Las denuncias contra la viceministra de Defensa se cruzan con una disputa política alrededor de las negociaciones con estructuras criminales de Medellín. El papel de la senadora Isabel Zuleta, los cuestionamientos por el traslado de cabecillas de Itagüí y las versiones sobre una presunta campaña de ataques abren un nuevo capítulo de confrontación.
La lucha contra las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá ha vuelto a colocar en el centro de la controversia a Claudia Carrasquilla, viceministra de Defensa para las Políticas de Defensa y Seguridad, cuya trayectoria como fiscal y concejala de Medellín estuvo marcada por sus cuestionamientos a las organizaciones delincuenciales y a las políticas de acercamiento con sus principales cabecillas.
En medio de las nuevas denuncias que enfrenta la funcionaria, fuentes consultadas en Antioquia sostienen que detrás de algunos de los ataques políticos contra Carrasquilla podría existir una disputa relacionada con su postura frente a las estructuras criminales y los procesos de paz urbana.
En esas versiones aparece el nombre de la senadora Isabel Cristina Zuleta, una de las principales representantes políticas de los acercamientos del Gobierno del expresidente Gustavo Petro con las organizaciones criminales de Medellín.
El ‘tarimazo’ que puso bajo escrutinio la paz urbana
El 21 de junio de 2025, durante un acto público en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, el entonces presidente Gustavo Petro compartió escenario con nueve voceros de estructuras criminales que permanecían recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. La presencia de estos hombres, varios de ellos condenados por delitos de alto impacto, generó cuestionamientos políticos, institucionales y de sectores de víctimas.
Entre los voceros que participaron en el evento figuraban Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’; José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’; Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’; Juan Fernando Álvarez, alias ‘Juan 23’; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’; Walter Alonso Román Jiménez, alias ‘El Tigre’; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias ‘El Indio’; Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias ‘El Compa’, y Elder Darbey Zapata Rivera, alias ‘Grande Pa’.
Los reportes periodísticos documentaron la presencia de estos voceros junto al presidente Petro y a integrantes de su Gobierno, entre ellos la senadora Isabel Zuleta, quien desempeñaba un papel central en los acercamientos sociojurídicos con las estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
La controversia no se limitó a la presencia de los cabecillas en la tarima. También se extendió a las circunstancias de su traslado desde la cárcel de Itagüí hasta el centro administrativo de Medellín, en medio de cuestionamientos sobre las autorizaciones y los procedimientos que permitieron su participación en el acto público.
El medio SEMANA publicó que Zuleta había remitido una comunicación al INPEC solicitando el traslado de los privados de la libertad. Posteriormente, El Tiempo informó que el INPEC atribuyó la solicitud al entonces presidente Gustavo Petro. La diferencia entre ambas versiones constituye uno de los aspectos que deben examinarse a partir de las resoluciones, comunicaciones y documentos oficiales que permitan establecer quién gestionó el traslado y bajo qué fundamento administrativo y jurídico se autorizó.
El episodio, conocido como el ‘tarimazo’, se convirtió en uno de los momentos más controvertidos de la política de paz urbana del Gobierno Petro y abrió un debate sobre los límites de los acercamientos con estructuras criminales, las garantías otorgadas a sus voceros y la responsabilidad de los funcionarios que participaron en esas gestiones.
Los cuestionamientos a Isabel Zuleta
El papel de la senadora en los acercamientos con las estructuras criminales ha sido objeto de diversas controversias.
En septiembre de 2025, el Consejo de Estado unificó demandas de pérdida de investidura relacionadas con su actuación en el traslado de cabecillas de Itagüí para el evento de La Alpujarra.
Los demandantes cuestionaron si Zuleta habría excedido sus funciones al intervenir en gestiones relacionadas con personas privadas de la libertad.
La senadora, por su parte, ha defendido su actuación y sostiene que las gestiones se enmarcaron en el proceso de paz urbana.
En abril de 2026, Zuleta también defendió públicamente la suspensión de órdenes de captura contra 23 jefes de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, al considerar que se trataba de una garantía necesaria para mantener abiertos los canales de diálogo.
Estas posiciones han generado fuertes cuestionamientos de sectores políticos y de autoridades locales que advierten sobre los riesgos de conceder beneficios o garantías a integrantes de organizaciones responsables de homicidios, extorsiones, desplazamientos y otros delitos.
