Preocupación por condiciones laborales y atención en urgencias
Los cambios administrativos realizados de manera urgente a finales de noviembre de 2025 en los hospitales Universitaria del Atlántico ESE (UNA) y Rosario Pumarejo de López de Valledupar, ambos intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud, generaron sorpresa y preocupación entre sectores médicos, administrativos y sindicales, debido a la falta de explicaciones públicas detalladas sobre los motivos de dichas decisiones.
Las medidas se produjeron tras la llegada del nuevo superintendente, Bernardo Camacho, quien ordenó el relevo de los equipos interventores que venían acompañando procesos de mejoramiento financiero, reducción de pasivos y reorganización interna, según reportes previos de las propias ESE.
Designación de interventores y señalamientos de vínculos políticos
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, los hospitales intervenidos quedaron bajo la dirección de interventores con presuntas afinidades políticas y trayectorias que han sido objeto de cuestionamientos en escenarios públicos y políticos, lo que ha generado inquietudes sobre la independencia técnica de las decisiones adoptadas por la Supersalud.
Las versiones recabadas señalan que los nombramientos estarían relacionados con estructuras políticas cercanas a Claudia Romero, sexta en la lista a la Cámara por Bogotá del Pacto Histórico, y a su pareja, David Ballen, exconcejal de Bogotá y actual candidato al Senado por el Frente Amplio.
Antecedentes y controversias políticas
En el caso de Claudia Romero, fuentes políticas recuerdan que su nombre ha sido mencionado en debates internos del Pacto Histórico relacionados con la distribución de avales, apoyos electorales y conformación de listas, escenarios en los que distintos sectores han advertido sobre la mezcla entre proyectos políticos y cuotas administrativas, una práctica que el propio movimiento ha dicho querer erradicar.
Por su parte, David Ballen ha sido una figura conocida en el escenario político bogotano por su tránsito entre distintas colectividades, incluyendo su paso por el Partido de la U, antes de integrarse al proyecto del Frente Amplio. Este recorrido ha sido objeto de cuestionamientos políticos, especialmente en lo relacionado con alianzas electorales, respaldos cruzados y reconfiguración de apoyos, más que por sanciones judiciales o disciplinarias.
Analistas consultados señalan que este tipo de trayectorias, si bien no constituyen faltas legales, suelen generar alertas cuando coinciden con decisiones administrativas en entidades públicas sensibles, como hospitales intervenidos, donde la prioridad debería ser, según estándares técnicos la experiencia en gestión hospitalaria y no las cercanías políticas.
Las fuentes advierten que la preocupación no radica exclusivamente en los nombres mencionados, sino en la posible instrumentalización política de la figura de la intervención, diseñada originalmente para proteger servicios esenciales y sanear instituciones en crisis, no para redistribuir poder burocrático.
Actores privados señalados en el control operativo
En este contexto aparecen dos actores del sector privado que, según versiones recogidas por este medio, tendrían influencia directa en la operación de las ESE intervenidas: Liliana Rodríguez, propietaria de la empresa Comprolab Y Heder Xiquez, propietario de LatamCure, firma dedicada a la provisión de medicamentos, dispositivos médicos e insumos quirúrgicos.
Según estas fuentes, el control administrativo de los hospitales habría quedado dividido: La UNA del Atlántico bajo la influencia de Liliana Rodríguez, a través de la interventora Maryolis Díaz Céspedes, oriunda de Villavicencio y el Hospital Rosario Pumarejo de López bajo la órbita de Heder Xiquez, con la designación de Anselmo Hoyos, procedente del Atlántico.
Fuentes internas de las ESE aseguran que, tras la intervención, se habrían establecido acuerdos políticos no formalizados para la asignación de contratos y cargos.
Uno de los nombres mencionados es el de Camilo Quiroz Hinojosa, excandidato a la Alcaldía de Valledupar, quien según estas versiones habría recibido la promesa de un número significativo de contratos en la UNA, en el marco de apoyos políticos a sectores del Partido Liberal, donde figura la candidatura de Mello Castro, con Darling Guevara como cuota política.
