El Ministerio Público inició actuación preventiva y pidió al alcalde Plinio Cedeño información sobre las resoluciones 044 y 049 de 2017, los expedientes administrativos y las personas que participaron en su elaboración.
Puerto Colombia, Atlántico. La controversia por varios predios que fueron cedidos al municipio de Puerto Colombia y que posteriormente terminaron relacionados con particulares llegó a una nueva instancia de control. La Procuraduría General de la Nación inició una actuación preventiva para revisar las circunstancias jurídicas, administrativas y registrales que rodean estos terrenos.
El organismo de control requirió al actual alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño Gómez, para que entregue información detallada sobre los procedimientos adelantados por la administración municipal y, especialmente, sobre los antecedentes de las Resoluciones 044 y 049 de 2017, expedidas durante el gobierno del entonces alcalde Steimer Alí Mantilla Rolong.
La intervención de la Procuraduría se produce en medio de cuestionamientos públicos relacionados con la procedencia de los documentos utilizados para acreditar la transferencia de los predios, así como con las actuaciones administrativas y registrales que posteriormente se habrían realizado sobre estos inmuebles.
¿Qué quiere establecer la procuraduría?
La Procuraduría Provincial de Barranquilla solicitó a la administración municipal copia de los expedientes y de los documentos que sirvieron como fundamento para la expedición de las resoluciones.
Entre la información requerida se encuentran los estudios, informes, conceptos técnicos y jurídicos, actas, antecedentes administrativos y demás soportes relacionados con los predios.
Pero existe otro punto que puede resultar determinante: el Ministerio Público pidió identificar a los funcionarios y contratistas que participaron en la elaboración y proyección de los actos administrativos.
La solicitud permitirá reconstruir la ruta que siguieron los documentos dentro de la administración municipal: quién los elaboró, quién los revisó, quién emitió conceptos, quién los proyectó y finalmente quién intervino en su expedición.
Una historia que se remonta a 2017
El origen de la controversia se encuentra en la administración de Steimer Mantilla.
Durante ese periodo aparecen las Resoluciones 044 y 049, relacionadas con predios ubicados en jurisdicción de Puerto Colombia y que habían sido incorporados al patrimonio municipal.
Con el paso de los años surgieron cuestionamientos sobre la legalidad de las actuaciones y, particularmente, sobre la autenticidad y procedencia de algunos documentos.
Uno de los aspectos más sensibles está relacionado con la firma que aparece en las resoluciones atribuidas al entonces alcalde Mantilla.
El exmandatario ha negado haber firmado algunos de los documentos cuestionados y ha solicitado que se practiquen los respectivos estudios técnicos que permitan determinar si las firmas corresponden o no a su autoría.
Ese elemento resulta fundamental porque, de comprobarse una eventual falsedad documental, la discusión dejaría de ser exclusivamente administrativa y podría tener consecuencias de carácter penal.
Terrenos que terminaron en manos de particulares
Uno de los principales interrogantes que deberá ser despejado por las autoridades es cómo predios que habían sido cedidos al municipio terminaron posteriormente vinculados jurídicamente a particulares.
La situación ha generado preocupación entre sectores de Puerto Colombia debido a que se trata de terrenos que, según los antecedentes conocidos, tenían relación con destinaciones de carácter público.
La pregunta que ahora vuelve a cobrar fuerza es sencilla, pero trascendental:
¿qué procedimiento permitió que esos terrenos salieran del ámbito del patrimonio municipal y terminaran en manos de particulares?
Para responderla no basta con revisar una resolución. Será necesario examinar todo el expediente administrativo, los documentos que sirvieron de soporte, los conceptos jurídicos, los antecedentes de propiedad, las actuaciones de los funcionarios y los trámites realizados posteriormente ante las oficinas de registro.
La denuncia que ya estaba en manos de la fiscalía
El caso no es nuevo para las autoridades.
En 2023, durante la administración del entonces alcalde Wilman Vargas Altahona, fueron denunciadas ante la Fiscalía presuntas irregularidades relacionadas con los documentos utilizados para tramitar uno de los predios.
La denuncia abrió una investigación alrededor de posibles conductas relacionadas con la autenticidad de documentos y su utilización dentro de trámites administrativos y registrales.
Ahora la actuación preventiva de la Procuraduría vuelve a poner el caso bajo los reflectores y agrega una nueva revisión institucional.
Es importante precisar que una actuación preventiva de la Procuraduría no equivale a una declaración de responsabilidad ni significa que el organismo de control haya establecido que se cometió un delito. Su propósito, en esta etapa, es recopilar información, advertir posibles riesgos para el patrimonio público y verificar que las actuaciones de la administración se ajusten al ordenamiento jurídico.
El papel de los registros
Otro capítulo de la controversia está relacionado con las actuaciones realizadas ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
Los documentos administrativos cuestionados habrían sido utilizados dentro de procedimientos destinados a modificar la situación jurídica de los inmuebles.
Por eso, para determinar qué ocurrió realmente, será necesario establecer no solamente qué sucedió dentro de la Alcaldía de Puerto Colombia, sino también qué documentos fueron presentados ante las autoridades registrales, quién los presentó, cuándo fueron radicados y qué decisiones se adoptaron posteriormente.
La trazabilidad documental será clave para determinar si existieron inconsistencias y, eventualmente, en qué momento pudieron haberse producido.
Patrimonio público, la gran preocupación
Más allá de los nombres que aparecen en los antecedentes y de las disputas políticas que pueda generar el caso, el asunto de fondo es el destino de bienes que pertenecían al municipio.
La Procuraduría explicó que su actuación busca precisamente velar por el patrimonio público y revisar las controversias jurídicas, registrales y administrativas que rodean estos terrenos.
Por eso, uno de los principales interrogantes será determinar si las decisiones adoptadas en 2017 estuvieron respaldadas por los estudios y procedimientos exigidos por la ley.
También será necesario establecer si quienes intervinieron en la elaboración de las resoluciones tenían competencia para hacerlo y si los documentos utilizados para sustentar las decisiones eran auténticos y reposaban efectivamente en los archivos oficiales.
Muchas preguntas todavía sin respuesta
La actuación preventiva de la Procuraduría abre una nueva etapa en un caso que desde hace varios años genera interrogantes en Puerto Colombia. El organismo de control busca establecer cuál era la situación jurídica de los predios antes de la expedición de las resoluciones 044 y 049, qué documentos y conceptos sirvieron de fundamento para esas decisiones y quiénes participaron en su elaboración y trámite.
También deberá determinarse si los documentos originales reposan en los archivos de la Alcaldía, si las firmas que aparecen en las resoluciones son auténticas y cómo se desarrollaron posteriormente los trámites ante las autoridades registrales.
Otro de los puntos por esclarecer es la manera en que los predios terminaron vinculados a particulares y si, como consecuencia de esas actuaciones, pudo haberse producido alguna afectación al patrimonio público.
La Procuraduría espera obtener estas respuestas a partir de la documentación solicitada a la administración municipal, mientras las autoridades competentes avanzan en las investigaciones que correspondan.
Por ahora, el caso vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos de control.
Puerto Colombia tendrá que explicar qué ocurrió con unos terrenos que llegaron al municipio para cumplir una función pública y cómo, años después, terminaron en el centro de una disputa jurídica que hoy ya tiene la atención formal de la Procuraduría General de la Nación.
