El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Inpec trasladar a Juan Guillermo Monsalve desde La Picota, en Bogotá, hacia la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. El mandatario argumentó que el interno habría incumplido de manera reiterada el régimen carcelario y aseguró que durante su Gobierno no habrá privilegios para los presos.
El Gobierno Nacional tomó una decisión que vuelve a poner bajo el foco público la situación penitenciaria de Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave dentro del proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció este miércoles 30 de septiembre que ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, disponer el traslado inmediato de Monsalve desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia el establecimiento penitenciario de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá.
El mandatario justificó la decisión señalando que Monsalve habría incumplido de manera sistemática las normas del régimen penitenciario.
“En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, afirmó el presidente.
De La Espriella también sostuvo que su Gobierno no permitirá que los establecimientos penitenciarios sean utilizados para mantener actividades delictivas desde el interior de las cárceles.
“No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, señaló.
¿Por qué Monsalve estaba en una casa fiscal?
Monsalve permanecía recluido en La Picota bajo condiciones especiales de seguridad. Su permanencia en una casa fiscal estuvo relacionada con el riesgo que, según antecedentes judiciales, enfrentaba después de convertirse en un testigo de relevancia dentro del proceso contra Álvaro Uribe.
En años anteriores, la justicia había dispuesto medidas especiales de protección para el recluso debido a los riesgos denunciados alrededor de su testimonio. Entre esas condiciones estuvo la posibilidad de permanecer separado de otros internos.
El Gobierno considera que esas condiciones excepcionales no pueden convertirse en privilegios penitenciarios y sostiene que Monsalve debe cumplir su condena bajo un régimen de mayor seguridad.
Un condenado por secuestro extorsivo
Juan Guillermo Monsalve permanece privado de la libertad desde 2008 y cumple una condena superior a 40 años. La información oficial de Presidencia señala una pena de 44 años por secuestro extorsivo. Otros reportes recientes también mencionan condenas superiores a 40 años y otros delitos asociados.
Su nombre adquirió especial relevancia nacional por su participación como testigo en uno de los procesos judiciales más conocidos de Colombia, relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El traslado quedó temporalmente condicionado por una urgencia médica
La decisión del Gobierno se conoció el mismo día en que Monsalve fue llevado a una clínica de Bogotá después de presentar una aparente afectación cardiovascular.
Según Caracol Radio, el traslado médico se produjo por disposición del médico de turno, luego de que el interno presentara un fuerte dolor en el pecho. Al cierre de los primeros reportes, permanecía bajo valoración médica.
La situación médica introdujo un nuevo elemento en el traslado anunciado por el Ejecutivo, pues el Gobierno mantiene la orden de llevarlo posteriormente a Cómbita, mientras se determina su condición médica.
La defensa cuestiona la decisión
El abogado de Monsalve también cuestionó el traslado. Según reportó Cambio, la defensa sostiene que existía una decisión de la Corte Suprema relacionada con la permanencia del interno en La Picota y con el mantenimiento de medidas especiales de seguridad.
El abogado Miguel Ángel del Río publicó un documento judicial con el que busca sustentar su posición frente a la decisión del Gobierno.
La controversia, por tanto, no se limita al régimen penitenciario. También involucra la discusión sobre las medidas de protección que habían sido adoptadas para Monsalve por los riesgos asociados a su condición de testigo.
“Sin privilegios”
Con la orden de traslado, el Gobierno Nacional busca enviar un mensaje sobre su política penitenciaria: las personas privadas de la libertad deberán cumplir las condiciones establecidas por el sistema carcelario y no podrán utilizar sus condiciones de reclusión para mantener actividades criminales.
El presidente De La Espriella cerró su pronunciamiento con una frase que resume la posición del Gobierno:
“¡Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo!”.
La ejecución definitiva del traslado a Cómbita dependerá ahora de la evolución del estado de salud de Monsalve y de las actuaciones que puedan surgir desde su defensa y las autoridades judiciales frente a las medidas de seguridad que actualmente lo cobijan.
