El asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda volvió a encender las alarmas sobre la grave situación de seguridad que enfrentan los comunicadores en Colombia, especialmente en las regiones golpeadas por el conflicto armado.
La Defensoría del Pueblo confirmó en las últimas horas la muerte del comunicador antioqueño, quien había sido reportado como desaparecido desde el martes mientras realizaba labores periodísticas entre los municipios de Yarumal y Briceño, en el norte de Antioquia..
De acuerdo con información preliminar entregada por autoridades y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, Pérez habría sido retenido por integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc mientras documentaba la situación humanitaria derivada de los enfrentamientos armados que afectan a varias comunidades campesinas de la zona.
Mateo Pérez era director de la revista digital
El Confidente de Yarumal y era reconocido por su trabajo independiente sobre orden público, violencia y denuncias sociales en el norte del departamento. También adelantaba estudios de Ciencia Política y mantenía una activa labor de reportería en territorios de alto riesgo.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) había emitido una alerta horas antes de confirmarse el crimen, advirtiendo sobre la desaparición del periodista y el peligro que enfrentan los comunicadores que cubren el conflicto armado en Antioquia. La organización exigió al Estado activar todos los mecanismos de búsqueda y protección, además de investigar a los responsables del hecho.
La noticia generó una ola de indignación en distintos sectores políticos, sociales y periodísticos del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que este crimen constituye un nuevo ataque directo contra la libertad de prensa y contra el derecho de las comunidades a recibir información en medio de la violencia.
La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato y pidió garantías urgentes para los periodistas que trabajan en regiones dominadas por grupos armados ilegales. Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección y evitar que el miedo silencie a quienes denuncian la realidad de los territorios.
El crimen de Mateo Pérez revive la preocupación por el incremento de amenazas, intimidaciones y agresiones contra periodistas en Colombia, muchos de ellos obligados a cubrir hechos de violencia en condiciones precarias y sin garantías suficientes de seguridad.
Desde distintos sectores del periodismo nacional se elevó un mensaje de rechazo absoluto frente al asesinato del comunicador. “Matar a un periodista es intentar callar la verdad”, expresaron colegas y organizaciones de prensa tras conocerse la confirmación de su muerte.
Mientras avanzan las investigaciones, familiares, amigos y compañeros de Mateo Pérez exigen justicia y reclaman que este caso no quede en la impunidad, como ha ocurrido con numerosos crímenes contra periodistas en el país.
