Barranquilla, Atlántico. Una diligencia de allanamiento realizada en Barranquilla puso nuevamente bajo la lupa el manejo de información y activos vinculados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El procedimiento fue adelantado por la Fiscalía General de la Nación en una sede de Activos por Colombia, empresa que presta servicios relacionados con la administración de activos de la SAE. La diligencia se produjo en medio de una investigación originada por una denuncia presentada por la propia entidad estatal.
De acuerdo con la información conocida, las autoridades investigan posibles irregularidades relacionadas con el manejo de los sistemas de información y documentación institucional. Entre las hipótesis que deberán ser verificadas se encuentra una eventual eliminación, alteración u ocultamiento de información, incluidos archivos, cuentas y correos electrónicos.
Equipos tecnológicos, bajo análisis forense
Durante el procedimiento fueron incautados equipos tecnológicos que ahora deberán ser sometidos a análisis forenses por parte de las autoridades.
El objetivo será establecer si la información almacenada en esos dispositivos fue modificada, eliminada o trasladada y, de ser así, determinar cuándo ocurrieron los hechos y quiénes podrían estar relacionados.
La diligencia fue adelantada por la Fiscalía 9.ª Especializada de la Estructura de Apoyo, con participación de unidades del CTI y funcionarios especializados en investigaciones contra la corrupción y delitos informáticos.
La Procuraduría también acompañó el procedimiento.
La denuncia de la SAE
La investigación habría comenzado luego de que la administración de la SAE, encabezada por Diana Patricia Bravo Vélez, formulara alertas ante las autoridades por presuntas irregularidades encontradas en los sistemas de información.
Uno de los aspectos que ahora deberá esclarecer la investigación es si durante el proceso de transición administrativa se produjo alguna intervención indebida de los sistemas o si determinada información dejó de estar disponible para la nueva administración.
El caso adquiere especial relevancia debido a que la SAE tiene bajo su responsabilidad la administración de bienes que han sido objeto de medidas de extinción de dominio y que representan importantes recursos para el Estado.
¿Qué busca establecer la Fiscalía?
Hasta el momento, las hipótesis hacen parte de una investigación en curso y no constituyen una declaración de responsabilidad penal contra personas determinadas.
Tampoco se ha informado, hasta ahora, sobre capturas derivadas directamente de este procedimiento.
La legalidad de la diligencia fue revisada por un juez de control de garantías, mientras los elementos tecnológicos quedaron a disposición de los investigadores.
El caso podría tomar mayor dimensión en los próximos días, una vez los peritos terminen de analizar los dispositivos incautados y la Fiscalía establezca qué información fue encontrada, qué información pudo haber sido modificada y si existen elementos suficientes para avanzar hacia la identificación de eventuales responsables.
