La Jurisdicción Especial para la Paz enfrenta un recorte presupuestal cercano a los $170.000 millones para 2027. Su presidente, Danilo Rojas, anunció ajustes en los esquemas de seguridad, reducción de contratos y traslado de su sede principal. La mayor preocupación está relacionada con las garantías de protección para quienes participan en los procesos judiciales.
Una nueva preocupación se instala en el sistema de justicia transicional colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció un conjunto de medidas de austeridad que podrían tener repercusiones en la protección de víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios que participan en las investigaciones de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.
El anuncio fue realizado por el presidente de la JEP, magistrado Danilo Rojas Betancourth, quien advirtió que las restricciones presupuestales obligarán a la institución a reducir gastos en diferentes áreas, incluidos los recursos destinados a esquemas de seguridad.
La situación genera preocupación porque miles de personas han acudido a esta jurisdicción para entregar información, denunciar hechos criminales y contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos. Algunas de ellas han enfrentado amenazas por su participación en los procesos judiciales.
Durante una entrevista con Caracol Radio, Rojas reconoció que uno de los aspectos más difíciles del ajuste será la reducción de las medidas de protección de víctimas, testigos y comparecientes. También solicitó que el Gobierno Nacional asuma las responsabilidades necesarias para garantizar su seguridad.
Un recorte presupuestal que obliga a replantear el funcionamiento de la JEP
De acuerdo con la información divulgada por la jurisdicción, el presupuesto proyectado de $821.803 millones pasó a una asignación aproximada de $651.803 millones para 2027.
La diferencia representa cerca de $170.000 millones menos para el funcionamiento de la institución, una reducción que obliga a revisar la contratación, los gastos administrativos, la infraestructura y los recursos destinados a la protección.
El impacto no se limita a las oficinas y al personal administrativo. La preocupación también alcanza las actividades judiciales, el acompañamiento a las víctimas y las condiciones necesarias para garantizar la participación de quienes intervienen en los procesos.
17 fiscales dejarían sus esquemas de seguridad
Entre las medidas anunciadas se encuentra la reducción de los esquemas de seguridad de funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación.
Según la información divulgada, 17 fiscales prescindirían de sus medidas de protección y de los vehículos asignados, lo que representaría un ahorro estimado de $37.000 millones anuales.
El anuncio adquiere especial relevancia por la naturaleza de las investigaciones que adelanta esta unidad, relacionadas con graves crímenes cometidos durante el conflicto armado y con estructuras que todavía pueden representar riesgos para quienes participan en los procedimientos.
La preocupación principal es establecer si los ajustes se realizarán después de evaluaciones individuales de riesgo y qué mecanismos garantizarán que ningún funcionario quede expuesto por decisiones exclusivamente presupuestales.
También reducirán el 85 % de los contratos
El paquete de austeridad contempla una reducción aproximada del 85 % de los contratos de prestación de servicios, con un ahorro estimado de $83.000 millones.
La medida podría repercutir en actividades de apoyo judicial, defensa técnica, acompañamiento psicosocial y encuentros restaurativos.
Estos espacios son fundamentales para que las víctimas puedan participar en los procedimientos y para que los comparecientes cumplan las obligaciones que establece el modelo de justicia transicional.
La institución deberá reorganizar sus recursos humanos y administrativos para mantener la continuidad de sus funciones.
La JEP entregará su sede principal en Bogotá
Las medidas también incluyen la entrega de la actual sede principal de la jurisdicción en marzo de 2027.
La institución pasaría de ocupar instalaciones de aproximadamente 15.000 metros cuadrados a una infraestructura de 4.200 metros cuadrados.
El cambio permitiría generar un ahorro cercano a los $26.000 millones anuales. También se contempla fortalecer el trabajo virtual y establecer turnos rotativos para los funcionarios.
Aunque estas decisiones buscan reducir los gastos de funcionamiento, el desafío será evitar que las restricciones afecten la atención a las víctimas y el desarrollo de las actuaciones judiciales.
La responsabilidad del Gobierno Nacional frente a la protección
El anuncio abre un interrogante sobre la coordinación entre la JEP y las entidades encargadas de garantizar la seguridad de personas amenazadas en Colombia.
La Unidad Nacional de Protección, el Ministerio del Interior y las demás autoridades competentes deberán explicar cómo responderán ante las necesidades de protección de las víctimas, testigos y comparecientes vinculados a los procesos de justicia transicional.
La reducción de un esquema no puede significar automáticamente que una persona amenazada quede desprotegida. Las decisiones deben estar sustentadas en evaluaciones individuales y respetar las obligaciones del Estado en materia de protección de la vida y la integridad personal.
Por eso, resulta indispensable conocer si existe un plan de contingencia, cuántas personas podrían resultar afectadas y qué recursos se destinarán para garantizar la continuidad de las medidas.
El interrogante: ¿quién protegerá a quienes ayudan a esclarecer la verdad?
La JEP tiene bajo su competencia investigaciones relacionadas con secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, violencia sexual y otros crímenes de extrema gravedad.
En estos procesos, las declaraciones de víctimas y testigos son fundamentales para reconstruir los hechos, identificar a los responsables y establecer patrones de criminalidad.
Una reducción de las garantías de seguridad podría generar temor entre quienes deben comparecer, declarar o entregar información a las autoridades.
El Estado tiene la obligación de garantizar que estas personas puedan participar en la administración de justicia sin quedar expuestas a amenazas o represalias.
La austeridad presupuestal no puede convertirse en un obstáculo para el esclarecimiento de la verdad ni en una razón para debilitar las garantías de quienes han contribuido a la búsqueda de justicia.
La discusión no puede limitarse a cuánto dinero ahorrará la institución. También debe establecerse cuál será el costo humano e institucional de las decisiones presupuestales.
La JEP fue creada para garantizar los derechos de las víctimas, contribuir al esclarecimiento de la verdad y establecer responsabilidades por los crímenes más graves del conflicto armado. Su funcionamiento requiere recursos, pero también garantías reales de seguridad para quienes hacen posible la justicia.
La pregunta que queda sobre la mesa es: ¿puede el Estado garantizar verdad, justicia y reparación si las personas que ayudan a esclarecer los crímenes terminan expuestas a mayores riesgos?
