No eran solo casas, lotes o vehículos. Detrás de cada uno de los 38 bienes que la Fiscalía General de la Nación acaba de someter a medidas cautelares con fines de extinción de dominio hay una historia de violencia, intimidación y control criminal que durante años se incrustó en varios municipios del Valle del Cauca y el Cauca.
Según el ente acusador, estos activos evaluados en más de 7.000 millones de pesos estarían directamente vinculados a la estructura criminal conocida como Rastrojos Nueva Generación, una organización que, bajo un nombre renovado, habría heredado las prácticas más crueles del viejo paramilitarismo y del narcotráfico regional.
Bienes levantados sobre el miedo
Las investigaciones de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio permitieron identificar inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas e incluso semovientes, que habrían sido adquiridos con dinero producto de homicidios, extorsiones, secuestros, desapariciones forzadas y tráfico de drogas.
Muchos de esos bienes no figuraban a nombre de los presuntos cabecillas del grupo, sino de personas sin capacidad económica demostrable, lo que refuerza la hipótesis de una red de testaferros utilizada para ocultar el origen ilícito del patrimonio y darle apariencia de legalidad.
Mientras en barrios y veredas el miedo se normalizaba, el dinero ilegal se convertía en ladrillo, tierra y negocios abiertos al público.
El mapa del poder criminal
Los bienes afectados están ubicados en municipios estratégicos como El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua, en el Valle del Cauca, así como en El Tambo y Buenos Aires, en el Cauca. Zonas donde, según las autoridades, la estructura criminal habría ejercido control territorial, cobro de extorsiones y presión armada sobre comerciantes, campesinos y líderes sociales.
Para la Fiscalía, no se trata de hechos aislados, sino de un entramado financiero cuidadosamente construido para sostener la operación criminal y lavar recursos provenientes del narcotráfico y otras economías ilegales.
Una organización que muta, pero no desaparece
Rastrojos Nueva Generación no es un nombre casual. Las autoridades sostienen que se trata de una reconfiguración de antiguos integrantes de Los Rastrojos, que tras capturas, muertes y procesos judiciales, habrían vuelto a agruparse bajo una nueva denominación, manteniendo viejas alianzas y métodos de terror.
Amenazas a defensores de derechos humanos, control armado de rutas y disputas territoriales hacen parte del prontuario que hoy intenta desmontarse golpeando uno de los pilares más sensibles del crimen organizado: su patrimonio.
Qué significan las medidas cautelares
Las acciones impuestas embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo no implican aún la pérdida definitiva de los bienes, pero sí los dejan bajo control del Estado mientras avanza el proceso judicial.
Si se demuestra su origen ilícito, estos activos podrían pasar definitivamente a manos del Estado y destinarse a reparación de víctimas o fines sociales, cerrando el ciclo que transformó el dolor colectivo en riqueza criminal.
Un mensaje más allá de los números
Más allá de los 7.000 millones de pesos y de la lista de propiedades, este operativo envía un mensaje claro: el crimen no solo se combate con capturas, sino desmantelando las estructuras económicas que lo sostienen.
Para las comunidades que durante años convivieron con el silencio impuesto por las armas, la incautación de estos bienes representa algo más que un proceso judicial: es la posibilidad aún frágil de que el territorio deje de ser un botín y vuelva a ser un lugar para vivir sin miedo.
