Comparecientes que durante años entregaron información sobre parapolítica, desapariciones y redes criminales aseguran que hoy enfrentan amenazas mientras sus medidas de protección son reducidas o desmontadas.
Una creciente controversia rodea a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a su director, Augusto Rodríguez, en medio de cuestionamientos por el manejo de la entidad y por las decisiones relacionadas con la valoración del riesgo de personas consideradas vulnerables o amenazadas en Colombia.
Las críticas aumentan ahora tras las denuncias formuladas por exintegrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), postulados a la Ley de Justicia y Paz, quienes aseguran estar quedando desprotegidos pese a continuar colaborando activamente con la justicia y aportar información sobre algunos de los episodios más violentos del conflicto armado colombiano.
Los comparecientes sostienen que existe un trato desigual en la asignación y permanencia de esquemas de seguridad. Mientras antiguos integrantes de otros procesos de paz mantienen medidas estatales de protección, varios postulados de Justicia y Paz afirman que sus esquemas han sido reducidos, modificados o desmontados pese a continuar participando en diligencias judiciales y ampliando testimonios sobre masacres, desapariciones forzadas, fosas comunes, parapolítica y redes criminales.
Durante más de una década, las versiones libres entregadas por exAUC permitieron reconstruir parte de la verdad judicial del conflicto armado. Muchos de esos testimonios involucraron a estructuras criminales, actores políticos y sectores económicos con influencia regional, situación que, según denuncian, mantiene vigentes los riesgos en su contra.
Uno de los comparecientes consultados por este medio, exintegrante de estructuras paramilitares que operaron en el departamento del Cesar, aseguró que las amenazas aumentaron después de denunciar ante las autoridades presuntos nexos entre estructuras criminales y sectores políticos e institucionales.
“Las amenazas crecieron después de empezar a hablar. Nosotros conocemos nombres, estructuras y relaciones que todavía generan temor porque muchas de esas personas conservan poder”, afirmó el denunciante, cuya identidad se mantiene bajo reserva por razones de seguridad.
Según su testimonio, pese a haber advertido sobre seguimientos, intimidaciones y riesgos persistentes, el esquema de protección que tenía asignado habría sido desmontado recientemente.
“Nos dicen que debemos demostrar hechos sobrevinientes, pero el riesgo nunca desapareció. Las personas que denunciamos siguen teniendo influencia política, económica y contactos dentro de distintas instituciones”, señaló.
Los “hechos sobrevinientes” y los cuestionamientos a la UNP
De acuerdo con documentos conocidos por este medio, la UNP ha señalado en algunos casos, cualquier nueva valoración de riesgo debe sustentarse en “hechos sobrevinientes”, es decir, situaciones nuevas y verificables que permitan establecer modificaciones extraordinarias en las condiciones de amenaza.
La entidad sostiene que las medidas de protección responden a estudios técnicos individuales y a criterios de riesgo extraordinario o extremo definidos por la normatividad vigente y la jurisprudencia constitucional.
Sin embargo, comparecientes de Justicia y Paz cuestionan que se exijan nuevas amenazas o hechos recientes cuando afirman; el peligro deriva precisamente de las declaraciones judiciales que han entregado durante años sobre estructuras armadas, redes criminales y presuntos vínculos conpoderos que tienen el manejo de la entidades, incluso en la fiscalia seccionales.
Las críticas contra la administración de Augusto Rodríguez también se producen en medio de una larga lista de denuncias, acciones judiciales y tutelas presentadas contra la entidad por personas que aseguran fallas en los procesos de evaluación del riesgo, retrasos en la implementación de medidas, desmontes de esquemas y presuntas deficiencias en la protección de población vulnerable.
Sectores defensores de derechos humanos y beneficiarios de esquemas han cuestionado en distintas oportunidades la manera en que la UNP ha valorado situaciones de amenaza contra líderes sociales, periodistas, firmantes de paz, defensores de derechos humanos y comparecientes vinculados a procesos judiciales sensibles.
Las cifras que alimentan el debate
Foto: Centro Nacional de Memoria Histórica
Entre 2003 y 2006 se desmovilizaron de manera colectiva e individual 35.317 integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el marco del proceso adelantado con el Gobierno Nacional. De ese total, 4.588 exparamilitares fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), mecanismo creado para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición.
Posteriormente, la Ley 1424 de 2010 creó un mecanismo no judicial de contribución a la verdad administrado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad. Según cifras oficiales, el Estado logró recopilar, sistematizar y analizar más de 13.757 testimonios de desmovilizados paramilitares, muchos de ellos relacionados con masacres, desapariciones forzadas, fosas comunes y estructuras de apoyo al paramilitarismo.
