Medicina Legal confirmó que tres de los diez cuerpos recuperados tras la Operación Amón corresponden a menores de edad. El Gobierno afirma que eran integrantes de una estructura armada y que la operación cumplió los estándares legales. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la protección que debe recibir la niñez reclutada.
El Retorno, Guaviare. La confirmación de que tres menores de edad murieron durante un bombardeo de las Fuerzas Militares volvió a poner en el centro del debate nacional el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y, al mismo tiempo, los límites que debe observar el Estado cuando planea operaciones militares contra estructuras que podrían tener menores en sus filas.
Los hechos ocurrieron el 27 de agosto de 2026, en zona rural de El Retorno, Guaviare, durante la denominada Operación Amón, una acción militar contra una estructura de las disidencias de las FARC asociada al denominado Estado Mayor de Bloques y Frentes.
La confirmación sobre la edad de las víctimas llegó después de los procedimientos forenses. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que el 29 de agosto recibió diez cuerpos relacionados con las acciones militares del 27 de agosto.
De esos diez cuerpos, nueve fueron identificados plenamente y uno continúa en proceso de análisis forense. Entre los nueve identificados hay cinco hombres, cuatro mujeres y tres menores de edad.
Posteriormente, el director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés Martínez, precisó que se trataba de dos adolescentes de 15 años y uno de 16 años. Dos eran mujeres y uno era hombre.
¿Qué ocurrió durante la operación?
De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares, la operación se desarrolló contra tres zonas de campamento ubicadas cerca del río Inírida, en jurisdicción de El Retorno.
El objetivo era una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, vinculada por las autoridades a la facción de las disidencias comandada por alias Calarcá y bajo el mando de alias Cotiz.
El Ministerio de Defensa informó que el operativo dejó diez integrantes de la estructura muertos, una persona capturada y un menor de edad recuperado, al que, según la cartera, le fueron restablecidos sus derechos.
En el lugar, según el balance oficial, fueron encontrados 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 milímetros, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 milímetros, 174 proveedores, 184 minas antipersona, 20 granadas para drones y más de 29.000 municiones.
El Gobierno defiende la operación
La confirmación de que tres de los muertos eran menores provocó una reacción inmediata del Ministerio de Defensa.
El ministro Jorge Mora sostuvo que los adolescentes se encontraban, según la información oficial, entre los integrantes de la estructura armada que estaban en “función continua de combate”.
El Gobierno afirmó que la operación fue planeada y ejecutada bajo los estándares legales aplicables a los ataques aéreos estratégicos y que se realizaron posteriormente los procedimientos forenses correspondientes.
El presidente Abelardo de la Espriella también expresó su respaldo a las Fuerzas Militares y responsabilizó a los grupos armados por reclutar menores para incorporarlos a sus estructuras.
La posición oficial es que el problema de fondo es el reclutamiento e instrumentalización de niños y adolescentes por parte de las organizaciones armadas.
La información oficial permite establecer hasta ahora varios hechos sobre la operación militar ocurrida el 27 de agosto en zona rural de El Retorno, Guaviare.
El Instituto Nacional de Medicina Legal recibió diez cuerpos relacionados con el operativo. Nueve ya fueron identificados y uno permanece en proceso de identificación.
Entre los cuerpos plenamente identificados hay tres menores de edad: dos adolescentes de 15 años y uno de 16. La confirmación forense modifica de manera sustancial el balance inicial de la operación y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el reclutamiento de menores y las condiciones en que fue ejecutado el ataque.
El Gobierno sostiene que las personas fallecidas pertenecían a una estructura armada de las disidencias de las FARC y que la operación se realizó dentro del marco legal. Las autoridades también reportaron la recuperación de otro menor de edad y la captura de una persona.
Y ese fenómeno, efectivamente, constituye uno de los principales problemas humanitarios que enfrenta actualmente Colombia.
El reclutamiento infantil está creciendo
Un informe publicado recientemente por Human Rights Watch encontró que aproximadamente 1.500 niños, niñas y adolescentes habrían sido víctimas de reclutamiento por grupos armados desde 2021, según un análisis de información de la Defensoría del Pueblo.
