La salida de Luis Óscar Gálvez como interventor de la Nueva EPS se produce en un momento de alta presión institucional, marcado por fallas en la prestación del servicio, tensiones administrativas y cuestionamientos sobre decisiones contractuales en distintas regiones del país.
La solicitud de renuncia fue realizada por el presidente Gustavo Petro tras evaluaciones sobre el manejo de la entidad, que continúa bajo intervención estatal y atiende a millones de usuarios en el territorio nacional.
Estas situaciones han generado presión desde distintos sectores del sistema de salud, en un escenario donde la intervención no ha logrado estabilizar completamente el funcionamiento de la entidad.
Un contexto de deterioro en la prestación del servicio
La decisión se produce en un escenario de deterioro progresivo en la operación de la Nueva EPS, evidenciado en el aumento sostenido de quejas por parte de los usuarios y en los reportes reiterados de fallas en la prestación de servicios en distintas regiones del país.
Durante los últimos meses, pacientes han denunciado retrasos prolongados en la entrega de medicamentos, incluidos tratamientos esenciales para enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y patologías de alto costo. En varios casos, los usuarios han tenido que acudir a acciones legales para lograr la entrega de fármacos previamente ordenados por sus médicos tratantes.
Las demoras en la autorización de procedimientos médicos se han convertido en otro punto crítico. Intervenciones quirúrgicas, exámenes especializados y consultas con especialistas han presentado tiempos de espera superiores a los establecidos en la normatividad vigente, lo que ha derivado en el agravamiento de condiciones de salud y en el aumento del riesgo para los pacientes.
A esto se suma la cancelación y reprogramación constante de citas médicas sin previo aviso suficiente. Usuarios han reportado traslados innecesarios, pérdida de turnos y dificultades para reagendar atenciones, especialmente en zonas apartadas donde la oferta de servicios es limitada.
El deterioro también ha sido percibido por el personal médico y administrativo de las instituciones prestadoras de servicios de salud, que enfrentan sobrecarga en la demanda, incertidumbre en los pagos y dificultades para garantizar la continuidad en la atención.
Este conjunto de situaciones ha incrementado la presión por parte de pacientes, prestadores, entes de control y actores del sistema de salud, en un contexto en el que la intervención estatal no ha logrado restablecer condiciones estables de operación ni mejorar de manera sostenida los indicadores de calidad en la prestación del servicio.
Un nuevo cuestionamiento: manejo financiero y flujo de recursos
Prestadores de servicios de salud han advertido sobre retrasos en pagos y falta de claridad en el flujo de recursos, situación que impacta directamente la sostenibilidad de clínicas y hospitales que dependen de los giros de la entidad promotora de salud.Este escenario ha generado un impacto directo en la red de prestación de servicios de salud en distintas regiones del país. Instituciones prestadoras de servicios de salud han reportado dificultades sostenidas para mantener su operación debido a la falta de pagos oportunos por parte de la entidad promotora de salud.
En varias zonas, clínicas y centros médicos han advertido sobre la posibilidad de suspender servicios, especialmente aquellos relacionados con atención especializada, hospitalización y entrega de medicamentos de alto costo, ante la imposibilidad de sostener financieramente la atención sin flujo constante de recursos.
Contratación bajo cuestionamiento
Em medio de todos los cuestionamientos que ha rodeado al interventor, está relacionado con la intención de adjudicar un contrato en La Guajira a una institución prestadora de atención en salud mental que no contaría con los requisitos necesarios para operar, pese a estar activa en la plataforma del Ministerio de Salud y protección social. Se trata de TRASCENDER SALUD IPS S.A.S., ubicada en Riohacha.
De acuerdo con el registro oficial, la entidad aparece inscrita como prestadora privada, con sede principal en zona rural, específicamente en el sector El Patrón, kilómetro uno vía Batallón. La fecha de apertura registrada corresponde al año 2024, lo que indica un tiempo de operación reciente dentro del sistema de salud.
De acuerdo con versiones conocidas en el sector, la institución no tendría habilitación completa ni capacidad técnica demostrada, lo que ha llevado a que sea señalada como una posible entidad sin operación real.
A pesar de estas alertas, la Nueva Entidad Promotora de Salud habría mantenido su interés en avanzar con el contrato, lo que generó inquietudes sobre la rigurosidad de los procesos de verificación y la transparencia en la asignación de recursos.
El caso no ha sido aclarado públicamente en detalle, lo que deja interrogantes abiertos sobre los criterios utilizados en dicha contratación.
A los señalamientos por contratación se suma otro frente de preocupación relacionado con el manejo financiero de la entidad.
La acumulación de cartera se ha convertido en uno de los principales factores de presión. Prestadores señalan que las deudas se han extendido durante meses sin una programación clara de pagos, lo que ha afectado la compra de insumos, el pago de personal médico y la continuidad de contratos con proveedores.
Esta situación repercute de manera directa en los pacientes, quienes enfrentan interrupciones en tratamientos, retrasos en procedimientos y barreras adicionales para acceder a servicios esenciales, en particular en casos de enfermedades crónicas y de alto riesgo.
La ausencia de información detallada y verificable sobre la ejecución de los recursos durante el proceso de intervención ha incrementado la incertidumbre dentro del sistema. Actores del sector han señalado la necesidad de mayor transparencia en la administración de los fondos, así como claridad en los criterios de priorización de pagos y contratación de servicios.
Una salida que abre más preguntas
La renuncia de Gálvez se da sin un balance público completo de su gestión, lo que deja abiertos varios interrogantes sobre el estado real de la intervención y los resultados alcanzados.
El Gobierno deberá definir el reemplazo en un contexto complejo, donde la estabilidad de la Nueva Entidad Promotora de Salud es clave para millones de usuarios.
Mientras tanto, los cuestionamientos sobre contratación, control institucional y manejo de recursos continúan sin respuestas concluyentes, en medio de una crisis que sigue impactando la prestación del servicio de salud en el país.
