El presidente Abelardo De La Espriella lanzó este miércoles uno de los mensajes más contundentes de su Gobierno en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. En tres anuncios que hacen parte de una misma estrategia, el mandatario ratificó que no habrá negociaciones políticas con estructuras criminales, informó que ya ha firmado más de 30 extradiciones en sus primeros 16 días de administración y autorizó la entrega a Estados Unidos de cinco integrantes de grupos armados que habían participado como negociadores en procesos de paz durante el Gobierno anterior.
La decisión más significativa fue la autorización para hacer efectiva la extradición de cinco ciudadanos colombianos requeridos por la justicia estadounidense, cuyas entregas habían sido concedidas durante 2025, pero permanecían suspendidas debido a su participación en diferentes mesas, procesos o espacios de diálogo con el anterior Gobierno.
Los extraditados son Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado integrante de los Comandos de Frontera; Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, señalado segundo cabecilla del Frente 33; Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, comandante de Comuneros del Sur; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada; y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, también relacionado con esa estructura.
De acuerdo con la información oficial, Estados Unidos los requiere por diferentes delitos relacionados con narcotráfico, concierto para delinquir, lavado de activos, porte de armas y narcoterrorismo. El presidente sostuvo que, tras revisar los casos, su Gobierno no encontró aportes verificables ni resultados concretos que demostraran que estas personas hubieran contribuido efectivamente a la construcción de la paz.
“No habrá escondite ni mesa de diálogo”
El anuncio de las extradiciones estuvo acompañado de una definición política de fondo. De La Espriella afirmó que su Gobierno no permitirá que las mesas de diálogo se conviertan en un mecanismo para evadir la justicia.
El mandatario aseguró que nadie está autorizado para establecer comunicaciones o diálogos con grupos que el Gobierno considera terroristas y advirtió que quienes persistan en la criminalidad deberán enfrentar la acción de la justicia y de la Fuerza Pública.
La advertencia coincide con otro de sus mensajes centrales: para quienes quieran abandonar las actividades criminales existe la posibilidad de someterse a la justicia, pero quienes continúen utilizando la violencia se enfrentarán a la capacidad legítima del Estado.
En ese sentido, el Gobierno marca una diferencia frente a la política de ‘Paz Total’ implementada durante la administración de Gustavo Petro, particularmente frente a los casos en los que se suspendieron extradiciones mientras los señalados cabecillas participaban en procesos de acercamiento con el Ejecutivo. El caso de alias ‘Muñeca’, por ejemplo, había sido suspendido en 2025 precisamente por su participación en los diálogos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Más de 30 extradiciones en 16 días
La ofensiva del Gobierno no se limita a los cinco casos anunciados este miércoles. De La Espriella reveló que en apenas 16 días de administración ha firmado más de 30 extradiciones, como parte de su política de cooperación internacional contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al crimen transnacional.
“Se acabaron los tiempos en los que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un closet”, afirmó el mandatario al defender una política que busca utilizar todos los instrumentos legales disponibles para perseguir a las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de Colombia.
La Presidencia también reportó que, desde el 7 de agosto, las autoridades han realizado 8.424 capturas, afectado a 21 cabecillas criminales e incautado 31.174 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 13.669 kilogramos de cocaína.
Una política de seguridad sin concesiones
Los tres anuncios muestran el rumbo que De La Espriella pretende imprimirle a su política de seguridad: persecución de las estructuras criminales, fortalecimiento de la cooperación internacional y rechazo a que los procesos de diálogo sean utilizados como mecanismo para suspender o evadir órdenes judiciales y de extradición.
El mensaje presidencial fue directo: quienes quieran abandonar las armas y la criminalidad deberán someterse a la justicia; quienes decidan continuar con actividades terroristas o narcotraficantes enfrentarán la respuesta del Estado.
La nueva administración busca así cerrar la puerta a lo que considera una utilización de los procesos de paz como escudo jurídico para delincuentes requeridos por otros países y, al mismo tiempo, acelerar la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.
La señal política del Gobierno es inequívoca: para De La Espriella, la paz no puede convertirse en un refugio frente a la justicia y el Estado volverá a utilizar la extradición como una de sus principales herramientas contra el crimen organizado.
