Tutelas, inconsistencias y revisión de las pruebas obligan al Ministerio del Trabajo a frenar la publicación de las listas de elegibles
La Resolución 2714 del 24 de agosto de 2026 acaba de abrir un nuevo capítulo en el polémico concurso para escoger a los integrantes de la Junta Nacional y de las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez.
La decisión del Ministerio del Trabajo es contundente: la publicación definitiva de las listas de elegibles queda aplazada durante 20 días hábiles mientras se realiza una verificación extraordinaria del proceso.
Y aquí aparece una pregunta que merece respuesta: ¿qué ocurrió realmente durante la administración del entonces ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que terminó dejando un proceso que hoy necesita ser revisado de manera integral?
Sanguino fue quien firmó la Resolución 1061 del 10 de abril de 2026, mediante la cual se abrió el concurso público y objetivo para seleccionar a los integrantes de las Juntas de Calificación de Invalidez. Esa convocatoria debía garantizar, entre otros, los principios de mérito, transparencia, igualdad, objetividad e imparcialidad.
Sin embargo, apenas unos meses después, la actual administración del Ministerio del Trabajo decidió poner el freno.
¿Qué encontró el nuevo Ministerio?
La Resolución 2714 habla de acciones de tutela, decisiones judiciales, inconsistencias en la verificación de aspirantes, reclamaciones y la necesidad de revisar la trazabilidad del proceso.
Pero hay un elemento especialmente sensible: el Ministerio ordenó revisar técnicamente lo ocurrido durante la jornada virtual de aplicación de pruebas del 26 de julio de 2026, incluyendo registros de acceso, usuarios con privilegios, mecanismos de custodia, posibles descargas o exportaciones, reportes de incidentes y demás evidencias digitales.
Además, deberá realizarse un cruce de los aspirantes con funcionarios, contratistas o personas vinculadas al Ministerio del Trabajo y a la Universidad de Pamplona que hubieran intervenido en la planeación, estructuración, contratación, supervisión, elaboración de reglas, construcción o custodia de pruebas, administración tecnológica o atención de reclamaciones.
El objetivo es establecer si existieron impedimentos, conflictos de interés o acceso privilegiado a información no pública.
607 inscritos y 329 admitidos
La propia resolución revela que la Universidad de Pamplona reportó 607 personas inscritas, de las cuales 329 fueron admitidas y 278 no admitidas. También se recibieron reportes relacionados con la jornada de pruebas y se consideró que el exministro Antonio Sanguino y su equipo podría haber incurrido en algunas irregularidades durante la selección.
Esto significa que haya existido fraude?
Y precisamente ahí está el punto.
Si todo estaba absolutamente claro, ¿por qué fue necesario ordenar ahora una revisión extraordinaria de la trazabilidad, las pruebas, los accesos, las reclamaciones y los posibles conflictos de interés?
La responsabilidad política que debe explicarse
La Resolución1061 fue expedida cuando Antonio Sanguino estaba al frente del Ministerio del Trabajo. La convocatoria tenía además un antecedente judicial: una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de diciembre de 2023 ordenó al Ministerio realizar el concurso, decisión que posteriormente fue confirmada por el Consejo de Estado.
Por eso, el debate no puede reducirse a quién ganó o quién perdió el concurso.
La pregunta de fondo es si la administración que puso en marcha el proceso garantizó realmente todas las condiciones para que el concurso fuera transparente, verificable y blindado frente a cualquier posibilidad de manipulación.
¿Un “gol” que terminó en revisión?
Todo el proceso de género por unas quejas allegadas a la nueva mintra de trabajo Natalia Eugenia López Fuentes quien durante los próximos 20 días hábiles, someterá el proceso a una revisión integral, que incluye el cumplimiento de las decisiones judiciales y tutelas, la revisión de las admisiones, no admisiones y reclamaciones, así como el cruce de la información de los inscritos con los resultados obtenidos.
También se revisará técnicamente la prueba virtual realizada el 26 de julio y se verificará si entre los aspirantes existen funcionarios, contratistas o personas vinculadas al Ministerio del Trabajo o a la Universidad de Pamplona que hayan tenido alguna participación relevante en la planeación, ejecución, supervisión o manejo del proceso.
La revisión también abarcará los aspectos contractuales y tecnológicos relacionados con la plataforma utilizada. ya que existen serios cuestionamientos sobre supuestas manipulaciones en los que generaron las preguntas y algunos adminitivos cercanos al exministro Antonio Sanguino.
Como parte de esta verificación, la Universidad de Pamplona deberá preservar y entregar al Ministerio toda la información y evidencia relacionada con el concurso, tanto física como digital.
Esto incluye registros de acceso, usuarios administradores, trazabilidad de las pruebas, reclamaciones, modificaciones realizadas al sistema, reportes de incidentes y demás elementos que permitan reconstruir qué ocurrió durante las diferentes etapas del proceso.
En conclusión se está investigando un posible “Gol corrupto” que pretendia meter Sanguino. Además pone en evidencia muchas falencias encontradas en esa cartera producto de supuestos malos manejos orquestados por los salientes funcionarios de esta cartera.
Lo que sí está documentado es que el proceso impulsado mediante la Resolución 1061 terminó siendo objeto de una medida de salvaguarda que aplazó la publicación de las listas definitivas y se ordenó una revisión integral.
Por eso, la verdadera pregunta para el exministro Antonio Sanguino es:
¿Puede explicar al país por qué el concurso que dejó en marcha terminó necesitando una revisión extraordinaria antes de que pudieran publicarse oficialmente sus resultados?
La respuesta de Sanguino y de quienes participaron en la estructuración, contratación y ejecución del proceso será fundamental para determinar si estamos simplemente ante un procedimiento de corrección administrativa o si, por el contrario, la revisión termina revelando una aparente entramado de corrupción más profundas.
Por ahora, una cosa es cierta: el Ministerio del Trabajo decidió no correr el riesgo de publicar unas listas definitivas sin revisar primero lo ocurrido.
Y eso, por sí solo, merece una explicación pública.
Desde El Espacio Noticias hemos venido denunciando y poniendo en conocimiento de las autoridades las posibles irregularidades que hemos identificado del Ministerio en el Trabajo del gobierno Petro.
Esperamos que esta revisión no se quede en anuncios ni en trámites administrativos y que, al final de los 20 días, existan resultados concretos, claridad para los participantes y, si se encuentran responsabilidades, que estas sean establecidas por las autoridades competentes.
Como medio de comunicación seguiremos haciendo seguimiento y ejerciendo nuestro deber de informar, porque la transparencia y el mérito en un concurso público no pueden ser negociables.