La organización advierte además que los casos han aumentado significativamente desde 2023 y que las disidencias de las antiguas FARC aparecen vinculadas a una parte importante de los casos denunciados.
El problema no se limita a la utilización de menores como combatientes.
Según la investigación de Human Rights Watch, los niños y adolescentes también son utilizados como mensajeros, informantes, vigilantes, encargados de actividades logísticas, operadores de drones y en otras tareas relacionadas con las estructuras armadas.
La organización también documentó nuevas modalidades de captación a través de redes sociales, mediante ofertas de trabajo falsas, propaganda y contenidos que presentan la pertenencia a grupos armados como una oportunidad de obtener dinero, poder o reconocimiento.
¿Qué información tenía la inteligencia militar?
La primera pregunta es si las autoridades conocían o tenían indicios sobre la presencia de menores en el campamento antes de ejecutar el ataque.
También será relevante establecer qué información existía sobre las personas que permanecían en las estructuras y si había mecanismos para diferenciar entre combatientes adultos, menores reclutados y eventuales civiles.
¿Los menores eran combatientes?
El Ministerio de Defensa sostiene que sí y afirma que estaban en función continua de combate.
Esa es la versión oficial.
La condición de menores reclutados por una organización armada exige analizar individualmente las circunstancias de cada caso y no convertir automáticamente a todos los menores vinculados a grupos armados en una categoría homogénea.Tras conocerse la identificación de los tres adolescentes entre las víctimas, el Ministerio de Defensa rechazó el reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados.
En una declaración oficial, la cartera manifestó que “lamenta que nuestros menores sigan siendo reclutados e instrumentalizados por grupos terroristas y bandas criminales” y calificó esta práctica como “aberrante”.
La posición del Gobierno es que la presencia de menores dentro de estas estructuras es consecuencia directa de las acciones de los grupos armados que los incorporan a sus filas y los exponen a escenarios de confrontación.
Sin embargo, la confirmación de que tres adolescentes murieron durante la operación deja abierto otro interrogante: qué información tenía el Estado sobre la presencia de menores en el lugar y qué medidas fueron adoptadas para reducir el riesgo sobre sus vidas antes de ejecutar el bombardeo.
Ambas cuestiones deben ser investigadas por separado. El reclutamiento de menores constituye una grave violación de sus derechos y, al mismo tiempo, la actuación de la Fuerza Pública en una operación donde pueda existir presencia de niños y adolescentes debe estar sometida a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
El esclarecimiento de lo ocurrido dependerá, por tanto, de las pruebas sobre las circunstancias concretas de la operación y de la investigación que permita establecer cómo fueron reclutados los adolescentes, qué funciones cumplían dentro de la estructura armada y qué conocían las autoridades antes del ataque.
¿Quién reclutó a los adolescentes?
También será fundamental determinar cómo llegaron los tres menores a la estructura armada, cuándo fueron reclutados, quién los incorporó y quién ordenó su utilización.
La responsabilidad por el reclutamiento debe investigarse de manera independiente y llegar, si las pruebas lo permiten, hasta las cadenas de mando que ordenan o facilitan estas prácticas.
El debate apenas comienza
La Operación Amón deja así una discusión que va mucho más allá de las cifras del operativo.
Hay que investigar quiénes eran esos tres adolescentes, cómo fueron reclutados, cuánto tiempo llevaban dentro de la estructura armada, quién los incorporó y quién ordenó su utilización.
Pero también debe establecerse qué sabía el Estado antes del ataque, qué protocolos se aplicaron y si todas las medidas posibles para proteger la vida de los menores fueron consideradas.
La respuesta a esas preguntas corresponde a las autoridades competentes y deberá estar sustentada en pruebas, no en posiciones políticas.
Mientras tanto, una realidad permanece: tres adolescentes de 15 y 16 años terminaron muertos en medio de una guerra que no debió tenerlos entre sus combatientes.
