El concurso de méritos 2024 fue anunciado como una oportunidad para devolverle credibilidad a la justicia y abrir las puertas a quienes, durante años, han esperado competir en igualdad de condiciones por un cargo público. Sin embargo, hoy ese mismo proceso queda atravesado por una historia que nace desde el interior de la Fiscalía y que pone en entredicho la coherencia entre el discurso institucional y la práctica real.
William Fernando Orlando Jaiquel, exdirector de la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación, enfrenta una imputación por el delito de fraude procesal, presuntamente, haber engañado a la entidad para evitar que su cargo entrara en la convocatoria pública del concurso de méritos.
Según la investigación, liderada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el entonces directivo habría presentado una declaración jurada en la que afirmaba ser padre cabeza de familia. Esa condición, conocida como acción afirmativa, existe para proteger a personas en situación de vulnerabilidad y evitar que queden desamparadas frente a decisiones administrativas. Pero, de acuerdo con el ente acusador, en este caso esa realidad no existiría.
La Fiscalía sostiene que la información entregada no correspondía a los hechos y que, con base en esa declaración, funcionarios del área administrativa excluyeron su cargo como fiscal delegado ante jueces del circuito especializado del concurso de méritos 2024. El resultado fue concreto y directo. El puesto no se ofertó. La competencia pública no ocurrió. Y, según la imputación, se produjo un beneficio indebido.
Este proceso no solo revisa una posible irregularidad administrativa. Examina una conducta que, de comprobarse, habría sido ejecutada por alguien que conocía la ley, los procedimientos y las consecuencias. Orlando Jaiquel no era un funcionario cualquiera. Durante años ocupó cargos de alta responsabilidad dentro de la Fiscalía, en unidades especializadas, en áreas sensibles como crimen organizado y lucha contra la corrupción. Su trayectoria le habría permitido entender con claridad el alcance de una declaración jurada y el peso legal de una acción afirmativa.
Por eso, para la Fiscalía, la gravedad del caso se acentúa. No solo por el presunto engaño, sino por la posición de dirección y confianza que ocupaba al momento de los hechos. En palabras del propio ente acusador, su experiencia y jerarquía hacen que el impacto institucional sea mayor.
Durante la audiencia de imputación, Orlando Jaiquel no aceptó los cargos. El proceso sigue abierto y será un juez quien determine si la Fiscalía logra demostrar que hubo fraude procesal. Mientras tanto, la historia deja una sensación incómoda y difícil de ignorar.
Porque cuando un ciudadano común miente ante una autoridad, enfrenta todo el peso de la ley. Pero cuando quien presuntamente engaña es un alto funcionario judicial, la pregunta es más profunda y más dolorosa. ¿Quién vigila a quienes administran justicia cuando la transparencia se convierte en un obstáculo y no en un principio?
Este caso no solo pone a prueba el futuro judicial de un exdirector seccional. Pone a prueba la credibilidad de una institución que hoy tiene la responsabilidad de demostrar que la ley no se aplica según el cargo, sino según la conducta.
