El Gobierno colombiano aseguró que no permitirá que desde los centros penitenciarios del país se realicen extorsiones, luego de las denuncias hechas por autoridades de El Salvador, que señalan que llamadas extorsivas dirigidas a ciudadanos salvadoreños tendrían origen en cárceles de Colombia.
La respuesta oficial fue emitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que calificó como inaceptable que el sistema penitenciario sea utilizado para cometer delitos, dentro o fuera del territorio nacional. El pronunciamiento se dio tras declaraciones del gobierno salvadoreño, encabezado por el presidente Nayib Bukele, quien afirmó que estructuras criminales estarían operando desde cárceles colombianas mediante estafas telefónicas.
Medidas anunciadas por el Gobierno colombiano
Desde el Ministerio de Justicia se indicó que ya se adoptaron acciones inmediatas para enfrentar esta situación. Entre ellas, el bloqueo de señal celular en varios establecimientos penitenciarios, el fortalecimiento de los controles internos y la apertura de investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
El ministro encargado señaló que ningún director de cárcel que tolere irregularidades permanecerá en el cargo y que se avanzará en la identificación de los responsables, en coordinación con otras autoridades del Estado. Asimismo, enfatizó que el uso de celulares al interior de las prisiones sigue siendo uno de los principales retos del sistema penitenciario colombiano.
Denuncias desde El Salvador
Las autoridades salvadoreñas han sostenido que llamadas fraudulentas y extorsivas recibidas por ciudadanos en su país tendrían origen en la cárcel de Cómbita, en el departamento de Boyacá, donde se habrían detectado múltiples dispositivos móviles activos. Según el Gobierno de El Salvador, estas llamadas no corresponden a secuestros u operaciones armadas, sino a estafas telefónicas que buscan obtener dinero mediante engaños.
El Ejecutivo salvadoreño pidió cooperación internacional y mayor control por parte de Colombia, argumentando que este tipo de delitos transnacionales afectan la seguridad regional.
Cooperación y verificación de la información
El Ministerio de Justicia colombiano aseguró que verificará la información suministrada por El Salvador y que se mantendrán canales de diálogo entre ambos gobiernos para esclarecer los hechos. La cartera reiteró que Colombia no permitirá que organizaciones criminales utilicen las cárceles como centros de operación delictiva.
Las autoridades insistieron en que, aunque el fenómeno de las extorsiones telefónicas no es nuevo, la respuesta del Estado debe ser contundente, tanto para proteger a las víctimas como para preservar la credibilidad institucional.
El episodio reabre el debate sobre el control efectivo de las cárceles en América Latina y el impacto que las economías criminales tienen más allá de las fronteras. Mientras El Salvador exige resultados concretos, Colombia enfrenta el reto de demostrar que su sistema penitenciario no será plataforma para delitos internacionales.
Por ahora, ambos gobiernos coinciden en un punto: la extorsión no puede normalizarse y debe ser enfrentada con medidas firmes, cooperación y transparencia.
