El reciente cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro e Iván Mordisco, máximo jefe de las disidencias de las antiguas Farc, vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles para Colombia y la región: el papel de los grupos armados ilegales en un contexto de tensiones internacionales y crisis fronterizas.
La controversia se originó tras la difusión de un video en el que Iván Mordisco convoca a distintas organizaciones armadas ilegales a conformar una alianza regional para enfrentar lo que denomina una “agresión militar de los Estados Unidos”. El llamado incluye a estructuras como el Ejército de Liberación Nacional, la Segunda Marquetalia y otros grupos con presencia en zonas de frontera.
La respuesta del Gobierno
Horas después, el presidente Petro reaccionó a través de su cuenta en la red social X. En un mensaje de tono crítico, afirmó que la propuesta de unificación armada no representa una defensa legítima de Colombia, Venezuela ni de América Latina. Por el contrario, advirtió que este tipo de alianzas terminan convirtiéndose en la “excusa perfecta para la agresión”, al reforzar narrativas que justifican intervenciones externas.
Desde la óptica del mandatario, el problema central no es ideológico sino estructural: el narcotráfico. Petro insistió en que las disidencias y otros grupos armados han terminado subordinando su accionar a economías ilegales, lo que debilita cualquier discurso político y agrava la violencia en los territorios. En ese sentido, señaló que incluso pueden existir intereses económicos ocultos que busquen desestabilizar procesos democráticos y afectar la libertad electoral en la región.
Una mirada regional
Lejos de promover una confrontación entre bloques armados, el jefe de Estado planteó una alternativa basada en la cooperación entre los Estados y sus fuerzas legítimas. Según Petro, la verdadera defensa de América Latina pasa por la unidad institucional y por enfrentar de manera conjunta a los actores que alimentan la violencia transnacional, en especial el narcotráfico armado.
Este enfoque también se refleja en el anuncio de un próximo encuentro con Delcy Rodríguez, a quien el presidente colombiano ha invitado a dialogar sobre seguridad fronteriza. Las zonas limítrofes entre Colombia y Venezuela siguen siendo escenarios complejos, donde confluyen grupos armados ilegales, economías ilícitas y poblaciones civiles que padecen los efectos del conflicto.
Más allá del discurso
El intercambio entre Petro y Iván Mordisco evidencia dos visiones opuestas. Por un lado, la narrativa insurgente que busca reagruparse bajo un discurso antiimperialista; por el otro, la postura de un Gobierno que, aunque crítico de las intervenciones extranjeras, rechaza cualquier legitimación de actores armados ilegales y apuesta por soluciones estatales y regionales.
En medio de este pulso discursivo, las comunidades en los territorios afectados continúan siendo las más vulnerables. Para ellas, más allá de los mensajes políticos o militares, la expectativa sigue siendo la misma: seguridad, presencia del Estado y alternativas reales frente a la violencia y la ilegalidad.
El debate, por ahora, queda abierto. Entre llamados a la unidad armada y advertencias desde el poder ejecutivo, Colombia vuelve a enfrentarse a una pregunta de fondo: ¿quién puede hablar en nombre de la defensa regional sin reproducir las mismas dinámicas de violencia que se dicen combatir?