La postura de Claudia Carrasquilla frente a las estructuras criminales ha sido particularmente crítica.
Durante su paso por el Concejo de Medellín cuestionó las condiciones de los acercamientos con las bandas y las garantías otorgadas a sus voceros.
En ese escenario, la actual viceministra se convirtió en una de las voces que reclamaban mayor rigor institucional frente a las organizaciones delincuenciales.
Las diferencias con Zuleta se hicieron públicas en el debate sobre la suspensión de órdenes de captura y las garantías para los voceros de las mesas de paz urbana.
La senadora ha cuestionado las denuncias de Carrasquilla y otros dirigentes políticos, a quienes ha señalado de perseguir a quienes participan en los procesos de diálogo.
En ese contexto, las fuentes consultadas en Antioquia plantean que las nuevas controversias contra la viceministra podrían estar relacionadas con una disputa política alrededor de la paz urbana.
No obstante, esa hipótesis no cuenta todavía con pruebas públicas que permitan atribuir a Zuleta la organización de una presunta campaña de ataques o denuncias contra Carrasquilla.
¿Quién es Henry Cifuentes, el denunciante de Claudia Carrasquilla?
El nombre de Henry Joany Cifuentes Ortiz, conocido con el alias de ‘Canario’, volvió a aparecer en el escenario público tras la denuncia que formuló contra la viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla. Su trayectoria, sin embargo, está vinculada desde hace varios años a las investigaciones contra estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.
De acuerdo con una publicación de El Cuarto Mosquetero, Cifuentes fue capturado en 2017 por presunta extorsión agravada y por su vinculación con la Oficina de Envigado. La misma publicación señala que habría trabajado directamente para alias ‘Reblujo’, cabecilla de la estructura criminal Los Chatas, organización que opera en el Valle de Aburrá.
Posteriormente, Cifuentes pasó a colaborar con la Fiscalía y con integrantes de la Dijín, suministrando información sobre cabecillas, propiedades, homicidios y fosas comunes. Sus testimonios fueron utilizados en investigaciones contra integrantes de Los Chatas y de la banda Pachelly.
Entre los señalados en esas investigaciones figura Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias ‘Vallejo’, uno de los voceros criminales que posteriormente apareció en la tarima del evento encabezado por Gustavo Petro en Medellín.
La relación entre Cifuentes y Carrasquilla se remonta precisamente a esa etapa de colaboración con la Fiscalía. El testigo ha sostenido que fue utilizado para entregar declaraciones falsas durante investigaciones contra estructuras criminales. Carrasquilla, por su parte, ha rechazado esas afirmaciones y ha defendido la legalidad de sus actuaciones como fiscal.
En noviembre de 2026, Cifuentes volvió a denunciar públicamente a la viceministra, afirmando que ella pretende silenciarlo y que teme por su seguridad. La denuncia fue difundida por Caracol Radio, que la presentó como una noticia en desarrollo.
El antecedente criminal y la posterior colaboración de Cifuentes con las autoridades constituyen elementos relevantes para contextualizar sus declaraciones.
Este escenario deja interrogantes que merecen respuestas: ¿qué busca realmente Henry Cifuentes con esta denuncia?, ¿quiénes podrían estar interesados en impulsar o respaldar estos señalamientos? Y, quizás, la pregunta más importante: ¿se pretende desviar la atención de la viceministra Claudia Carrasquilla o debilitar su capacidad de continuar enfrentando a las estructuras criminales, no solamente en Antioquia, sino también en otras regiones del país?
Una controversia que exige respuestas
La discusión no puede reducirse a una confrontación entre dos figuras políticas.
El país necesita conocer cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se trasladaron los cabecillas de Itagüí, qué autorizaciones existieron, qué compromisos se asumieron y cuáles han sido los resultados concretos de los acercamientos con las estructuras criminales.
También es necesario establecer si las denuncias contra Carrasquilla corresponden exclusivamente a actuaciones judiciales legítimas o si existe algún elemento que permita demostrar una utilización política de los procesos.
Claudia Carrasquilla tiene derecho a que su actuación sea evaluada con garantías judiciales y a que su labor contra las estructuras criminales no sea deslegitimada mediante afirmaciones que no hayan sido probadas.
De la misma manera, Isabel Zuleta tiene derecho a responder por sus actuaciones y a que las acusaciones en su contra sean examinadas con rigor.
