El respeto por la vida y la institucionalidad democrática muestra avances en el debate público de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia. Sin embargo, el uso de lenguaje violento, la estigmatización y la circulación de información no verificada continúan siendo los principales desafíos del proceso electoral, según el primer informe de seguimiento al Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia
El reporte fue presentado por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE), con el acompañamiento de la Conferencia Episcopal y el respaldo de organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El análisis cubre el periodo comprendido entre el 15 de julio y el 15 de diciembre de 2025.
El Compromiso, de carácter voluntario, fue suscrito por 27 precandidaturas presidenciales y busca fortalecer la democracia, prevenir la violencia política y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía durante la contienda electoral de 2026.
Avances desiguales en el cumplimiento del compromiso
De acuerdo con el informe, las precandidaturas que firmaron el Compromiso alcanzaron un nivel general de avance del 81,7 %. En contraste, aquellas que no lo suscribieron registraron un 56,4 % de alineación con los principios evaluados, sin que esto implique una medición formal de cumplimiento.
Los resultados, según la Defensoría, evidencian que la adopción de compromisos éticos contribuye a mejorar la calidad del debate público, aunque no garantiza por sí sola un entorno plenamente democrático y libre de riesgos.
Protección de la vida y respeto institucional
El bloque relacionado con la protección de la vida y la promoción de la no violencia en la política alcanzó un 82,1 % de avance. El informe identifica buenas prácticas como la adopción de principios y protocolos de prevención de la violencia política. No obstante, persisten vacíos en la protección efectiva de mujeres, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y grupos étnicos.
En cuanto a la institucionalidad democrática, el nivel de avance fue del 92,6 %, el más alto entre los cuatro bloques evaluados. Este apartado refleja un amplio respeto por la Constitución, la ley y las autoridades electorales. El principal reto señalado es preservar la confianza ciudadana y evitar que la dinámica electoral debilite la legitimidad del sistema democrático.
El debate público, el punto más crítico
El mayor rezago se presenta en el bloque de debate plural y democrático, con un nivel de avance del 45,2 %. Según el informe, aunque existen esfuerzos por promover prácticas comunicativas responsables, persisten riesgos asociados a la polarización, el uso de lenguaje agresivo, la estigmatización y la difusión de información no verificada, especialmente en entornos digitales.
Este aspecto es considerado central por la Defensoría, al advertir que el lenguaje violento en el debate político ha sido históricamente un factor que precede escenarios de violencia física en el país.
Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que el seguimiento no busca establecer responsabilidades directas entre el discurso político y hechos violentos, sino llamar a una actitud preventiva que contribuya a un ambiente electoral más seguro.
Inclusión y futuro de la política
El bloque denominado Buen futuro para la política registró un 77 % de avance. El informe reconoce progresos en el discurso sobre inclusión de juventudes y poblaciones históricamente excluidas, como comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, personas con discapacidad y población migrante. Sin embargo, señala brechas entre el reconocimiento simbólico y la participación efectiva, así como debilidades en el respaldo a la protesta pacífica.
Recomendaciones al Estado y a los actores políticos
Entre las principales recomendaciones, la Defensoría del Pueblo instó a las precandidaturas, partidos y movimientos políticos a fortalecer los protocolos de prevención de la violencia política, promover un lenguaje respetuoso y no estigmatizante y garantizar la difusión de información veraz y verificable.
A las instituciones del Estado, el informe recomienda implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, reforzar la confianza en la institucionalidad electoral y fortalecer las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica de los conflictos.
El organismo de control concluyó que el Compromiso por un proceso electoral libre y en paz debe convertirse en una regla de juego para las elecciones de 2026, como un estándar mínimo de responsabilidad política que permita defender la democracia y garantizar un proceso plural, seguro y respetuoso de los derechos fundamentales.
