El atentado contra la periodista y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Naylea Barros, ocurrido la noche del lunes 24 de agosto en Santa Marta, encendió nuevamente las alarmas por las amenazas contra periodistas, líderes políticos y personas que ejercen oposición en Colombia.
Barros denunció que sujetos desconocidos dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba junto con una familiar. Ambas resultaron ilesas. Según su denuncia, el ataque se produjo después de más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también habrían alcanzado a personas de su entorno. La Policía Metropolitana de Santa Marta informó que adelanta labores investigativas para establecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás del ataque.
Presidente ordenó investigación exhaustiva
El presidente Abelardo De La Espriella reaccionó al atentado y aseguró que se comunicó con el comandante de la Policía de Santa Marta para solicitar una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos.
El mandatario señaló que esperaba recibir un primer reporte y que, con base en los resultados de las investigaciones, se adoptarían las medidas correspondientes. También anunció que Barros contará con la protección necesaria mientras se esclarecen las circunstancias del caso.
El pronunciamiento presidencial adquiere especial relevancia debido a que Barros, además de ejercer el periodismo, participó recientemente en la actividad política como candidata del Pacto Histórico, por lo que las autoridades deberán establecer si el ataque tuvo alguna relación con su actividad periodística, política o social.
Defensoría pide investigar el móvil y proteger a Barros
La Defensoría del Pueblo condenó los hechos y advirtió que una agresión de esta naturaleza es incompatible con las garantías que deben rodear la participación política y el ejercicio de la oposición en una democracia.
En su pronunciamiento del 26 de agosto, la entidad señaló que el atentado habría ocurrido luego de más de tres meses de amenazas e intimidaciones contra Barros y personas cercanas a ella. Además, manifestó especial preocupación porque la víctima es una mujer que ha ejercido liderazgo político y ha representado a un sector de la oposición.
La Defensoría pidió a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes investigar con celeridad las circunstancias y motivaciones del ataque, identificar a los responsables y establecer si existe alguna relación con la actividad política de Barros o si se trata de una manifestación de violencia contra las mujeres en política.
Asimismo, exhortó al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a evaluar de manera urgente el nivel de riesgo de Barros y adoptar las medidas necesarias para proteger su vida e integridad, con enfoque diferencial y de género.
La alerta de la FLIP sobre la violencia contra la prensa
Aunque hasta el momento no se encuentra publicado un pronunciamiento específico de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) sobre el atentado contra Naylea Barros, el caso se produce en un contexto que la organización ya había advertido durante el proceso electoral de 2026.
La FLIP informó en junio que entre el 1 de enero y el 23 de junio había documentado 79 agresiones contra periodistas relacionadas con el cubrimiento de asuntos electorales, cifra que superó los 46 casos registrados durante el proceso electoral de 2022. La organización advirtió además sobre amenazas, agresiones directas, obstáculos institucionales y ataques digitales contra periodistas y medios.
La Fundación también ha señalado que la polarización política y los discursos de estigmatización pueden incrementar los riesgos para quienes ejercen el periodismo. En junio, la FLIP había advertido sobre el ambiente hostil contra la prensa durante la campaña presidencial y sobre el impacto que los señalamientos contra periodistas pueden tener sobre su seguridad.
Un caso que pone a prueba las garantías para la oposición
El atentado contra Barros ocurre en Santa Marta, una ciudad donde la libertad de prensa y el ejercicio periodístico también han sido objeto de alertas. En abril de este año, la FLIP expresó preocupación por declaraciones del alcalde Carlos Pinedo Cuello en las que habló de emprender acciones legales contra periodistas críticos de su administración. La organización recordó entonces que los funcionarios tienen la obligación de garantizar un espacio seguro para el ejercicio de la prensa.
Para la Defensoría del Pueblo, el caso de Barros trasciende la situación individual de la periodista y excandidata, pues cualquier amenaza o agresión contra quienes participan en la vida política afecta derechos como la libertad de expresión, la asociación y la participación ciudadana.
La entidad insistió en que el debate político, el disenso y la existencia de alternativas son elementos esenciales de una democracia pluralista y que ninguna persona debe ser víctima de violencia por sus opiniones, convicciones o actividad política.
Ahora la atención está puesta en las investigaciones de las autoridades para determinar quiénes dispararon contra el vehículo de Naylea Barros, cuáles fueron los móviles del ataque y si las amenazas que, según su denuncia, venía recibiendo desde hace más de tres meses están relacionadas con el atentado.
El desafío para el Estado será no solo identificar y judicializar a los responsables, sino garantizar que Barros pueda continuar ejerciendo su actividad periodística, política y social sin que la violencia termine convirtiéndose en un mecanismo para silenciarla.
