La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, atraviesa una de las crisis humanitarias más graves de los últimos años. Desde el pasado 16 de enero de 2025, los municipios de Tibú y El Tarra se han convertido en el epicentro de intensos enfrentamientos entre grupos armados ilegales, situación que ha derivado en desplazamientos masivos, confinamientos, violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la crisis ha generado más de 78.000 desplazamientos forzados, como consecuencia directa de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc, particularmente el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF).
La Defensoría emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, advirtiendo un escenario de riesgo extremo y vulneración masiva de derechos humanos, especialmente en la cabecera urbana de Tibú y en corregimientos como La Gabarra, Pachelli y Campo Dos, así como en varias veredas rurales.
El informe señala que el control territorial ejercido por los grupos armados se mantiene mediante la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y regulación de la vida comunitaria, configurando un escenario de doble autoridad armada ilegal. A esto se suma la coexistencia de economías legales e ilegales —como explotación petrolera, minería informal y cultivos ilícitos—, en un contexto de débil presencia estatal.
Desplazamientos, confinamientos y ataques con drones
Durante el mes de diciembre se registraron nuevos hechos de violencia. El 14 de diciembre, enfrentamientos en zonas rurales de Tibú y El Tarra provocaron el desplazamiento de al menos 74 familias. Posteriormente, el 17 de diciembre, cerca de 1.500 familias quedaron confinadas en el corregimiento de Pachelli, afectando a unas 6.000 personas, tras un paro armado declarado por el ELN.
La situación se agravó con el uso recurrente de drones en acciones armadas, especialmente en el corregimiento Filo Gringo, donde las comunidades han quedado atrapadas sin posibilidad de desplazarse. Entre el 22 y el 26 de diciembre, un nuevo evento de desplazamiento masivo dejó 223 personas fuera de sus hogares en el kilómetro 16 de Tibú.
Actualmente, continúan llegando familias desplazadas a Cúcuta y al casco urbano de Tibú, mientras líderes comunitarios advierten sobre un posible subregistro debido a la imposibilidad de acceder a varias zonas por razones de seguridad.
Capacidades institucionales desbordadas
La Defensoría del Pueblo alertó que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no cuentan con capacidad presupuestal ni logística suficiente para atender de manera sostenida la emergencia humanitaria. La terminación de contratos del personal de atención y del operador logístico ha dificultado la entrega de ayudas, censos y alojamiento temporal.
Ante este panorama, el organismo de control reiteró la urgencia de corredores humanitarios, una respuesta inmediata de la Unidad para las Víctimas y una evaluación rigurosa de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) autorizada para el Frente 33, debido a los riesgos que implica su implementación en medio de un conflicto activo.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Gobierno nacional, a las autoridades territoriales y a los grupos armados ilegales para cesar de inmediato las hostilidades, respetar el DIH y proteger a la población civil, que continúa siendo la principal víctima de una confrontación que no da tregua en el Catatumbo.