Sin embargo, el proceso de reintegración también ha estado marcado por la violencia.
De acuerdo con reportes de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y registros citados por distintos medios nacionales, al menos 2.202 exintegrantes de las AUC habían sido asesinados desde 2003 hasta 2019, cifra equivalente al 7,1 % de los desmovilizados paramilitares.
Los reportes señalan que el periodo más crítico se registró entre 2008 y 2010, cuando fueron asesinados 1.069 exmiembros de las AUC. Al 2026 esa cifra va en aumento.
Las cifras se suman al complejo panorama de violencia que también afecta a líderes sociales y firmantes de otros acuerdos de paz en Colombia.
Organizaciones como Indepaz, Naciones Unidas y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han documentado de manera reiterada asesinatos contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación.
Según cifras citadas por la JEP, más de 450 firmantes del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC habían sido asesinados hasta 2025.
Por su parte las cifras institucionales, la UNP tiene en su ruta individual más de 15.000 personas protegidas y, a través de sus mecanismos colectivos, brinda medidas de seguridad a más de 300 comunidades en diferentes regiones del país.
La población beneficiaria incluye principalmente líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas del conflicto armado, firmantes de paz, servidores públicos y personas amenazadas por estructuras criminales o actores armados ilegales.
Sin embargo, precisamente por el volumen de casos y la complejidad del contexto de seguridad colombiano, aumentan las críticas sobre la manera en que la entidad prioriza riesgos, define niveles de amenaza y decide la continuidad o el desmonte de esquemas de protección.
Sectores defensores de derechos humanos y algunos beneficiarios sostienen que las decisiones de la entidad no siempre logran responder a las realidades territoriales ni al riesgo persistente que enfrentan determinadas poblaciones, especialmente quienes continúan vinculados a procesos judiciales sensibles o denuncian estructuras criminales con capacidad de intimidación.
Sin embargo, comparecientes de Justicia y Paz sostienen que el universo de exAUC protegidos se ha venido reduciendo progresivamente en los últimos años, especialmente en casos donde los beneficiarios continúan compareciendo ante la justicia o denunciando estructuras criminales surgidas tras la desmovilización paramilitar.
¿Responsabilidad del Estado si ocurre una tragedia?
La discusión también empieza a trasladarse a escenarios judiciales. Juristas consultados consideran que algunos de estos casos podrían terminar en manos de jueces de tutela y tribunales, que deberán analizar si el Estado está cumpliendo adecuadamente con su deber de protección frente a personas que continúan colaborando con el esclarecimiento del conflicto armado colombiano.
La pregunta de fondo resulta especialmente delicada: si una persona que entregó información sobre estructuras criminales, denunció alianzas ilegales y alertó reiteradamente sobre amenazas pierde su esquema de protección, ¿qué responsabilidad tendría el Estado en caso de un atentado?
Expertos advierten que, si existían antecedentes verificables de riesgo, advertencias previas o participación activa en procesos judiciales sensibles, podría abrirse un debate sobre presunta omisión institucional y eventuales responsabilidades administrativas o judiciales.
Mientras tanto, crecen los cuestionamientos sobre la manera en que el Estado colombiano protege a quienes, tras abandonar las armas, decidieron colaborar con la justicia y reconstruir sus vidas mediante procesos sociales y comunitarios en regiones donde todavía persisten estructuras criminales y disputas de poder ligadas al conflicto armado.
Según las denuncias conocidas por este medio, varios comparecientes consideran contradictorio que personas que hoy ejercen actividades de liderazgo social, acompañamiento a víctimas o promoción de convivencia sean excluidas o apartadas progresivamente de mecanismos estatales de protección, pese a continuar enfrentando riesgos asociados a su pasado y a la información que conocen sobre estructuras criminales y redes de poder regional.
“Muchos dejaron las armas hace años y hoy trabajan con comunidades, ayudan a víctimas y participan en procesos sociales. Pero sienten que el Estado les está retirando las garantías justo cuando siguen expuestos por todo lo que saben y han denunciado”, señaló una fuente cercana a algunos beneficiarios de Justicia y Paz.
La discusión podría terminar siendo definida por jueces constitucionales, quienes deberán analizar si las decisiones adoptadas por la UNP respetan principios como igualdad, proporcionalidad, confianza legítima y protección reforzada frente a personas que participaron activamente en mecanismos de justicia transicional y continúan colaborando con las autoridades judiciales.
