Cada mañana, miles de guardianes del sistema penitenciario colombiano salen de sus casas sin la certeza de volver. No es una metáfora. En los últimos meses, la violencia contra el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha convertido su labor en una de las más riesgosas del servicio público. En ese contexto, la seguridad dejó de ser un concepto abstracto y se volvió una necesidad urgente, casi vital.
Este lunes, en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Bogotá, La Modelo, el Gobierno Nacional realizó una entrega de dotación por más de 16 mil millones de pesos destinada a fortalecer la protección del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC. Pistolas, chalecos antibalas, camisetas de protección y máscaras fueron entregadas como parte de una estrategia que busca reducir los riesgos que enfrentan los funcionarios en servicio.
Pero más allá de las cifras y los equipos, el acto dejó al descubierto una realidad incómoda: la dotación es necesaria, pero no suficiente.
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, lo dijo sin rodeos. Agradeció la inversión, pero reconoció que el nivel de amenaza que hoy enfrentan directivos y guardianes supera cualquier medida aislada. “Nos siguen matando a los directivos y siguen atentando contra la vida del personal de custodia”, afirmó, en un llamado que fue más advertencia que discurso.
La entrega 315 pistolas, 2.000 máscaras de protección, 400 chalecos antibalas y 324 camisetas antibalas, representa un alivio parcial para quienes trabajan en los establecimientos de reclusión del país. Son elementos certificados internacionalmente, modernos y alineados con estándares profesionales.
Sin embargo, para muchos guardianes, el problema va más allá del equipamiento: se trata de garantías reales para ejercer su labor sin ser blanco permanente de la violencia criminal.
Desde el Gobierno se recuerda que en 2025 se firmó un CONPES orientado a la humanización del sistema carcelario y que se amplió la prima de riesgo al personal administrativo del INPEC. Medidas importantes, sí, pero que no han logrado frenar los atentados ni devolver la tranquilidad a quienes custodian uno de los eslabones más sensibles del Estado.
“El sistema penitenciario no está hecho de muros, sino de personas”, señaló el director encargado de la USPEC, Rafael Alfonso Sanguino. Personas que enfrentan jornadas extensas, presión constante y amenazas que no se quedan en los pasillos de las cárceles, sino que alcanzan sus hogares y familias.
La ceremonia cerró con un mensaje institucional de respaldo. Pero entre los uniformes y los chalecos nuevos quedó flotando una pregunta inevitable: ¿cómo proteger verdaderamente a quienes protegen al Estado desde adentro de las cárceles?
La dotación es un paso. El reconocimiento del riesgo, otro.
El desafío pendiente es que la seguridad deje de ser una reacción tardía y se convierta en una política integral que ponga la vida de los guardianes en el centro, no solo del discurso, sino de las decisiones.
