La Federación Colombiana de Municipios lanzó una alerta nacional tras conocer la decisión del Gobierno de reducir en un 48,8 % los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), una medida que, según advierte, pone en riesgo la prestación de servicios esenciales como educación, salud, agua potable y programas sociales en cientos de municipios del país.
El SGP constituye la principal fuente de financiación territorial para garantizar derechos fundamentales de la ciudadanía. A través de estos recursos se sostiene el funcionamiento de colegios públicos, hospitales y centros de salud, programas de alimentación escolar, transporte estudiantil, acueductos, y la atención a poblaciones vulnerables, especialmente en municipios de sexta categoría y zonas rurales.
Una reducción histórica en las transferencias
De acuerdo con la Federación, el recorte se evidencia en la última transferencia del SGP, que pasó de $2,1 billones en el mismo periodo de 2024 a $1,09 billones en 2025, lo que representa casi la mitad del presupuesto con el que venían operando las administraciones locales.
Este ajuste abrupto supone un golpe directo a las finanzas municipales, que ya enfrentan presiones por el aumento de costos operativos, obligaciones laborales y demandas sociales crecientes.
Advertencias desde los municipios
El director ejecutivo de la Federación, Gilberto Toro Giraldo, cuestionó el fundamento jurídico de la decisión y advirtió sobre sus consecuencias:
“Esta decisión está fundamentada en una interpretación inconstitucional de la norma e impacta fuertemente las finanzas de los municipios, que se verán obligados a recortar programas sociales fundamentales para el bienestar de la gente”.
En la misma línea, el alcalde de Soacha y presidente de Fedemunicipios, Julián Sánchez Acosta, conocido como ‘Perico’, señaló que la disminución compromete seriamente la garantía de derechos:
“En la última doceava del año 2025 los recursos del SGP se redujeron en un 48,8 % frente a 2024, pasando de 2,1 billones de pesos a 1,09 billones, lo que constituye un importante golpe fiscal a las finanzas municipales y compromete la garantía de los derechos de millones de ciudadanos”.
Sin margen de maniobra para los alcaldes
La Federación enfatiza que los municipios no cuentan con fuentes alternativas para compensar un recorte de esta magnitud. La mayoría de las administraciones locales dependen en alto grado de las transferencias nacionales y tienen limitada capacidad de recaudo propio, lo que deja a los alcaldes sin margen de maniobra presupuestal.
En la práctica, esto podría traducirse en menos cupos escolares, reducción de jornadas educativas, cierre de servicios de salud, suspensión de programas sociales y afectaciones directas a comunidades rurales, niños, adultos mayores y población en condición de vulnerabilidad.
Llamado urgente al Gobierno Nacional
Ante este panorama, la Federación Colombiana de Municipios expresó su profunda preocupación por el grave recorte a las transferencias del Sistema General de Participaciones previstas para la vigencia 2026, e hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que revise y rectifique esta decisión.
El gremio municipal insiste en que garantizar los recursos del SGP no es solo un asunto fiscal, sino un compromiso constitucional del Estado con la descentralización, la equidad territorial y el acceso efectivo de la ciudadanía a sus derechos básicos.
“Sin recursos suficientes, los municipios no pueden cumplir la función que la Constitución les asigna”, concluye el pronunciamiento.
