La crisis humanitaria en la región del Catatumbo continúa agravándose. La Defensoría del Pueblo expresó este lunes su profunda preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el municipio de El Tarra, Norte de Santander, donde nuevos hechos armados provocaron el desplazamiento forzado de cientos de familias campesinas.
De acuerdo con la entidad, hacia el mediodía de este 2 de junio se reportó el desplazamiento de 293 núcleos familiares, equivalentes a 784 personas, provenientes de las veredas Km 84, Km 92, El Mirador, Cañahuate, La Torcoroma, El Salado, Llano Alto y Brisas del Catatumbo.
Las familias abandonaron sus hogares en medio del temor generado por los constantes enfrentamientos y los recientes ataques con explosivos en la zona rural del municipio. La situación mantiene en alerta a las autoridades humanitarias debido al alto riesgo que enfrenta la población civil.
La Defensoría también confirmó que durante este lunes se presentó un nuevo ataque con artefactos explosivos presuntamente lanzados mediante drones, hecho que habría dejado una persona muerta y varias más heridas. Sin embargo, las dificultades de acceso y comunicación en el territorio han impedido verificar plenamente la magnitud de lo ocurrido.
Estos hechos se suman a otros ataques registrados durante la última semana en sectores como Filogringo y La Isla del Cerro, donde también se denunciaron acciones armadas con drones, una modalidad que empieza a generar mayor preocupación en medio del conflicto que afecta al Catatumbo.
La utilización de explosivos lanzados desde drones refleja la escalada tecnológica y militar del conflicto en esta región fronteriza, históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales, economías ilícitas y disputas territoriales.
Organismos defensores de derechos humanos advirtieron que la población campesina está quedando atrapada en medio de las confrontaciones, mientras crece el temor por nuevos desplazamientos y posibles confinamientos en varias comunidades rurales.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para fortalecer las acciones de protección humanitaria, garantizar atención inmediata a las familias desplazadas y adoptar medidas que permitan salvaguardar la vida e integridad de las comunidades afectadas.
La situación en el Catatumbo vuelve a evidenciar la fragilidad de la seguridad en la región y el impacto que el conflicto armado sigue teniendo sobre miles de familias que viven entre el miedo, el abandono estatal y la violencia.
