanto, será necesario establecer si existió alguna intervención irregular en la contratación y cuál fue la participación efectiva de los funcionarios responsables de los procedimientos administrativos.
Fiscalía y Procuraduría investigan posibles irregularidades
La Fiscalía abrió una noticia criminal para examinar las denuncias y anunció actuaciones de policía judicial para recopilar información.
Entre las personas que fueron mencionadas para aportar información se encuentran Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes ocuparon cargos directivos en el DAPRE durante el gobierno de Petro.
La investigación busca establecer si hubo posibles irregularidades en la contratación de mujeres en entidades públicas y si se habría presentado abuso de funciones o utilización indebida de la estructura estatal.
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar.
El organismo solicitó información a diferentes entidades, entre ellas el Congreso, el DAPRE, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el propósito de verificar los vínculos contractuales de Jiménez, sus funciones, los valores, los responsables de la contratación y quienes ejercieron la supervisión.
La indagación también contempla la posibilidad de establecer si existieron situaciones de acoso o violencia de género relacionadas con la presunta utilización de contratos de prestación de servicios.
Nueva denuncia llega a la Comisión de Acusación
El 5 de noviembre, las congresistas Sara Castellanos y Carol Borda, del partido Salvación Nacional, radicaron una nueva denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La actuación está relacionada con las declaraciones de Jiménez y el video que publicó en sus redes sociales.
Las legisladoras solicitaron que se investiguen los presuntos hechos y se determine si existe alguna responsabilidad del exmandatario.
Esta denuncia se suma a otras actuaciones promovidas ante la Comisión de Acusación y la Corte Suprema, cuya competencia deberá determinarse conforme a la naturaleza de los hechos y las funciones de cada autoridad.
Petro rechaza las acusaciones
El expresidente Gustavo Petro ha negado haber entregado contratos a cambio de favores sexuales.
En un pronunciamiento público sostuvo que nunca ha cometido delitos en sus relaciones personales y rechazó que se pretenda convertir su vida íntima en un asunto de responsabilidad penal.
Tras la publicación del video, su defensa sostuvo que ese material no demuestra la existencia de un intercambio contractual y que deben verificarse su autenticidad, integridad, fecha, contexto y alcance.
El argumento central de la defensa es que una grabación que muestra una relación personal no acredita por sí sola la entrega irregular de recursos públicos ni la existencia de un acuerdo para favorecer a alguien mediante contratos estatales.
La investigación debe establecer quién contrató, quién autorizó y quién supervisó
Más allá de la controversia política, el asunto tiene una dimensión institucional que exige especial atención.
Si se llegara a demostrar que funcionarios utilizaron sus cargos para facilitar contratos públicos por razones ajenas al interés general, podrían surgir responsabilidades disciplinarias y penales.
Por esa razón, los investigadores deberán revisar los expedientes contractuales completos, las hojas de vida, los estudios previos, las obligaciones pactadas, los informes de supervisión, los pagos realizados y las comunicaciones que permitan reconstruir cómo se originaron las vinculaciones.
También será necesario establecer si existieron recomendaciones políticas, quiénes las realizaron y si tuvieron incidencia efectiva en las decisiones de contratación.
La investigación no puede limitarse a determinar si existió una relación personal. El asunto de interés público es establecer si se utilizaron recursos del Estado para beneficiar intereses particulares.
Un caso que apenas comienza
La entrega del teléfono celular a la Fiscalía y la inspección ordenada por la Corte Suprema representan nuevos pasos en una controversia que podría tener repercusiones políticas y judiciales.
El análisis forense del dispositivo deberá establecer la autenticidad y el contexto de los archivos, así como su posible relación con los hechos denunciados.
También será determinante conocer las respuestas de las entidades públicas sobre los contratos y la documentación que permita establecer si las actividades fueron efectivamente ejecutadas.
Por ahora, las acusaciones de Deicy Jiménez no constituyen hechos judicialmente probados y Gustavo Petro conserva su derecho a la presunción de inocencia.
El verdadero alcance de este caso dependerá de lo que encuentren los investigadores en los expedientes contractuales, las comunicaciones y las pruebas técnicas. La pregunta de fondo es si hubo una utilización indebida del poder público y de los recursos del Estado para favorecer intereses particulares.
