El asesinato de Diomedes Mejía Navarro, líder social y campesino del Magdalena, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y el movimiento agrario, debido a su rol activo en procesos de reclamación de tierras en una región históricamente afectada por la violencia y la disputa por la propiedad rural.
De acuerdo con algunas versiones, el asesinato de Diomedes Mejía Navarro ocurrió en un contexto de alto riesgo para líderes sociales en San Sebastián de Buenavista (Magdalena), previamente advertido por la Defensoría del Pueblo mediante alertas tempranas vigentes.
La organización señala la presencia y accionar de grupos armados ilegales, como el autodenominado EGC o Clan del Golfo y bandas de carácter local, así como la imposición de normas y control social sobre la población, factores que configuran un escenario persistente de violaciones a los derechos humanos y que explican por qué este homicidio se suma al registro de líderes sociales asesinados en lo que va de 2026
Mejía fue hallado sin vida con impactos de arma de fuego, y junto a su cuerpo apareció un mensaje intimidante, un elemento que refuerza la tesis de que el crimen tendría un trasfondo más allá de un hecho aislado de violencia común.
Contexto del liderazgo social
Diomedes Mejía participaba en procesos de reclamación y defensa de tierras campesinas, algunos de ellos relacionados con predios que han estado bajo investigación judicial y administrativa por presuntos vínculos con despojo, acumulación irregular o extinción de dominio. En ese marco, su liderazgo lo convirtió en una figura visible dentro de conflictos agrarios sensibles.
Uno de los procesos más mencionados en el contexto del caso al parecer involucra tierras que han sido asociadas públicamente al nombre de Jorge Luis Alfonso López, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López, conocida como “La Gata”. Aunque no existe pronunciamiento judicial que relacione directamente a estas personas con el crimen, el contexto de las disputas agrarias ha sido señalado como un factor relevante para las investigaciones.
Represalia por procesos de reclamación de tierras
Una de las principales hipótesis apunta a que el asesinato estaría relacionado con su participación activa en reclamaciones de tierras, las cuales suelen afectar intereses económicos y políticos de alto valor. En varias regiones del país, líderes campesinos han sido atacados tras impulsar procesos de restitución o recuperación de predios.
Mensaje intimidatorio a otros líderes sociales
La aparición de un mensaje junto al cuerpo sugiere que el crimen pudo tener una intención ejemplarizante. Este tipo de homicidios busca, en algunos casos, generar miedo colectivo y frenar la organización campesina o la continuidad de procesos legales de reclamación.
Accionar de estructuras armadas o criminales locales
Otra línea de análisis considera la posible participación de grupos armados ilegales o estructuras criminales que ejercen control territorial y económico. Estas organizaciones suelen intervenir en conflictos por la tierra, actuando como “protectores” de intereses privados o como actores que buscan mantener el control del territorio.
Conflictos locales no esclarecidos
Las autoridades también deberán evaluar si existían disputas personales, comunitarias o locales que, sin estar directamente relacionadas con los procesos de tierras, pudieran haber escalado en un contexto de alta violencia rural. Esta hipótesis no ha sido descartada oficialmente.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido conclusiones definitivas sobre los responsables ni el móvil del crimen. Organizaciones sociales han solicitado que el caso sea investigado bajo el enfoque de homicidio contra líder social, lo que implicaría un análisis integral del contexto territorial, económico y de seguridad.
El asesinato de Diomedes Mejía se suma a una serie de homicidios de líderes sociales en zonas rurales del Caribe colombiano, donde la disputa por la tierra, la debilidad institucional y la presencia de actores armados continúan siendo factores de alto riesgo.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de garantías reales de protección para líderes campesinos, así como el esclarecimiento de los conflictos estructurales que rodean la tenencia de la tierra en Colombia.
Siguen el asesinato históricos de líderes en Colombia
Según los registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 han sido asesinados más de 1.600 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra quienes ejercen liderazgos comunitarios, campesinos, indígenas, afrodescendientes y sociales en distintas regiones del país. Indepaz ha advertido que, año tras año, se mantiene un patrón sostenido de homicidios, con decenas de casos anuales, especialmente en zonas rurales donde confluyen disputas por la tierra, economías ilegales, débil presencia estatal y control territorial de actores armados ilegales.
En lo que corrido de este nuevo año 2026, Indepaz ha registrado al menos siete (7) líderes sociales asesinados, un conteo que incluye casos ocurridos desde comienzos del año y refleja la continuación de la violencia contra defensores comunitarios en varias regiones del país.
