Una compleja red de corrupción integrada por funcionarios activos, exfuncionarios públicos y particulares fue desmantelada por la Fiscalía General de la Nación, tras una investigación adelantada por un Grupo de Tareas Especiales creado para combatir prácticas ilegales al interior de la entidad.
Según el ente acusador, nueve personas fueron capturadas en operativos simultáneos realizados en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta). Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios activos de la Policía Nacional, dos servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y tres exintegrantes de la Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
Funcionarios usaban su cargo para exigir sobornos
De acuerdo con la investigación, los capturados habrían aprovechado sus funciones como policías judiciales para exigir sumas de dinero que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos, con el fin de direccionar procesos relacionados con lavado de activos y extinción de dominio.
Las exigencias económicas, según la Fiscalía, fueron dirigidas a un ciudadano que cumplió una condena en Estados Unidos y a miembros de su familia. A cambio del pago, los presuntos responsables ofrecían evitar la imposición de medidas cautelares sobre bienes, impedir órdenes de captura y frenar actuaciones judiciales en su contra.
Exhibían información reservada para presionar pagos
El ente investigador documentó hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025, en los que algunos de los implicados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, mostrando información reservada de procesos judiciales que aún no se ejecutaban, como mecanismo de presión para intensificar los cobros ilícitos.
Además, se estableció que los integrantes de la red eliminaron evidencias y elementos materiales probatorios, con el propósito de alterar el curso normal de las investigaciones y obstaculizar la acción de la justicia.
La Fiscalía también señaló que los capturados habrían constreñido testigos, obligándolos a entregar información falsa sobre los familiares del ciudadano afectado, como represalia por no acceder a las exigencias económicas.
Incluso, uno de los investigadores líderes del caso habría sido intimidado para permitir el acceso irregular a detalles confidenciales de los procesos.
Delitos imputados
Los fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán a los capturados, según su grado de participación, los delitos de:
- Concierto para delinquir
- Concusión
- Falsedad ideológica en documento público
- Fraude procesal
- Tráfico de influencias
- Acceso abusivo a sistema informático
- Amenazas a servidor público
- Abuso de autoridad por acto arbitrario
La Fiscalía indicó que esta información se divulga por razones de interés general, en atención a la gravedad de los hechos y al impacto que estas conductas tienen sobre la confianza ciudadana en la administración de justicia