De igual manera, se menciona un acuerdo con Alexis Lacouture, a quien, asegura las fuentes, se le habría ofrecido un número aproximado de 250 puestos con el objetivo de fortalecer respaldos electorales a la lista al Senado del Frente Amplio, en particular a la candidatura de David Ballen.
Uno de los puntos más delicados del informe tiene que ver con presuntas irregularidades financieras. Fuentes de la ESE Universitaria del Atlántico (UNA) advierten que recursos públicos estarían siendo supuestamente desviados, a través de contratación, compra de insumos y pagos a terceros, hacia intereses particulares.
Estas versiones no han sido confirmadas por entes de control, pero trabajadores y voceros sindicales señalan que los flujos financieros actuales no se reflejan en mejoras operativas, abastecimiento pleno ni fortalecimiento del talento humano, lo que ha despertado alertas internas.
Lo que más inquieta a distintos sectores es que ambos hospitales venían mostrando avances en saneamiento financiero, reorganización administrativa y recuperación de servicios, logros que ahora según las fuentes podrían estar en riesgo debido a decisiones apresuradas y a una posible politización de la intervención.
Ante la gravedad de los señalamientos, fuentes médicas y administrativas consultadas hacen un llamado a la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía para que se revisen:
Los criterios de selección de los interventores.
Los contratos suscritos tras la intervención.
El manejo de recursos públicos de ambas ESE.
Médicos denuncian falta de personal y retrasos salariales
Además de los cambios administrativos, el inconformismo entre el personal asistencial ha venido en aumento, según múltiples versiones recogidas por este medio en canales internos de comunicación del hospital y a través de testimonios directos de trabajadores.
Médicos generales, personal de enfermería y otros profesionales de la salud advierten sobre turnos críticos sin el personal mínimo requerido, retrasos prolongados en el pago de salarios y contradicciones entre los comunicados oficiales y la realidad laboral.
De acuerdo con estas versiones, algunos servicios de urgencias han operado con un solo médico general a cargo, apoyado únicamente por internos, sin el respaldo suficiente de personal asistencial, situación que según señalan compromete la atención oportuna de emergencias vitales.
En mensajes internos conocidos por este medio, profesionales expresan su preocupación por asumir cargas asistenciales que exceden sus capacidades operativas, dejando constancia de que eventuales desenlaces adversos no pueden ser atribuidos a su actuación individual, sino a la falta de recursos humanos dispuesta por la administración.
Versiones contradictorias
El malestar se extiende al ámbito salarial. Trabajadores aseguran que llevan hasta cuatro meses sin recibir su salario, especialmente médicos generales, enfermeras jefes, bacteriólogos y fisioterapeutas, mientras que otros grupos laborales sí habrían recibido pagos parciales o completos.
Según los testimonios, la administración habría afirmado públicamente que los pagos ya se realizaron, versión que es rechazada por los trabajadores, quienes aseguran que los recursos no se reflejan en sus cuentas bancarias, incluso en entidades donde los pagos se registran de forma inmediata.
“Lo que más indigna es que se insista en que nos pagaron cuando sabemos que no es así”, expresó uno de los profesionales consultados, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias laborales.
Los mensajes internos también evidencian reclamos reiterados dirigidos a directivos locales y a la gerencia interventora, solicitando explicaciones sobre los giros realizados, el papel de las empresas temporales y los criterios de priorización de pagos.
Hasta el momento, los trabajadores aseguran no haber recibido una respuesta clara ni verificable, más allá de comunicados generales que, según ellos, no coinciden con la situación real del personal médico y asistencial.
Por otro lado, las versiones recogidas coinciden en describir un ambiente laboral marcado por la frustración, el agotamiento y la incertidumbre, en medio de una intervención que según los trabajadores no se ha traducido en mejoras para el talento humano ni en condiciones mínimas de seguridad asistencial.
